En su primera alocución a los colombianos en ejercicio de sus funciones, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, convocó a los Diálogos Regionales Vinculantes -DRV-, con los que se inicia la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que orientará su gobierno durante los próximos cuatro años.
Los DRV serán un recorrido por 50 territorios del país para conocer los intereses y necesidades de los ciudadanos, que serán llevados al articulado del Plan cuya elaboración está a cargo del Departamento Nacional de Planeación -DNP-.
Con esta convocatoria, el Pacto Histórico deja de ser tan solo el eslogan que orientó la campaña y llevó a Petro a erigirse como el primer presidente de izquierda en Colombia, para empezar a tomar cuerpo en una propuesta de construcción colectiva, en efecto un pacto histórico, que termine de encaminar el país hacia una etapa en la que la democracia deje ser el asunto esencialmente procedimental a que ha estado reducido durante los más de doscientos años de vida republicana.
Los DRV dan el sentido que corresponde a la democracia participativa, son la oportunidad para que cada ciudadano y ciudadana se asuman como parte constitutiva de la sociedad y del Estado y, como tal, del modelo de sociedad que quieren y con el que aspiran a comprometerse para dejar de vivir en un orden impuesto y pasar a convertirse en sujetos y protagonistas de un orden autofundado (Toro, 2001).
Son la manera de seguir abonando el camino que política y culturalmente nos aleje de formas de representación que desvirtuaron la esencia y el valor de la democracia, pervirtieron el sentido de lo público, se apropiaron de la institucionalidad, y en no pocos casos derivaron en poderosas mafias y redes de corrupción que royeron el erario y condenaron, especialmente a las regiones más apartadas, al atraso, la precariedad productiva y de servicios y la insolvencia administrativa y financiera.
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Ya casi agotadas las tradicionales representaciones partidistas y sobre la base de las nuevas formas de participación y representación que han emergido en los últimos años, uno de los legados del Pacto Histórico deberá ser la consolidación de un nuevo sistema de mediación entre el Estado y la sociedad civil que, inspirado en verdaderos valores democráticos nos conduzca como sociedad y como país hacia un nuevo umbral de la cultura y la civilización política.
Lo que espera el nuevo gobierno es que el Plan Nacional de Desarrollo sea el resultado de un gran acuerdo que integre la diversidad y consulte las agendas de cada una de las regiones, su vocación productiva y sus especificidades económicas, biofísicas y culturales.
Asimismo, las problemáticas que les asisten y las propuestas que surjan de quienes desde sus expectativas e identidades las habitan: indígenas, afrocolombianos, jóvenes, mujeres, comunidades diversas, campesinos, etc.
Se trata de empezar a dar respuesta a las demandas más urgentes, pero en una perspectiva que a mediano y largo plazo coloque al país en una senda de desarrollo que nos conduzca hacia un orden más justo, equitativo y democrático, como única alternativa para avanzar hacia la consolidación de una paz definitiva.
Las propuestas que surjan desde las regiones estarán inscritas en las grandes apuestas nacionales que orientan las iniciativas de cambio del Pacto Histórico: la paz, la justicia social y la justicia ambiental.
Se enmarcan, además, en cinco rutas de transición: el cambio climático, en el que se aspira a que el país asuma el liderazgo internacional; el paso de una economía extractivista a una economía productiva, la reducción de la desigualdad, la evolución hacia una sociedad garante de derechos y el paso de la guerra a la paz.
En torno a la consolidación de la paz el gobierno enfatiza en el diálogo con los actores armados como el camino de solución del conflicto, en consonancia con un nuevo concepto de seguridad, la seguridad humana, que lo desmarca de versiones anteriores, especialmente la Seguridad Democrática, inspirado en un enfoque estrictamente militar.
El tema de la justicia social, por su parte, está asociado con la garantía del acceso a derechos, el desarrollo de un sistema que revitalice las zonas rurales, estimule la producción agroalimentaria y promueva el uso de energías renovables en los territorios.
Con el viraje que ha dado, Colombia vive un momento decisivo y hace inminente construir una nueva narrativa en torno a lo que significa la participación ciudadana en la definición del destino de sus regiones, lo que no será viable si no se fijan también los parámetros de una nueva cultura política y una nueva narrativa de lo que significa el desarrollo.
Se requiere insistir en que otra forma de vida es posible, que se puede movilizar el imaginario de un orden social distinto, ética, política e institucionalmente vinculante (Cordero, 2021), menos lesivo con los recursos naturales, basado en la defensa de la vida y capaz de asegurar mayor equidad para regiones, grupos étnicos, hombres, mujeres y comunidades diversas.
La tarea no va a ser fácil, hay ingentes demandas de atención y de justicia por parte de las regiones, que se traducen en un llamado a mayor inversión social por parte del Estado, exigencia de garantías de seguridad para sus habitantes, respuesta a sus necesidades de infraestructura pública y de servicios que los hagan menos vulnerables a desastres antrópicos y menos dependientes en el abastecimiento de mercados.
La deuda social heredada es enorme y rebasa la capacidad de un gobierno que en solo cuatro años apenas dejará sentadas las bases para cambios estructurales que desde hace décadas el país ha debido acometer.
Gustavo Petro fue elegido con el voto de los sectores más vulnerables, con ellos construyó una fuerte identidad durante su campaña y son hoy la fuente principal de su legitimidad.
Este es al mismo tiempo su más grande compromiso, en un escenario de muchas dificultades por los efectos que aún se sienten de la pandemia y por las secuelas de un gobierno que en todas las materias dejó su libreta de notas con un saldo en rojo.
Esperemos que este ejercicio de construcción colectiva al que se convoca con los DRV ayude a despejar el camino hacia ese país tan negado y tanto tiempo anhelado, especialmente por quienes sin ninguna razón que pueda justificarse han llevado sobre sus hombros el mayor peso de los sufrimientos.
Referencias bibliográficas
Castoriadis, C. (1995), La democracia como procedimiento y como régimen, En línea, disponible en: https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/881.pdfrecuperado 27 de septiembre de 2022
Cordero, R. (2021), La fuerza de los conceptos, ensayos en teoría crítica e imaginación política, Santiago de Chile, ediciones metales pesados.
Toro, B. (2001), El ciudadano y su papel en la construcción de lo social, Bogotá, documento en Word
*Economista-Magister en estudios políticos
