El presidente de la República Gustavo Petro el último jueves 8 de febrero marcó la historia de Colombia nuevamente al promover a unas marchas de apoyo al Gobierno Nacional que terminaron en un atentado contra las altas cortes.
Esta marcha fue incitada y promovida por el Gobierno con el fin de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que reemplazara al Fiscal General de Nación Francisco Barbosa Delgado tras el fin de su administración con una de las mujeres que el presidente Petro incluyó en la terna.
Este proceso estaba pensado en llevarse a cabo en la Sala Plena de la Corte, sin embargo, tras pocos minutos de que se iniciara, los magistrados pospusieron esta reunión considerando que afuera del Palacio de Justicia se bloquearon las entradas del recinto por parte de los manifestantes convocados por el Gobierno.
Del mismo modo, varias personalidades de la política y del ejercicio público, entre ellos la procuradora general de la nación Margarita Cabello Blanco y el magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra Castro salieron a alzar su voz frente a estos bochornosos sucesos.
Los magistrados de la corte se vieron obligados a abandonar el Palacio de Justicia al ser sujetos a la presión violenta de los manifestantes. Los altos juristas salieron a alta velocidad en camionetas blindadas con fuerte escolta policial del epicentro político y administrativo colombiano.
Pese a haber generado una fuerte controversia en redes sociales, es imposible no comparar este evento con el accionar criminal de la toma al Palacio de Justicia del año 1985 por parte del M19, grupo guerrillero en el cual el actual presidente militaba. En este acto criminal, hubo 101 muertos registrados, 11 de los cuales eran entonces magistrados.
Si bien el presidente Petro ha venido haciendo un esfuerzo de fortalecer no solo el vínculo entre la rama ejecutiva y judicial sino también la misma democracia, como lo afirman sus simpatizantes, sería erróneo afirmar que no se está evidenciando una ruptura institucional, considerando la quebrantada naturaleza que define la relación entre Gustavo Francisco y las altas Cortes colombianas.
Se es relevante recordar la época en la que el presidente Petro ejercía como alcalde mayor de Bogotá, pues a finales del año 2013, el entonces procurador general de la nación Alejandro Ordóñez Maldonado destituyó a Petro y lo inhabilitó por 15 años, tras el escándalo de basuras de Bogotá.
Gustavo Francisco presentó una apelación a la resolución de la Procuraduría, no obstante esta no fue exitosa. El poder judicial había fallado a favor de la Procuraduría, dejando al alcalde destituido sin entidad a la que acudir dentro de Colombia. Por ello, Gustavo Francisco acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arremetiendo en contra del poder judicial colombiano.
La entidad internacional falló a su favor, por lo que el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, se vio en la obligación de restituirlo como alcalde mayor de la capital colombiana.
De ahí en adelante, Gustavo Petro siguió protagonizando encontrón tras encontrón con las diferentes autoridades judiciales. Un ejemplo de esto es el proceso de denuncia que se llevó a cabo en la misma Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia en el año 2018, en el cual el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al actual presidente y entonces senador por afirmaciones realizadas en su cuenta de Twitter, ahora X. Pese a los esfuerzos del entonces senador Petro de defenderse en este proceso, la Corte fue insistente y persistente en conllevar el debido proceso, más tras la ausencia de Petro en la reunión de conciliación.
Ahora, en la actualidad, Gustavo Petro es jefe de estado y jefe de gobierno, como lo confiere la carta política. Desde su posesión en el 2022, el presidente Petro ha tenido una relación bastante incómoda con la Corte, no solo considerando su ya quebrantada historia sino también por varias decisiones que el presidente y su gabinete tomaron ignorando, desafiando, o incluso desconociendo resoluciones de las autoridades judiciales.
Las reformas al sistema de salud y al sistema de pensiones, el proceso de liberación de jóvenes de primera línea y la aún más polémica iniciativa de "gestores de paz" han sido tan solo unos cuantos ejemplos de determinaciones ejecutivas que han dado de que hablar en la Corte.
Con una fuerte oposición en tanto la Procuraduría y Fiscalía, y bastante debate en tanto la Corte Constitucional como en la Corte Suprema de Justicia, sin mencionar el mismo Consejo de Estado, el poder judicial no ha sido del todo útil para la ejecución de políticas públicas del Gobierno del Cambio.
La naturaleza disruptiva del presidente Petro aunado con su historial conflictivo con las altas cortes presenta una problemática muy importante, de la cual miembros no solo de la oposición sino también de varios sectores simpatizantes, o personas que incluso se denominan de Izquierda han sido enfáticos: se evidencia una ruptura institucional. E
l discurso progresista del Gobierno del Cambio ha sido comparado en incontables ocaciones con aquellos de importantes figuras dictatoriales de izquierda como el de Chávez en Venezuela, por ejemplo. En este país, el presidente Chávez irrumpió en los procesos judiciales hasta poder consolidar su Estado autoritario. Con esto se presenta la pregunta: ¿Estará Gustavo Petro haciendo lo mismo?
