Sea cual fuese el guion que ha brotado entre dos presidentes, es la reflexión de dos concepciones de democracia y autoritarismo camuflado. Petro y Bukele es una situación preocupante en el imaginario político latinoamericano que durante el siglo XX los momentos de tensión y crisis se resolvieron mediante grandes aplastamientos de protestas, como las ocurridas en los 90s siglo pasado .Una reacción que, de lograr interpelar a sectores amplios en la sociedad, podría conducir hacia el debilitamiento de Latinoamérica se manifiesta imponer lo que afirmo Maquiavelo “Es mejor ser temido que ser amado”, ese criterio se desarrolla en el sentido de la visión social de los aludido gobernantes sobre los derechos humanos que Petro afirma son vulnerados en El Salvador, y Bukele riposta que esa afirmación viola la soberanía de su país.
El punto de quiebre de las ideologías predominantes hoy día es la de ser amado ´por el pueblo que se trasluce en la implementación de un conjunto de políticas para crear unas reformas de salud integral ,educación y sostener las fuentes de empleo, lograr suprimir su opuesto : la promoción de un modelo financiero por sobre el productivo, y para lograrlo aplicar uno de los principios en los que se basa la democracia : la persuasión. En teoría, los políticos están llamados a persuadir a los electores para que voten su candidatura; sin embargo, en la actualidad, y escuchando los mensajes de nuestros próceres, parece que se renuncia a ello.
Pero los verdaderos estadistas han comprendido también que no todo depende de su capacidad para persuadir a la gente, cuanto de su compromiso para cambiar el status quo, para asumir responsabilidades puntuales y, finalmente, para explicar, argumentar y convencer de lo que se está haciendo.
De otro lado está el gobernante que se hace temer siguiendo el guion de Maquiavelo en el imaginario político prevalece la concepción del líder, el conductor, es el que sabe. Acatar sus designios con devota subordinación sólo es posible en la medida en que – como escribe Freud – su figura sea objeto de una férrea idealización. La superior inspiración que se le atribuye justifica el derecho a la transgresión de la ley. Provee, adicionalmente, el alivio de verse liberado de la necesidad de la crítica y de los infortunios de la autocrítica. Brinda, en una palabra, el éxtasis de la última palabra y por consiguiente la certeza.
En congruencia con lo anterior lo que olvidan Bukele y Bolsonaro es que por encima de soberanía está la preexistencia de la vida, la solidaridad y, que cualquier gobernante latinoamericano puede solicitar la efectividad del bloque de convencionalidad, es decir, que si hay normas restrictivas sobre las garantías de los derechos humanos prevalece la de más garantías sea la convencional o la norma constitucional del país respectivo.
Los antecedentes es que el mara o recluso implica que es el sujeto que no puede ser clasificado de una manera fija e inamovible. En el marco conceptual, se preguntará por la capacidad de hablar del subalterno, argumentando que este sujeto es incapaz de hablar porque no ha tenido, hasta ahora, un lugar de enunciación que lo permita. Este sector social debe construirse como una figura de la diferencia radical, del otro que no puede hablar, no porque no pueda, sino porque aún no está habilitada por el discurso hegemónico
Estas distribuciones y clasificaciones de la vida permiten que la soberanía, que se había planteado desde finales de la Edad Media como el poder de matar y dejar vivir, se convirtiera en una especie de administración de una lógica gubernamental en el poder de hacer vivir y abandonar a la muerte. Es decir, la soberanía se configura como una lógica del poder de muerte que se conforma desde una regulación de la vida biológica de la población por parte del Estado. Mbembe retoma los planteamientos de Foucault pero en ellos resalta el lugar que tiene en ella la biopolítica se convierte en necropolítica, es decir, vigilar y castigar
Los gobernantes temibles parten del supuesto que el hombre es malo por naturaleza, que se atiene a los efectos y olvida las causas del fenómeno social, en países saqueados, sin educación con una clase corrompida a la que
protegerle sus largas siestas con el consiguiente efecto la de mayores trabas en la lucha contra la corrupción que ha estado en la idea según la cual todo se juega en el castigo de avezados delincuentes: se refleja en la pesca de alevines y no los peces gordos que como de costumbre históricamente hemos desconocido las observancias de la sociología criminal que versa sobre cuáles son causas del problema y la relevancia de la recusación global de la sociedad frente al delincuente, los que hoy son bien aceptados en la sociedad, donde en ella todo está en venta.
La realidad no justifica tales arrebatos dramáticos. Quienes proclaman roturas casi insalvables han recurrido justamente al orden constitucional, es decir, hay que recluir una porción de la población, someterla a vejámenes con una disposición para el desprecio y el deleite por el sufrimiento,toda vez que el hambre extrema produce sopor, pereza o alucinaciones. Con la poca fuerza que le queda, el hambriento quizá robe para comer algo, quizá mate sin ser un verdadero criminal.
Los gobernantes temidos nunca se han preguntado si las penas son la solución al problema social de la inseguridad y es a raíz de la criminalidad contra los ciudadanos e incorporados nunca como en los últimos años los ataques y las falencias del sistema judicial aparecieron entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y es así que cada vez que algún crimen horrendo sacude a la sociedad, de inmediato vuelven a alzarse voces encendidas a favor del endurecimiento del sistema penal e, incluso, la aplicación de la pena de muerte. El problema de la criminalidad y de la correlativa cuestión de la inseguridad demanda, sin embargo, abordajes estatales más complejos que se esconden y lo limitan al reduccionismo de las penas. Por eso, las autoridades, en todos sus niveles, deben abocarse al tratamiento integral de la cuestión del delito, antes que propiciar remedios de alto impacto en la tele, radio y prensa pero de incierta efectividad en la realidad
En un contexto en el que factores sociales, económicos e institucionales tienen en la violencia delictiva una expresión visible, no es extraño que se haya extendido en la sociedad una sensación de inseguridad. Frente a ello, el reclamo de una mayor y más drástica represión, hasta de eliminación física de quien transgreda la norma, puede encontrar eco entre quienes sienten su seguridad amenazada, que incrementa la reacción en los casos de supuestos justicieros, que actúan por mano propia para defenderse a sí mismos o a terceros de delincuentes de poca monta, se han extendido de manera preocupante, con el apoyo tácito o explícito de una parte no desdeñable de la población situación que cobija una enorme peligrosidad al arrogarse la población la venganza social frente al delincuente. Ante estas circunstancias e intentando responder a sentimientos muy primarios de la gente, con demasiada frecuencia se apela a la idea del endurecimiento del sistema penal como mecanismo efectivo para defenderse de la creciente delincuencia y la pena de muerte vuelve a ser esgrimida como solución factible a introducir en nuestro orden legal, considera como venganza social lo que va contra la lógica de la criminología
Las concepciones penalizadoras, sin embargo, dejan a un lado la amplia experiencia mundial, que demuestra que no es el aumento de las penas legales lo que disuade al delincuente ni es la existencia de castigos cada vez más duros lo que elimina las múltiples y complejas causas que provocan el delito , aunque nosotros la pena de muerte la hemos agitado muchas veces en el caso de los niños como recurso último y efectivo para combatir la delincuencia, está expresamente excluida de nuestro ordenamiento legal, ya que con la última reforma constitucional se adhirió a los pactos internacionales que expresamente la prohíben.
Quienes opinan a favor de la pena de muerte suponen que con su aplicación se logra la defensa de la sociedad de ulteriores delitos cometidos por el reo, se produce un efecto ejemplificador que opera como inhibidor para otros posibles delincuentes y se logra la reivindicación del orden social violado.
Sin embargo, como señala la criminología, si bien es cierto que un muerto no puede cometer ningún delito, las implicaciones éticas, jurídicas y morales que conlleva la eliminación de un ser humano no la hacen un remedio apropiado más bien da pauta para la venganza por propias manos.
De hecho, la reclusión del reo puede tanto asegurar que no reincida en sus ofensas como resarcir a la sociedad toda por el daño ocasionado. Por otra parte, en la experiencia mundial ninguna evidencia indica que allí donde los castigos son más severos existen menores índices de criminalidad. Porque al delito no se lo combate endureciendo los castigos estipulados en los códigos sino haciendo efectivo el cumplimiento de las normas existentes destinadas a prevenir, esclarecer, penalizarlos y evitar los lucrativos vencimientos de términos y mansión por cárcel.
Por ello la versión del presidente Bukele, el hombre del día en Latinoamérica, exclusivamente punitiva de esa batalla atrae muchos reflectores, produce simpatías y satisface la ira pública, pero no resuelve la cuestión de fondo. Al contrario: la eterniza, pues asume que la corrupción es una anomalía que es remplazada por otra anomalía, es decir pueden existir Cómbitas, Picotas, Tramacúas pero las cárceles siguen siendo antros tragapersonas improductivos donde seguimos viviendo bajo la famosa frase de Lecumberri: “en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.
*Abogado-Economista- Investigador
