Dos son las narrativas que se destacan en este momento en que el presidente Petro toma medidas administrativas unilaterales frente al conflicto con las EPS y el hundimiento de la reforma de la salud que llevaba más de un año de trámite legislativo en el Congreso.
Un grupo de senadores, algunos de ellos pagados por “inversionistas de la salud”, votaron el rechazo a la iniciativa del gobierno, lo cual provocó la reacción del ejecutivo nacional.
Petro ha afirmado refiriéndose a lo ocurrido con la reforma a la salud que “(…) los cambios que podían ser fruto de una concertación tranquila, ordenada y sin problemas, ahora serán de golpe”. No obstante, es sólo un ejemplo de lo que venía ocurriendo. Desde hacía varios meses el presidente ha denunciado el “bloqueo institucional y mediático” a su gobierno que desarrollan algunos magistrados, la Fiscalía, la Procuraduría, políticos y medios de comunicación.
Su relato es que intentó hacer el “cambio” en alianza con partidos y políticos tradicionales, pero “no se pudo”. “No me dejan gobernar” afirma, y mucha gente le copia y le cree. Esos políticos amagaron durante un año largo y finalmente mostraron el “cobre”. No fueron capaces de romper con sus “patrones” (los dueños de los bancos y del país) y para rematar su faena llaman al gobierno a “moderarse” y a “respetar las instituciones”.
Petro ha reaccionado con contundencia. Intervino a través de la Superintendencia de Salud a dos (2) de las más grandes Empresas Promotoras de Salud EPS y aprobó por decreto el “giro directo” de los recursos de la salud a las IPS (prestadores de servicios, hospitales, clínicas, etc.), acabando parcialmente con la intermediación de las EPS. Además, se anuncian nuevos decretos en esa materia que se expiden usando facultades que le otorga la Constitución y la Ley.
La reacción ha sido virulenta. Es fruto de la narrativa de los dueños de las EPS, gremios y sectores del establecimiento que se han lucrado con los recursos públicos. Acusan a Petro de “estatizar la salud”, de actuar como un dictador, y anuncian demandas y toda clase de campañas en contra. Amenazan suspender al Superintendente de Salud con la ayuda de la Procuraduría, y denuncian que Petro destruye el sistema de salud y coloca en riesgo la salud de todos los colombianos. Quieren generar incertidumbre y pánico para defender “su negocio”.
El negocio de la salud en Colombia
Al calor de la Constitución de 1991, el gobierno de César Gaviria aprobó la Ley 100 de 1993 que le dio vida al “negocio de la salud”. Fue montado en Colombia con base en el sistema implementado en Chile durante la dictadura de Pinochet. Lograr la cobertura del 100% de los “clientes” (usuarios, afiliados, etc.) es uno de los “principios fundamentales” del sistema de aseguramiento. Es una condición sine qua non del “modelo de negocio”.
Contar con un Carnet de afiliado (contributivo y/o subsidiado) es el “gancho” o especie de fetiche que genera la “creencia” en el sistema dado que es la concreción “física” de un derecho (“cosificación”). No significa que se pueda disfrutar de verdaderos servicios de salud, sino que hace posible el acceso “universal” al mercado de la salud. El escandaloso número anual de acciones de tutela para hacer cumplir ese derecho, deja ver las deficiencias reales del sistema.
El negocio prosperó a lo largo del tiempo; la mayoría de EPS crearon sus propias clínicas y otros negocios (fiducias, agencias de seguros, institutos, fundaciones, escuelas y universidades, comercializadoras de tecnología y medicamentos, etc.), lo cual fue un caldo de cultivo para que todo tipo de avivatos hicieran fiesta con los billonarios recursos. Todo ese ostentoso aparato crea la apariencia de “buen servicio” que llega hasta ciertos niveles de personas, especialmente del sector contributivo y de las clases medias y altas, que es condición propia del “negocio”.
Paralelamente, los servicios de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud fueron reducidos al mínimo. Casi desaparecen. Mal que bien se sostienen los programas de vacunación y alguna que otra función epidemiológica en manos del Ministerio. La dinámica de la medicina curativa se impuso sobre la preventiva. El “negocio” necesita de enfermos, especialmente aquellos que pueden pagar y que requieren de procedimientos costosos. Todo ello nos trae el recuerdo de “Knock o el triunfo de la medicina”.
Dentro de esa lógica se organizó en Colombia toda una red de negocios de “turismo en salud”, “turismo médico” y/o “turismo sanitario" que en gran medida es subsidiado por todos los colombianos, y que es un negocio de orden internacional que le genera multimillonarias ganancias a los dueños e inversionistas de las EPS y demás negocios relacionados.
Que un gobierno proponga como eje del sistema la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud significa desmontar ese fenomenal y poderoso negocio y, por ello, esos “empresarios” hablan de “expropiación” y de “estatización”, creyéndose dueños de los recursos públicos de la salud. En su delirio van a recurrir a “todas las formas de lucha” para derrotar a Petro.
Y, por otro lado, si hasta el presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes está aterrado del nivel de corrupción en las EPS, y le llama la atención a la Fiscalía y Procuraduría por no hacer nada, ¿por qué el gobierno se va a echar atrás en su objetivo?
La pelea es peleando. Recién empieza lo bueno porque Petro comprobó que los aliados que tenía no son seguros ni firmes, y ello lo obliga a apoyarse en la gente sencilla que sufre a diario las deficiencias del servicio y las distorsiones del enfoque y práctica mercantil de la salud.
Lo que se mueve en el fondo
Es evidente que la existencia de una “alianza interclasista” que se constituyó al calor del proceso de paz durante el segundo gobierno del presidente Santos combinado con lecturas triunfalistas del “estallido social” y de los resultados electorales del Pacto Histórico en 2022, generaron ilusiones “legalistas” en la dirigencia progresista. Se sobredimensionó la fuerza y se idealizaron a los aliados del momento (José A. Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria, entre otros).
Pensaron ingenuamente que esa “alianza” que era más “antiuribista” que “antineoliberal” en su expresión política y parlamentaria (“frente amplio”) podría aprobar las “reformas sociales” que el gobierno aspiraba sacar adelante (de la salud, pensional y laboral). La ilusión legalista (“leguleyista”) hizo estragos en las filas de la izquierda y se dedicaron a preparar todo tipo de leyes. Esa ilusión legalista todavía sale a relucir con la propuesta de la “Constituyente”.
Es por lo anterior que el presidente Petro privilegió el escenario del Congreso frente a la posibilidad de avanzar en diversas áreas de la administración pública en forma autónoma y “de hecho” (por decreto). Hubo propuestas de que, en una primera instancia, se podía utilizar la normatividad existente hasta donde más se pudiera, a fin de acumular fuerza social y política para más adelante contar con una correlación de fuerzas suficiente para aprobar las reformas legales y constitucionales que fueran necesarias para el avance del proceso de cambio.
Como decíamos en anterior artículo, es posible que fuera necesaria esa fase de búsqueda de acuerdos con los partidos tradicionales y otras fuerzas políticas, pero se dejó alargar en el tiempo. El triunfalismo también hizo mella en algunas ministras y se cometieron errores de precipitación y arrogancia. Los poderosos banqueros (oligarquía financiera) alertados por sus políticos de oficio se pusieron a la defensiva e iniciaron el proceso de bloqueo sistemático de las iniciativas del gobierno hasta el punto de romper la “alianza interclasista”.
Se demostró que la burguesía burocrática que el gobierno progresista pretendía ganar para su “proceso de cambio” nunca se enfrentará con la oligarquía financiera. Mientras tanto, las diversas expresiones de la burguesía “emergente” (pequeños y medianos empresarios y productores del campo y de la ciudad, algunos surgidos de economías “no lícitas”) que tienen contradicciones con el Gran Capital, no encuentran todavía en el gobierno un mensaje claro y un compromiso decidido con sus intereses por cuanto el gobierno ha centrado sus políticas en los sectores más vulnerables (campesinos, indígenas y afros de regiones y zonas periféricas).
Los sectores “centristas”, que venían muy cómodos dentro de la “alianza santista” y aspiraban gobernar con Petro, están incómodos y no saben qué hacer. Llaman a Petro a la moderación y a la concertación y temen una mayor polarización que pueda ser aprovechada por las extremas derechas. Saben que esas fuerzas reaccionarias intentarán crear un clima de desestabilización, generar un ambiente artificial de incertidumbre y crispación permanente, e impulsar un verdadero “bloqueo económico” con la amenaza de llevarse sus capitales a otros países.
Lo que se debe establecer con precisión es si las derechas extremas (que son varias) están en condiciones de crear el caos. El intento de insubordinación regional plasmada en la “vaca paisa y paraca” con ocasión de las decisiones del gobierno frente a la infraestructura de las 4G, es una muestra de que esas derechas lo van a intentar todo. No obstante, su liderazgo está dividido y Uribe está debilitado, mucho más ahora con el llamado a juicio que hizo la Fiscalía. Los golpes sufridos por el avance de la justicia transicional y las campañas por conocer la Verdad del conflicto armado, por ahora, tienen a la defensiva a los terratenientes despojadores de tierra, a los militares golpistas y a todos los “terceros determinadores” de la violencia paramilitar.
Todo indica que Petro ha empezado a “tomar el toro por los cachos”. Tiene un amplio campo de acción, pero parece no contar con un equipo de funcionarios unificado y decidido a romper con la tradición burocrática del Estado. Cuando la tarea es “bajarse” a construir organización con los trabajadores tercerizados, con los “profesionales precariados”, con los cafeteros en quiebra, con los usuarios de los servicios públicos explotados por empresas privadas, y con todos los sectores sociales que quieren soluciones concretas, muchos de los altos funcionarios siguen con la “ilusión legalista” desgastándose en largos e inútiles debates parlamentarios.
La “alianza interclasista” liderada por un sector de la oligarquía financiera (Santos) y por la burguesía burocrática (liberales, conservadores, la U, etc.) es cosa del pasado, igual que cualquier tipo de “frente antiuribista”. Una amplia convergencia de carácter popular y ciudadano que vaya más allá del Pacto Histórico e involucre a verdaderos movimientos sociales, es lo que por momentos pareciera surgir en diversas regiones y alrededor de temáticas como la “socioambiental”, pero hace falta claridad sobre cómo hacerlo y cómo impulsarlo.
Petro debe hacer su parte, posiblemente con errores y defectos, pero es lo que hay. Nos corresponde a los ciudadanos de a pie, a la gente del común, empezar a reaccionar ante lo que inevitablemente se vendrá: una lucha frontal por mantener los privilegios de las castas dominantes frente al avance de las fuerzas populares y democráticas que intentan aprovechar la ventana de oportunidad que significa contar con un gobierno amigo del cambio y del pueblo.
Hace falta que los dirigentes políticos de izquierda y progresistas se sintonicen con el momento, convoquen en sus regiones y localidades ampliamente a líderes sociales y comunitarios para replantear objetivos y tareas. No basta con convocar religiosamente marchas y plantones cada cierto tiempo, se requiere un trabajo constante de articulación de todas las expresiones de organización y acción social y popular que existen a lo largo y ancho del país.
