La votación del partido MIRA en contra de la reforma laboral no solo generó controversia, sino que desató una ola de ataques desde la propia Presidencia de la República. En lugar de responder con argumentos, el presidente Gustavo Petro recurrió a descalificaciones que alcanzaron incluso el terreno de las creencias religiosas de los congresistas, marcando un punto preocupante en la forma como se está manejando el debate público en el país.
Pero MIRA no fue la única colectividad señalada. Otros congresistas de diversas corrientes ideológicas también fueron objeto de señalamientos por ejercer su labor legislativa de manera autónoma. Lo que debía ser un debate técnico y respetuoso sobre una reforma estructural terminó convirtiéndose en un escenario de persecución simbólica a quienes no se alinearon con el Gobierno.
No es la primera vez que el Ejecutivo responde con hostilidad frente al disenso. Cada vez que un proyecto clave no avanza, se activa una narrativa de culpabilización pública que busca presionar a los legisladores y deslegitimar su autonomía. Este patrón empieza a mostrar una preocupante intolerancia institucional frente al pluralismo democrático.
En el caso de MIRA, el partido explicó que su decisión fue tomada tras aplicar una metodología interna que utilizan desde hace años: la consulta directa con sus militantes. Según la colectividad, más de 23.000 personas participaron en una encuesta específica sobre la reforma laboral, y con base en esos resultados decidieron no respaldarla. Es un ejercicio democrático que, compartido o no, debe ser respetado. Ni el presidente ni el Estado tienen atribuciones para calificar, influir o desacreditar los mecanismos internos de decisión de un partido político.
Lo verdaderamente grave es que el debate dejó de centrarse en lo laboral para convertirse en una vitrina de intolerancia. Sacar a relucir las creencias personales de los congresistas, ridiculizar sus posturas espirituales o sugerir que votaron motivados por su fe es una forma de violencia simbólica. Es intolerancia desde el poder. Y eso, en una democracia, es inaceptable.
Cuando se normaliza que el presidente desacredite públicamente a quienes no le votan afirmativamente, se debilita el principio mismo de representación. Hoy es MIRA, mañana puede ser cualquier otro partido o congresista. En ese escenario, la democracia ya no es libre: es obediente. Colombia necesita una reforma laboral que se construya con base en el diálogo, el respeto y el consenso. No con imposiciones, presiones ni amenazas. El problema no es que haya debate; el verdadero problema es que se pretenda eliminarlo.
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