Los gobiernos de más de 100 años de las élites de derecha han dejado una herencia de grandes y graves problemas crónicos, que ahora este gobierno de izquierda, ni siquiera ha podido iniciar a solucionarlos: desigualdad, pobreza, inseguridad, violencia, corrupción, atraso, subdesarrollo.
Los problemas de desigualdad y pobreza vienen casi desde la independencia, pues la estructura social, que dejaron los Españoles, no cambió mucho luego de ella, pues la nueva clase gobernante, la mantuvo y solo unas pocas familias se beneficiaron del nuevo orden social; esto sucedió en toda América Latina, diferente de los EE. UU. y Canadá, donde la estructura social no fue tan excluyente y mucha gente se pudo beneficiar de ello, con lo cual estos países han tenido un gran desarrollo y una desigualdad y pobreza bajos.
Esta sociedad excluyente ha originado también atraso y subdesarrollo, pues nuestro capitalismo es raquítico, débil y no competitivo, por lo tanto, no puede generar muchas fuentes de trabajo, ni riqueza social para la mayoría. Esta estructura social también ha favorecido la aparición de otros dos grandes males: la violencia y la inseguridad eterna, agravadas ahora con el negocio del narcotráfico, cuyos grupos de delincuentes comunes y algunos de origen político dominan áreas rurales de Colombia, donde se ven favorecidos por el abandono eterno del estado.
La corrupción es un problema especial, que se ve muy favorecido por la aplicación de las leyes que tratan de combatirla. Llama la atención, la manera como funciona. Mientras la Corte Suprema aplica, casi siempre rigurosamente las leyes, como es el caso del exgobernador de la Guajira Jorge Pérez que fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación de terceros, la justicia ordinaria casi siempre aplica las leyes de una manera muy blanda para los corruptos, que saquean el erario público como es el caso de Sneyder Pinilla, que llegó a un acuerdo para pagar 5 años y 8 meses de cárcel (no se sabe dónde) por el robo de 40 mil millones de pesos de los carrotanques de la Guajira.
Otro ejemplo típico es el de Emilio Tapia, que estuvo involucrado en el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá. Este señor fue condenado inicialmente a 17 años de prisión, pero luego su pena fue rebajada a 7 años y 5 meses y posteriormente recibió más beneficios. Años más tarde, de nuevo estuvo involucrado en el robo de al MinTic por el proyecto de centros poblados, donde se robaron 70 mil millones de pesos y ahora un juzgado de Barranquilla acaba de otorgarle la libertad condicional, sin pagar mayor pena de cárcel por esto otro delito. ¿Esto es justicia, aunque sea legal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se cambian estas leyes tan blandas e irrisorias? Y todavía nos aterramos de la gran corrupción que hay en Colombia y que tanto daño social causa.
La solución de estos problemas después de tantos años de crecer y crecer es muy difícil, se necesitarán décadas para siquiera mitigarlos y eso si los gobiernos hacen las cosas bien, durante muchos años; pero el problema de la corrupción si se puede disminuir a corto o mediano plazo si hay voluntad y honradez política, si se ponen leyes de verdad estrictas y ejemplarizantes. Sería muy importante si un partido y su candidato lo ponen como una de las banderas de su programa para las elecciones de Congreso y presidencia.
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