Colombia atraviesa una de las crisis sanitarias más profundas de su historia republicana. Lo que antes era un sistema con amplia cobertura, reconocido por su eficiencia relativa en tratamientos de alto costo y cobertura universal, hoy se encuentra al borde del colapso. Esta situación no ha sido producto de un desastre natural ni de una crisis presupuestal repentina, sino de decisiones políticas deliberadas, impulsadas por el actual gobierno encabezado por Gustavo Petro.
De un sistema imperfecto a un sistema destruido
Antes de 2022, el sistema de salud colombiano contaba con una cobertura superior al 97%. Pese a sus problemas, era funcional, y garantizaba acceso a tratamientos complejos. Desde la llegada del nuevo gobierno, el discurso reformista se convirtió en una estrategia de demolición sin planes de reemplazo claros. Se intervinieron EPS como Nueva EPS, Sanitas y Famisanar, sin garantizar continuidad en el servicio. Se recortaron recursos, se nombraron interventores sin experiencia, y se aumentaron las barreras burocráticas para acceder a medicamentos.
Pacientes desatendidos: el costo humano de la improvisación
Miles de pacientes han sufrido las consecuencias: niños sin medicación para epilepsia, personas con cáncer sin quimioterapia, diabéticos sin insulina, enfermos crónicos sin atención oportuna. El desabastecimiento ha sido denunciado por asociaciones médicas, la Defensoría del Pueblo y medios de comunicación, sin respuesta eficaz del gobierno. La falta de una transición planificada ha expuesto a la población civil a una vulneración masiva del derecho fundamental a la salud.
Colombia: una crisis con números alarmantes
Deuda acumulada del sistema de salud: más de $22,5 billones (EPS intervenidas y no intervenidas).
Morosidad en pagos del régimen contributivo: 52,4 %; régimen subsidiado: 65,1%.
Aumento UPC 2025: 5,36% frente a inflaciones previas de 12 % (2023) y 16,2 % (2022).
Más de 11.000 pacientes con enfermedades huérfanas afectados por desabastecimiento.
4,5 millones de personas con diabetes e hipertensión en riesgo por escasez de medicamentos.
Casos documentados de muertes por falta de quimioterapia, antirretrovirales e insulina.
Intervención de EPS sin planes de contingencia: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia Salud.
Precedentes internacionales de la Corte Penal Internacional CPI
Casos como Venezuela, Siria, Zimbabue y Corea del Norte han sido examinados por la CPI por situaciones donde el acceso a salud fue negado o manipulado con fines políticos. En Venezuela, la omisión de atención médica fue uno de los fundamentos de la investigación formal abierta por la CPI.
El derecho a la salud es inalienable. Cualquier gobierno que, por razones políticas o ideológicas, destruya los pilares de atención médica, incurre en una grave violación de los derechos humanos. Si las evidencias continúan acumulándose, Colombia podría enfrentar un proceso ante la CPI. La historia y la justicia internacional no serán indiferentes ante el sufrimiento de millones de ciudadanos que han sido abandonados por el Estado.
Venezuela: el caso más emblemático ante la CPI
En 2018, Human Rights Watch reportó que más del 80 % de los medicamentos esenciales estaban agotados en Venezuela. Entre 2016 y 2019, la mortalidad materna aumentó más del 65 % y la mortalidad infantil creció un 30%. Pacientes con cáncer, VIH, enfermedades renales y trasplantados quedaron sin tratamiento. La Corte Penal Internacional abrió una investigación en 2021 por crímenes de lesa humanidad, entre ellos omisión en salud.
Zimbabue: negligencia criminal y epidemia evitable
En 2008, el sistema sanitario colapsó tras años de abandono estatal. Una epidemia de cólera dejó más de 98.000 casos y 4.200 muertes. El colapso de hospitales, la falta de agua potable y la corrupción sistemática fueron señaladas por ONG y juristas internacionales como indicios de crímenes de lesa humanidad. Aunque no fue llevado a la CPI, el caso sirvió de precedente para discutir omisiones estructurales del Estado como crímenes contra la humanidad.
Corea del Norte: salud como mecanismo de castigo
Informes de la ONU revelan que Corea del Norte niega el acceso a medicamentos a poblaciones 'no leales' al régimen. La desnutrición infantil afecta al 28 % de los menores de cinco años, y la falta de vacunación ha producido brotes evitables. El relator de la ONU ha declarado que estas políticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo el marco del Estatuto de Roma.
¿Puede esto ser investigado por la Corte Penal Internacional?
Sí. La Corte Penal Internacional (CPI), bajo el Estatuto de Roma, tiene competencia para investigar crímenes de lesa humanidad, entre ellos los llamados 'otros actos inhumanos' cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. La omisión sistemática en la garantía de servicios básicos, como la salud, puede constituir un crimen si causa sufrimiento intencional y evitable.
Elementos que podrían configurarse como delito de lesa humanidad
Ataque sistemático: Intervenciones en cadena, recortes presupuestales, nombramientos sin criterio técnico.
Población objetivo: Ciudadanos que dependían del sistema público de salud.
Conocimiento del daño: alertas reiteradas de gremios médicos, Defensoría del Pueblo, medios y expertos.
Consecuencias: muertes evitables, agravamiento de enfermedades, desprotección generalizada.
Lecciones para Colombia
La evidencia muestra que cuando un gobierno falla en su deber de garantizar la salud, y lo hace con conocimiento de las consecuencias, la comunidad internacional puede intervenir. La CPI está facultada para investigar y sancionar a los responsables. Si en Colombia se documentan más muertes evitables, testimonios de desprotección sistemática y evidencia de que las autoridades actuaron pese a las advertencias, el camino hacia la justicia internacional será inevitable.
Las muertes evitables, el abandono institucional y la desprotección sistemática constituyen violaciones graves al derecho internacional humanitario. Si las pruebas continúan acumulándose, el camino hacia la Corte Penal Internacional será no solo legítimo, sino inevitable. El Estado que debía proteger, eligió abandonar. Y esa omisión, cuando es sistemática y letal, tiene nombre: crimen de lesa humanidad.
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