La bancada del gobierno en el Congreso enfrenta serias dificultades para convencer a las mayorías de que la financiación estatal de las campañas políticas serviría para frenar el ingreso de dineros de los narcos a los fondos de los candidatos.
También tiene problemas para que se establezca un sistema de listas cerradas en las que los candidatos al Senado y la Cámara tendrán que exponer su pasado y su presente si quieren el aval de los partidos y el voto de los electores.
Los dos puntos son críticos en momentos en que los ponentes de la reforma política libran una carrera contra el tiempo para que de aquí al martes 22 de noviembre el proyecto de reforma política pueda completar su primera de dos vueltas legislativas.
La línea de defensa de la reforma, encabezada por el presidente del Senado Roy Barreras y por Ariel Ávila, integrante de la comisión de ponentes, creen que si el Estado paga los gastas de campaña, incluidos el número de vallas que candidato podrá exhibir, los narcos o los paras ya no encontrarán rentable comprar la elección de sus fichas.
Los opositores a esa día consideran que mientras no se obligue a que todos los dineros usados para pagar las campañas se registren a través del sistema bancario el objetivo de frenar la influencias de “dineros calientes” será iluso.
Los ponentes admiten que la mayor resistencia a las listas cerradas provienen de sectores políticos cuyos líderes son herederos o fichas de quienes han ido a la cárcel por vínculos con grupos armados y por corrupción.
Según el presidente del Congreso sería necesario establecer un periodo de transición, de aquí a 2026, para que desaparezcan las listas abiertas en las que principal mérito de los candidatos es su capacidad para pagarse su campaña.
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