Gustavo Petro pasará a la historia, entre otras cosas, por ser el primer alcalde de Colombia destituido sin haber cometido ningún delito. Porque, para que a nadie se le olvide, un juez ya declaró legal el decreto de basuras que expidió el Alcalde pero que la Procuraduría General de la Nación consideró ilegal, por lo cual lo destituyó fulminantemente.
Es una verdadera paradoja ocurrida en Bogotá: es aquí donde se registró uno de los mayores desfalcos del que hayamos conocido en una ciudad en los últimos años y, por el cual, el ex alcalde involucrado, Samuel Moreno Rojas, fue apenas suspendido por la Procuraduría. Y es aquí, donde la persona que lo denunció y que enderezó la capital, Gustavo Petro, sale destituido por la misma Procuraduría.
Y es que a Petro le tocó lidiar con situaciones adversas que no tuvieron que enfrentar sus antecesores como recoger del fondo y la incredulidad, una Bogotá desfalcada; una arremetida mediática inquietante porque pone en riesgo la equidad informativa en una sociedad democrática; una fustigación inusual de los organismos de control, que hubiera sido útil cuando se robaban a la ciudad; y un Concejo donde buena parte de sus opositores estuvieron involucrados en el carrusel de la contratación que el mismo Gustavo Petro denunció. Eso no lo convierte en mártir pero sí refleja las tremendas dificultades de la izquierda colombiana para hallar un espacio político legal en un país excluyente de derecha.
Al ampliar el lente, el panorama que se aprecia es que el Alcalde fue embestido sistemáticamente desde varias instancias de la institucionalidad que hoy tanto se defiende: una Procuraduría General de la Nación, que califica dificultades administrativas como faltas gravísimas; unos entes de control y un Concejo Distrital que agudizan su visor selectivamente; una Registraduría Nacional del Estado Civil, que desplazó olímpicamente la fecha de votación de la revocatoria, lo que impidió que los ciudadanos se pronunciaran frente a la permanencia de Petro; un Consejo de Estado que decidió el futuro del Alcalde pese a que por lo menos la tercera parte de sus magistrados reconocieron su relación cercana con la Procuraduría que lo destituyó; y un Presidente en campaña de reelección que finalmente notificó la decisión. Es lícito pensar que por lo menos hubo algo de contubernio.
El sabor amargo que se percibía el lunes en la noche en la Plaza de Bolívar, donde Gustavo Petro dio su último discurso desde el balcón del Palacio Liévano, era de desconcierto. Hubo quienes incluso planteaban que “en este país por las buenas no entienden”. Pero el mayor sentimiento era de impotencia frente a una injusticia flagrante y el nefasto saldo pedagógico de que en Colombia el fin justifica los medios.
