La destitución del Alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro por parte de la Procuraduría produjo algunas de las manifestaciones más grandes que se han visto en Bogotá en los últimos 50 años. Lo que empezó como gesto espontáneo de personas que iniciaron una marcha no muy concurrida en contra de la medida tomada por el procurador y en favor de algunas de las políticas desarrolladas por la administración Petro, se convirtió en una manifestación casi permanente. Durante varios días, decenas de miles de hombres y mujeres concurrieron más o menos organizadamente a las manifestaciones convocadas por el alcalde mismo.
Entonces se prendieron las alarmas y se señaló que Petro estaba incitando a la violencia y quería reeditar El Bogotazo. Fueron muchos y muchas quienes en las redes sociales exigieron que Petro aceptara la decisión de la procuraduría, aunque ella fuera injusta y excesiva. La revista Semana le exigió en su portada que no echara más discursos ni convocara nuevas manifestaciones. “No más Balcón”, tituló esa revista. Como quien dice, cállese, déjese sacar sin rechistar, no cuente su versión de los hechos a sus electores.
Y luego fue lo jurísdiccional: usando una cierta interpretación de las normas jurídicas nacionales o internacionales, Petro, algunos de sus seguidores y sus abogados, acudieron a diversos tribunales. Se interpusieron cientos de tutelas, y se llevó el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estas alturas cuesta trabajo recordar cuál juzgado, qué juez, en qué instancia se decidió qué cosa. Pero todos podemos recordar que en esos meses, los medios gastaron tinta, papel y horas mostrando las distintas interpretaciones que sobre los hechos tenían los jurisconsultos, los abogados, los tinterillos. Era una verdadera batalla jurídica.
En medio de la juris-pelea, una vez más, se acusó al defenestrado alcalde de perder la compostura: es que está usando en exceso la tutela, se dijo; con toda esa cantidad de tutelas lo único que va a lograr es que el sistema judicial se congestione aún más, se apostilló. Se le señaló como promotor internacional de una mala imagen de nuestras cortes, de no creer en las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho. Y de nuevo se le exigió silencio. Parecían estar diciendo, no use las herramientas que el derecho y la Ley prevén para su defensa, no acuda a las instancias a las que puede acudir para proteger sus derechos y los de sus electores, déjese sacar .
Esta semana la opinión pública fue sorprendida por dos noticias acerca del “asunto Petro”. Todos y todas andábamos pendientes de la la confrontación entre el presidente Santos y el electo senador Uribe Vélez, cuando se coló una noticia inesperada: un grupo de dirigentes políticos muy cercanos al alcalde suscribe un acuerdo con el partido liberal para apoyar el proceso de paz que hay hoy en marcha con las FARC. Se entendió que ese apoyo era una forma de sellar la alianza entre ese sector del Progresismo y la campaña de reelección de Santos. Y pocas horas después de firmado tal acuerdo, se conoció un pronunciamiento del Consejo de Estado en el que decidió otorgarle medidas cautelares a favor de Gustavo Petro. Ese acto jurisdiccional significa que Petro será alcalde hasta que el mismo Consejo decida de fondo acerca de la nulidad del acto administrativo que profirió la Procuraduría.
Aunque sólo haya sido pura y mera y nuda coincidencia, la cercanía temporal entre la firma del acuerdo político y la sentencia del alto tribunal está dejando la sensación de que Petro hace acuerdos por debajo de la mesa con personas y campañas en las que la ética sólo asoma como ausencia.
No se puede probar que Petro en persona haya prohijado el apoyo de su grupo político a la campaña de Santos, a cambio de quedarse en la alcaldía y gobernar de acuerdo a su plan de desarrollo contemplado en el POT. Si lo hizo, tal vez el asunto no es solamente electoral, sino que Petro ha decidido buscar apoyo en grupos sociales, partidos y movimientos con los que tiene una controversia estructural y una afinidad momentánea: desacuerdo diametral en cuanto al modelo de desarrollo económico y el ejercicio político que permite construir más y mejor democracia; coincidencia en que se debe proteger, desarrollar y consolidar el proceso de paz, al tiempo que evitan que el gobierno (Nacional y Distrital) quede en manos de Uribe y sus buenos muchachos. Y en esas coincidencias parecen dispuestos a apoyarse mutuamente. Aunque hay que recordar que, como dijo alguien en Facebook, la última vez que Petro votó por alguien de derecha (Alejandro Ordóñez para la procuraduría), no le fue muy bien.
Aún sin pruebas acerca del papel que el propio alcalde jugó en la elaboración de tal acuerdo, y sin evidencia de que el fallo del Consejo de Estado haya sido consecuencia del convenio, en las redes y en los medios estalló Troya: Petro traidor, Petro vendido, Petro se pasó para el otro lado, cruzó la línea y ahora es parte de los enemigos de la democracia y de la decencia, se escribe y argumenta en twitter y Facebook. Cómo se atreve a defenderse buscando aliados en toldas distintas a las propias? Parecen gritar algunos de quienes hasta el Lunes pasado lo cortejaban, le ofrecían charla, café y coquetería política, y ahora le dan duro porque no quiso ser aliado de otros candidatos.
Amigos, ex – amigos y adversarios del alcalde parecen reclamar todos lo mismo: Petro, por qué no te dejas?
