El candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, no es comunista ni socialista. Por tanto, no convertirá a Colombia en un país socialista ni castrochavista. Lo que propone no es otra cosa que desarrollar el capitalismo con un cambio del carácter extractivista de nuestra economía. No habla en su programa de gobierno de expropiar tierras, empresas y apartamentos como exageradamente se difunde en las redes sociales para generar temor en los electores.
De hecho, con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, son defensores del mismo modelo económico, se diferencian en que Petro no es partidario de privatizaciones de sectores estratégicos y plantea hacer reformas en materia agraria, educación, salud y al régimen pensional. Petro tampoco en sus discursos y en ninguna entrevista ha dicho que va a expropiar tierras. Sus planteamientos sobre el tema de la distribución de la tierra en Colombia son muy similares a lo que propuso en su programa de gobierno el Partido Liberal en 1936. En aquella coyuntura el liberalismo planteó que la propiedad de la tierra tenía que cumplir una función social. En efecto, propuso dividir la tierra por medios legales y racionales para que no existieran tierras que no cumplieran una función social de servir al mantenimiento de la población colombiana.
El texto dice: “El partido en su acción legislativa, tenderá a democratizar la tierra a fin que esta no sea el privilegio de los ricos, sino el derecho de los pobres, y actuará, en este sentido por medio de una política constante y progresiva del Estado para fraccionar los latifundios y poblar los territorios incultos”. Lo anterior indica que el liberalismo hace 82 años consideró la propiedad de la tierra como un medio de liberación económica necesaria e imprescindible para impulsar el desarrollo nacional.
En 1936, cuando Alfonso López Pumarejo impulsó la reforma agraria y otros cambios en la estructura económica para adecuar el Estado a los nuevos cambios que demandaba el desarrollo del capitalismo en la sociedad colombiana, el Partido Conservador con Laureano Gómez y el sector de los terratenientes con posturas similares a las que enarbola actualmente el Centro Democrático contra la propuesta de Petro no dejaron aprobar la reforma agraria. Igual suerte corrió el gobierno de Carlos Lleras Restrepo con la misma reforma en 1968, que luego hundió el gobierno de Misael Pastrana con el Acuerdo de Chicoral.
En otras palabras, la reforma agraria que plantea Petro no es nada nuevo es similar a la impulsó el gobierno de López Pumarejo, de elevar el impuesto sobre las tierras improductivas. Lo polémico es que los del Centro Democrático y sus aliados acusan de manera indiscriminada a Petro de pretender acabar con la propiedad privada haciendo masivas expropiaciones de tierras.
Sin embargo, se olvidan que en el 2007 en el gobierno de Álvaro Uribe, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, lideró la aprobación de la ley de desarrollo rural. Incluso, se incluyó una figura que permite al gobierno expropiar grandes extensiones de tierras ociosas en defensa del bien común, las que serían pagadas a su valor catastral.
En el artículo 72, en su numeral tercero, establece: “cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad (…) la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación (…) la indemnización, la cual corresponderá al avalúo catastral del respectivo predio”.
Además, el artículo 107 dice que aquel extinto instituto era el responsable de “adquirir mediante negociación directa o expropiación los predios, franjas de terreno y mejoras de propiedad de particulares o de entidades públicas, que se necesiten para la ejecución y desarrollo de las obras de adecuación de tierras”.
En el 2008, el exvicepresidente del gobierno de Uribe, Francisco Santos, puso crear un impuesto para las fincas improductivas, sustentó su propuesta que el 0.04 por ciento de la población es dueño del 64 por ciento de las tierras del país y que debían pagar por las tierras ociosas. El economista Salomón Kalmanovitz, en una columna (El Espectador, 19-06-2016) sobre la concentración de la tierra, afirmó que “si las diez millones de explotaciones rurales pagarán prediales sobre el 80% de su valor comercial, aún con las bajas tarifas actuales, el recaudo sería del orden de $12.3 billones, equivalente al 1.5% del PIB".
En conclusión: el respaldo de toda la clase política tradicional —liderada por los expresidentes Uribe, Pastrana y Gaviria y los congresistas y excongresistas liberales, conservadores, de la U y de Cambio Radical a la campaña de Duque—, dejando atrás las diferencias políticas con Uribe, es una alianza de todas las fuerzas políticas tradicionales, clientelistas, corruptas y económicas del establecimiento para conservar el statu quo del país, una alianza que ha puesto la campaña política en un contexto de lucha de clase entre ricos y pobres.
