Conforme se aproxima la campaña electoral para elegir el próximo presidente de Colombia, quienes le temen a la figura de Gustavo Petro se apresuran a descalificarlo como candidato. Lo han señalado de terrorista, mal administrador e impulsor del consumo de drogas y del homosexualismo.
El más reciente “argumento”, adoptado por políticos de distintas corrientes y por la prensa, es etiquetar a Petro como el candidato de la extrema izquierda; llegando a plantear que la próxima campaña presidencial ha de disputarse entre el resto del espectro político y Petro, supuesto representante del extremo izquierdismo. Tal afirmación deja de lado que quienes han malgobernado este país son la tradicional clase política y la extrema derecha, verdaderos responsables de nuestra tragedia nacional.
Fuera de las calumnias más burdas (que es castrochavista, comunista o que va a convertir a Colombia en otra Venezuela), el antipetrismo no tiene elementos para demostrar la condición de Petro como extremista de izquierda. Petro nunca ha sido militante comunista, no ataca la propiedad privada, ni defiende el socialismo. Su condición de exguerrillero no lo hace de extrema izquierda, hay exguerrilleros del M 19 en el Centro Democrático.
Frente al modelo de Venezuela Petro no puede estar más alejado. El modelo venezolano se basa en la producción petrolera, mientras que la propuesta de Petro propone el abandono de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, adoptar fuentes alternativas de energía, y cambiar el modelo económico extractivista por uno de producción de bienes y servicios orientados al mercado interno y, en segundo lugar, a la exportación.
En otra Venezuela nos está convirtiendo el gobierno de Duque. Ya anuló el control por parte del congreso, ya tiene fiscal, defensor del pueblo y procuradora de bolsillo. Ahora impulsa una constituyente para echarse al bolsillo al poder judicial y poner en libertad al expresidente reo.
Se acusa a Petro de caudillismo y megalomanía, de ser incapaz de llegar a acuerdos con otros sectores. La realidad muestra que quien quiso eternizarse en el poder fue Uribe, directamente o señalando sucesores a dedo. Petro, al contrario, desde el 2017 viene proponiendo una consulta que escoja un candidato alternativo entre amplios sectores políticos. Tanto en la campaña pasada, como ahora, han sido Fajardo y otros sectores quienes han rechazado y rechazan tal posibilidad.
También se le acusa de expropiador, afirmación burda, que no tiene sustento ni en el pasado de Petro en el ejercicio del poder ni en su propuesta política. Las haciendas y las fábricas de los colombianos no corren peligro con Petro.
Dejando a un lado las mentiras evidentes, queda la esencia de la propuesta política de Petro: el reconocimiento de derechos sociales a la población, la reconstrucción del aparato productivo colombiano y la defensa del medio ambiente. Tal cosa solo puede resultar extremista para quienes se sienten cómodos en una sociedad absolutamente desigual e injusta, como es la colombiana.
Corruptos y criminales tienen más razones para llamarlo extremista; aunque lo hacen a conciencia de que es falso, pero les resulta útil para seguir en el poder. Uno de los rasgos distintivos en la vida política de Petro ha sido su lucha contra dos de los peores flagelos que asolan a la sociedad colombiana: la corrupción y la criminalidad vinculada a la política mediante la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico. Estos sectores son los más interesados en evitar que Petro sea presidente, temen que su reinado termine abruptamente.
Las líneas anteriores evidencian que Gustavo Petro no es la extrema izquierda en Colombia. Al contrario, representa una opción sensata que busca construir una sociedad justa y en paz mediante el reconocimiento de derechos sociales y el desarrollo de la producción nacional a partir del impulso a la producción agropecuaria como paso inicial.
Etiquetar a Petro como extremista de izquierda solo es un recurso propagandístico, basado en falsedades, de quienes han ejercido el poder y temen ser desplazado de él en las próximas elecciones. Recurso que también usan quienes, a pesar de etiquetarse de “alternativos”, quieren acceder al poder, arrebatándoselo a quienes tradicionalmente lo han ejercido, pero sin realizar cambios profundos que corrijan la injusta y desigual estructura de la sociedad colombiana.
Adenda. Sin duda el gobierno de Duque tiene gran responsabilidad en el creciente número de masacres. El gobierno dispone de los recursos estatales tanto para impedir las masacres como para perseguir a los responsables de ellas; su primer deber es proteger la vida de todos los colombianos.
