La crisis política por la que pasa el país es la respuesta de las oligarquías colombianas al grado de avance que están dispuestas a permitirle al gobierno de Gustavo Petro y su agenda de cambio social.
La aparente gobernabilidad que habíamos visto hasta ahora era el producto, de un lado, del esfuerzo del mandatario por alcanzarla y mantenerla, aún a costa de algunas dolorosas concesiones, y del otro, de la intención de las castas politiqueras de consentir unas cuantas reformas sociales y constitucionales, siempre que no fueran de mucho fondo y pudieran preservar algunas parcelas burocráticas y de manejo presupuestal.
Tales propósitos oligárquicos los venían alcanzando al punto de reducir a 19 billones de pesos las expectativas de recaudo previstas mediante la reforma tributaria, de haber hundido la reforma política, de obligar a poner a Guillermo Alfonso Jaramillo donde estaba Carolina Corcho y de achicar, hasta ahora, el proyecto de reforma a la salud. Por supuesto que esto no les ha sido suficiente y quieren ir por más, a no ser que el pueblo les responda en las calles.
Obviamente las expectativas que ofrecen las reformas pensional y laboral, lo mismo que las relacionadas con la tenencia y explotación de la tierra, no son nada mejores a lo contenido en el cuadro anterior, y Petro no podía permitir que se siguiera debilitando su programa a grados tan extremos. De allí que decidiera partir cobijas con la dirección de los partidos Conservador y De la U y con el sector del Partido Liberal proclive a César Gaviria. Estas son las consecuencias de una bancada débil ante la magnitud de las de oposición.
Claro que Petro no ha cerrado la puerta a un nuevo “acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”, lo cual ha llevado a que su nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se haya comprometido a luchar cuerpo a cuerpo con cada congresista, a fin de ver materializadas las reformas faltantes.
Esta experiencia debemos asimilarla. Ahora que se inician las campañas electorales para los relevos institucionales en las regiones, no sobra señalar que nada nos ganaremos con elegir alcaldes y gobernadores si los Concejos y Asambleas continúan en manos de los de siempre. Traduciendo a términos regionales la consigna del exsenador Gustavo Bolívar respecto de Senado y Cámara, debemos conseguir un número de concejales y diputados capaz de garantizarles gobernabilidad a los alcaldes y gobernadores que salgan elegidos. Lo contrario será someterlos a una crisis como la que hoy afecta al Gobierno Nacional y dejar que sea esa nueva oposición la que imponga la agenda.
