Aunque los sectores de la ultraderecha reaccionaria quieren acorralar el gobierno del presidente Gustavo Petro para provocar su parálisis institucional y el colapso de todas las entidades públicas, lo que está sucediendo es todo lo contrario: que el jefe de la Casa de Nariño ha retomado la iniciativa política desplegando una amplia movilización para atender las principales demandas de la comunidad, haciendo realidad el Plan de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la vida” y distintas estrategias con el fin de avanzar en sus principales propósitos que están referidos a la paz total, la economía, la transición energética, la lucha contra la corrupción y las garantías democráticas para las mayorías populares, que son afectadas y lesionadas por los grupos de poder, particularmente en las regiones y localidades.
La gavilla politiquera de la oligarquía política.
La poderosa oligarquía colombiana está ensayando hoy una coalición de todos los grupos y subgrupos politiqueros existentes para sitiar al presidente con una alianza en la que están involucrados el ex Vicepresidente German Vargas Lleras (un personaje despótico y arbitrario), Cesar Gaviria (quien implanto el modelo neoliberal desde 1992), Álvaro Uribe (el autor de más de 10 mil “falsos positivos” y de la corrupción electoral), el conservatismo y también reconocidos gorilas militares que cada vez ganan más protagonismo en la estrategia golpista y de sabotaje al gobierno progresista del Pacto Histórico.
Se trata de una siniestra gavilla de la “mano negra” que pretende bloquear las reformas y los cambios que demanda el país a gritos con paros, protestas y grandes movilizaciones populares.
Pero, el presidente Petro está respondiendo, profundizando su alianza con amplios sectores populares y utilizando todos los recursos constitucionales y legales para hacer efectivas las soluciones de los problemas más complejos del país.
En esos términos es que, apoyado en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, que regula los estados de emergencia, ha expedido el decreto 1085 del 2 de julio del 2023 para determinar la Emergencia económica y social en el departamento de la Guajira (una región con cerca de 1 millón 200 mil habitantes, con gran mayoría indígena de la etnia wayú, distribuida en 12 municipios), y con el objetivo de dar cumplimiento a varias órdenes judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional (Sentencia T-302 de 2017), así como al Conpes 3944 del 2018, que han ordenado darle prioridad a las gestiones para superar los gravísimos problemas de la población de este territorio de la región Caribe.
Petro, desplazo por más de ocho días a todo su gobierno para trabajar en la Guajira y al término de esta presencia directa es que ha establecido la Emergencia económica y social para atender varios frentes de la problemática social, económica y ambiental regional.
Todas las medidas incluidas en el decreto 1085 están encaminadas a contrarrestar los daños climáticos generados por el fenómeno de El Niño y solucionar a mediano plazo la aguda falta de agua potable en varios municipios.
Esta medida tendrá vigencia de 30 días y se podrá ampliar hasta los 90 días dependiendo de la gravedad de los fenómenos que se deben enfrentar.
El derecho a la salud.
Uno de los sectores más críticos que se aborda es el de la sanidad, afectado por el sabotaje de la ultraderecha parlamentaria que ha negado la posibilidad de las reformas legales en el sistema de la salud colombiana secuestrado por las mafias de las EPS que saquean los billonarios presupuestos estatales dispuestos para garantizar este derecho fundamental de los colombianos. En el caso de la Guajira, las medidas adoptadas priorizan a la población indígena con sus costumbres y formas culturales específicas.
En el sector salud se entregan facultades especiales de contratación directa al Ministerio de Salud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), al Instituto Nacional de Salud (INS) y otras autoridades para que contraten directamente cualquier tipo de bien o servicio requerido para superar la emergencia sanitaria en esa región del país.
En cierta medida se avanzan elementos centrales de la reforma a la salud que se debate en el sector legislativo, pero con la idea de avanzar un piloto de salud en la Guajira. A eso se le suma la propuesta de ampliar inmediatamente toda la red hospitalaria en el territorio.
Así las cosas, la Emergencia quiere dar forma en todo el territorio de la Guajira los Distritos de salud para 800 mil familias con equipos médicos que visitarán cada ranchería, barrio, familia y zona veredal, llevando vacunas y condiciones en el territorio.
Tanto la red hospitalaria como las aseguradoras van a comenzar a implementar la fase de atención primaria a través de los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud), tan importantes en el nuevo esquema de la salud solidaria que impulsa el gobierno; los cuales van a estar ubicados cerca de las rancherías con el fin de atender de manera oportuna las enfermedades y la desnutrición que es lo que más azota a esa región del país, y que los negociantes de las EPS se niegan a atender porque su prioridad es acumular riqueza.
Conviene anotar que la base de toda esta reforma a la salud es la predicción y la prevención y para garantizar estos principios se debe trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y crear la Universidad Wayuu, para formar 300 médicos y 600 enfermeras, más los que ya están dentro de los hospitales, los que se necesitarían para hacer efectivo el derecho a la salud de la población más pobre y excluida.
En ese sentido se plantea convocar todas las facultades de medicina de Colombia para que, en los cursos rurales, los estudiantes de las diferentes carreras en salud puedan hacer parte del proyecto y ayuden a completar el personal que se necesita para que esto se haga realidad.
En esos términos la reforma a la salud comienza ya en la Guajira.
Este modelo de salud regional contará con la presencia la medicina ancestral junto con la medicina convencional, en una alianza entre el Ministerio de Salud y las autoridades tradicionales indígenas.
Todas estas medidas en materia de salud van a propiciar el encuadramiento de todos los actores del sistema de salud, con el fin de garantizar la atención en salud con cobertura territorial izada, universal, sistemática, permanente y resolutiva, con la anulación de barreras de acceso sociales, geográficas, económicas, culturales, asistenciales y administrativas.
Agua potable y saneamiento básico (tratamiento de aguas residuales y basuras).
Según las determinaciones del presidente Petro, se determina la disposición de recursos financieros para priorizar la estructuración e implementación de intervención en infraestructura y esquemas de gestión de agua y saneamiento básico en el territorio departamental. Para el efecto, el gobierno central tendrá las competencias establecidas en la Ley 142 de 1994 para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua y saneamiento básico durante el tiempo que dure la emergencia o hasta que las entidades correspondientes asuman una prestación eficiente. En ese sentido se adoptaron medidas para organizar un Instituto del agua, y la infraestructura que permita llevar el agua potable a todos los rincones de la Guajira, con el cuidado del ejército.
Es importante resaltar en el tema del agua, que el Gobierno central podrá hacer uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones para priorizar la estructuración e implementación de intervención en infraestructura y esquemas de gestión de agua y saneamiento básico en La Guajira.
Para desarrollar un plan articulado, integral y sostenible, las entidades competentes podrán estructurar y ejecutar programas y proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira, y esquemas de gestión a través de contratación directa, convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro para obras públicas, organizaciones sociales y comunidades organizadas.
Reforma agraria y desarrollo rural.
Para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria se adoptan medidas excepcionales que permitan flexibilizar los requisitos y condiciones de la contratación de las entidades del sector agropecuario cuando se trate de convenios o contratos con personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, Cabildos Indígenas, Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y Consejos Comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993.
Con la Emergencia se establece el primer núcleo de reforma agraria y la primera zona de protección para producir alimentos en el país.
Medio ambiente.
Con la emergencia decretada se expiden normas para detener la actual crisis ambiental relacionada con los fenómenos del calentamiento global que afectaran a la Guajira en las próximas semanas, fortaleciendo los mecanismos de monitoreo ambiental ante los efectos del cambio climático y sus profundas variaciones en esta zona del Caribe colombiano.
Derecho a la educación
Ante la dramática crisis humanitaria, el Gobierno organizará las políticas públicas relacionadas con infraestructura, alimentación, recursos tecnológicos, saneamiento y agua potable, transporte escolar, calidad educativa y del cuerpo docente con enfoque diferencial. Además, será necesario intervenir los Programas de Alimentación Escolar (PAE), saqueados por los politiqueros del departamento y sus fichas en las secretarias de educación departamental y municipales.
El derecho a la energía.
Las medidas adoptadas implementan los techos solares, las micro redes, los proyectos de energía distribuida y el almacenamiento de energía, además de adelantar la transformación de Termoguajira.
El derecho a la movilidad.
En ese sentido se fortalece la infraestructura aérea con el objetivo de facilitar la interconexión y prestación de los servicios públicos esenciales.
Impuestos e inversiones.
Con la Emergencia decretada se adoptan instrumentos para hacer modificaciones presupuestales con el fin de focalizar los recursos destinados a dar soporte a todas las medidas adoptadas; así como explorar la relevancia y establecer otros tributos o incluso generar incentivos a las inversiones y el turismo en el departamento de la Guajira, para que el sector productivo regional aporte a la superación de la crisis.
Inclusión social.
El decreto 1085 adopta, igualmente, medidas que priorizan a la primera infancia; disponer, enajenar y sanear bienes propiedad del Icbf (Bienestar familiar) con el fin de obtener recursos que permitan ampliar la cobertura para la atención de los niños que son golpeados por la desnutrición.
Tecnologías de la información.
El decreto agiliza el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para favorecer las zonas más aisladas del departamento y a los establecimientos escolares.
Cumplimiento de las sentencias judiciales.
Con la Emergencia el gobierno determinó que se deben acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la sentencia de la Corte Constitucional; así, se harán modificaciones presupuestales para lo cual se priorizará el uso de recursos provenientes del Sistema General de Regalías para paliar la crisis social en la Guajira.
Con la Emergencia económica, social y ecológica, el presidente Gustavo Petro está demostrando que se puede gobernar directamente para atender los problemas de las comunidades, al margen de las presiones de la clase politiquera tradicional que le apuesta al fracaso del proyecto progresista anti neoliberal.
Lo que hay que hacer es implementar ya el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que parece estar paralizado por la burocracia de planeación nacional (nefasta herencia del uribismo y el modelo neoliberal), enemiga soterrada de los cambios que lidera el presidente de la Republica. Hay que actuar rápido y de manera contundente para remover este gran obstáculo para el cumplimiento del Programa de transformaciones del actual gobierno del Pacto histórico.
