Incumpliendo su obligación de atender las medidas cautelares solicitadas por la CIDH para proteger los derechos políticos del ciudadano colombiano Gustavo Petro, Santos manchó su nombre de gobernante inspirado en principios liberales. Colombia es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos, CADH, la cual, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace parte del derecho interno, del mismo modo que las medidas cautelares que se conceden para prevenir de urgencia daños irreparables a los derechos universales del mencionado ciudadano, precisamente y en razón de la sentencia del Consejo de Estado sobre las tutelas que le cerró todos los caminos dentro del orden interno colombiano. Es decir, aplican las medidas cautelares porque la Constitución, las leyes, el Código Disciplinario Único, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cita sentencia del Consejo de Estado, no han integrado plenamente la CADH. Maliciosamente, limitándose a citar el orden jurídico interno, se justificó la medida con que Santos avaló a Ordóñez.
Ni voté por Petro, ni soy petrista. Pero aquí no vale considerar la calidad de la gestión del alcalde, buena, mala o regular, sino la protección de los derechos fundamentales del ciudadano y su corolario: qué calidad democrática puede derivarse de un orden jurídico que deja en manos de un empleado administrativo, nombrado por arriba mediante prácticas singularmente desaseadas, la imposición de penas graves sin que para ello deba atender las reglas del debido proceso judicial. El asunto es de principios básicos de la democracia liberal: la protección de derechos políticos que son de todos y de cada uno de nosotros.
Al no incorporar explícitamente la CADH al derecho interno, el ciudadano colombiano no tiene garantías —cautelares y tutelares— frente a decisiones como lasque tomó Ordóñez con el alcalde de Bogotá. La CADH, que es ley en Colombia, establece que solo el poder judicial puede destituir funcionarios elegidos popularmente. Además de que el Procurador no tiene potestad judicial, el proceso disciplinario para los funcionarios públicos no puede equipararse a la protección de derechos individuales inherente al debido proceso judicial.
La destitución de Petro nos deja ante un tipo de falso positivo en que no es menester asesinar a sangre fría para recibir algún premio menor. Basta usar marrulleramente los resquicios de los códigos para matar políticamente a un formidable competidor electoral y despejar el camino a la gente del círculo íntimo, comenzando por Vargas Lleras, que ya vislumbra el 2018.
Santos echó para atrás; había manifestado explícitamente su intención de acatar el fallo de la CIDH. ¿Por qué cambió? En este momento Santos es presidente de Colombia y candidato reeleccionista. La misma persona puede armonizar las dos condiciones o, en otro extremo hipotético, puede constituir “el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. Aquí salió el destripador de cacería, dejando dormido al cirujano. Prevaleció Mr. Hyde porque desde la noche del 8 de marzo Santos se siente vulnerable, bajo el peso de gran incertidumbre, ratificada por encuestas posteriores.
Estamos en la recta final de una campaña reeleccionista que el presidente abrió audazmente el 10 de agosto de 2010 abrazándose con Chávez, la bestia que, tocada por algún hada madrina, se convirtió en “mi nuevo mejor amigo”. Ahora avanza la carrera con otro golpe audaz: desconocer fulminantemente la resolución de la CIDH le da oxígeno, le permitere agrupar las filas de la derecha, levantarla moral de sus fieles y especialmente recuperar la iniciativa política.
El daño de incumplir las obligaciones internacionales en la protección de los derechos humanos, es reparable. Para eso está la diplomacia. Pero perder la reelección sería irreparable. Echando a Petro se pierden los votos de la izquierda que lo apoya por la iniciativa de paz, pero uniéndose al procurador que funge de mediador simbólico de la derecha se gana mucho voto de ese lado de opinión, en detrimento del uribismo ampliado (Óscar Iván + Marta Lucía).
De todos modos el factor Petro cuenta y es formidable. Sin las bridas del cargo público, amparado en sus derechos por la CIDH pero no por el presidente de Colombia, aumenta considerablemente su capital simbólico: exguerrillero amnistiado del M-19 que ha actuado limpiamente desde 1991 en los cuerpos colegiados; que probó tener valor e inteligencia en los debates del senado destapando la parapolítica. Ahora exalcalde de Bogotá por la gracia de Ordóñez-Santos, es un político de trayectoria que ni roba ni ha robado.
Si en aras de reelegirse Santos & amigos intentaron fortalecerse liquidando políticamente un jefe popular de izquierda, lo catapultaron poniéndole aura de víctima del sistema. Humillándolo, lo devolvieron al poderoso mito de origen: Rojas Pinilla combatiendo en plazas y tribunales por la restitución de sus derechos políticos. Para Petro comienza una nueva fase, la del líder carismático en ascenso (ya salió un corrido prohibido). Ojalá supere la trampa de la cual ha sido el chivo expiatorio y no lo devuelva a las viejas narrativas. Ojalá elimine de su corazón y su discurso cualquier ambigüedad frente a las virtudes de la urna. Ojalá todos pudiéramos creer en la bondad del sistema electoral, así sea el mal menor.
