Colombia, el país donde más del 50% de sus trabajadores gana el salario mínimo, otro 18% gana entre el mínimo y un millón de pesos, donde casi el 90 % de la población deviene menos de $2’000.000 de pesos mensuales y donde además se dice que con un ingreso de $241.673* (doscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y tres mil pesos) al mes no se es pobre, nos encontramos ante unos candidatos presidenciales que poco se refieren a la condición de los ciudadanos colombianos.
Solo en Bogotá la pobreza aumentó al 12,4 % en el año 2017, esto significa que más de 1 millón de habitantes de la capital de Colombia ganan menos de $275.000 pesos mensuales. Pero esta situación para nuestros dirigentes, aparte de ser cifras maquilladas, son “cifras insignificantes” (Según Peñalosa). Lo alarmante de esta realidad es que ni en los programas de gobierno, ni en los debates, ni en las conversaciones en la calle o en redes sociales, los ciudadanos existen argumentos concretos para cambiar la situación de los habitantes de Colombia. Siempre se oye decir “fortalecimiento de la economía”, “generación de empleo”, “más educación”, “menos pobreza”, pero la realidad muestra que no es mucho lo que se ha hecho ni se propone para cambiarlo.
Lo que hemos entendido por fortalecimiento de la economía se traduce en la extracción de carbón por parte de empresas como la Drummond de EE.UU., o la extracción de petróleo por parte de Ecopetrol que en este momento ha generado una de las catástrofes ambientales más grandes de Barrancabermeja. Por ello, estos argumentos ahora pierden cabida, pues este tipo de fortalecimiento y el interés por la inversión extranjera no necesariamente implican un mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos. Ni siquiera con el fin de la guerrilla de las Farc se han visto más oportunidades de trabajo o tecnificación de la agroindustria, sino que por el contrario ahora se hacen negocios con los páramos y reservas acuíferas a lo largo del territorio persistiendo en la minería.
Estos problemas que enfrenta Colombia, querámoslo o no, son tomados en cuenta por Gustavo Petro, pero no del todo, pues en muchos casos sus propuestas se dan en abstracto y no da una explicación sobre el proceso de financiación de algunos cambios económicos que plantea, como la implementación de energías limpias. El punto es que Petro sí es consciente de la desigualdad que enfrenta Colombia, siendo el segundo país más desigual de Latinoamérica, y cómo desde esta situación se desprenden muchos otros problemas y variables como la inseguridad, cultivos ilícitos, minería ilegal, deforestación, explotación de recursos no renovables, entre otros. Solo por ello es importante reconocer que Petro, sea el ganador o perdedor de la presidencia, está poniendo sobre la mesa temas que definen el futuro de Colombia.
La implementación de energías limpias, la tecnificación de la agroindustria, la productividad en terrenos improductivos no significa un problema, ese debería ser el proyecto de todos los candidatos presidenciales si es que quieren que la desigualdad disminuya, y esto solo es evidente con Gustavo Petro.
Sin ir más allá, creo que la identificación que gran parte de la población siente hacia Petro es que al igual que muchos él viene de un pueblo, Ciénaga. Vivió parte de su vida en Zipaquirá, conoce de primera mano qué es vivir con las necesidades y angustias de los ciudadanos del común. No estudió en colegios como el Rochester o el Gimansio Campestre, como lo hizo Iván Duque o Germán Vargas Lleras. Al fin de cuentas es más difícil que alguien privilegiado comparta sus privilegios, a que alguien que nunca ha tenido privilegios logre generar privilegios para todos.
*Cifra para el 2016
