Si no es por la rigurosa disciplina del equipo de seguridad del candidato presidencial del Pacto Histórico, senador Gustavo Petro, esta sería la hora en que el país estaría sumido en otra tragedia social por cuenta de otro espantoso magnicidio contra un prominente líder de los movimientos de izquierda y progresistas de Colombia.
Aunque el general Vargas, comandante de la Policía, dice que ellos no tienen ninguna información sobre estos planes criminales (nada distinto se puede esperar de estas instituciones comprometidas abiertamente con el uribismo neonazi y sus masacres, que las acaba de premiar con un jugoso aumento de sueldos), lo cierto es que la campaña de Petro tiene todos los detalles de cómo se ejecutaría esta acción demencial en el municipio de Dos Quebradas (Risaralda) por sicarios de la Cordillera y los Flacos, a quienes se les entregó una cifra superior a los 500 millones de pesos (150.000 dólares) para ejecutar el sangriento operativo, bastante similar a los asesinatos de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Jaime Pardo Leal, todos ellos orquestados por la mafia del narcotráfico ligada a políticos liberales y conservadores, a banqueros y empresario de las roscas bogotanas y de Medellín.
En Colombia, no obstante que la ultraderecha uribista y el militarismo se rasgan las vestiduras sobre la erradicación del paramilitarismo y su eliminación absoluta, después de los Acuerdos de Ralito y de la Ley de Justicia y Paz, la realidad en los territorios es totalmente contraria a esta leyenda de mentiras y fantasías. De la mano de generales, altos oficiales del ejército, de altos oficiales de la policía, de políticos corruptos gobiernistas, de alcaldes, de gobernadores, de terratenientes, de multinacionales, de la embajada americana y de los servicios de inteligencia británicos y judíos, el paramilitarismo ha mutado hacia bandas más letales y sofisticadas en el uso de la violencia contra los movimientos sociales y los partidos de izquierda.
Hay una ola de neoparamilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Montería, en el Cesar, en el sur de Bolívar, en Santander, en los municipios del sur del Meta, donde se hacen llamar los “cuchillitos” (Puerto Rico, San Juan de Arama, Granada, Lejanías, Mesetas), en Putumayo, Cauca y Caquetá.
En el Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas) y el Norte del Valle del Cauca (Cartago, Tuluá y Obando), el neoparamilitarismo está en auge desde hace casi una década con la presencia de unas temibles máquinas de guerra que han secuestrado el Estado, organizadas con apoyo de las Brigadas Octava, Tercera y los comandos metropolitanos de policía, financiadas por el narcotráfico y la corrupción, y utilizadas por las facciones políticas predominantes en los procesos electorales que controlan escogiendo senadores, diputados y ediles municipales.
Esas bandas fueron comisionadas para acribillar a Gustavo Petro, cerca de Pereira.
Son dos bandas: la Cordillera y los Flacos.
La Cordillera es una estructura criminal montada por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, preso en la actualidad en la Cárcel de Girón (Santander), a donde fue trasladado desde la Picota (Bogota), lugares desde los cuales administra (Vía Signal y Whatsapp) y mueve el tren de sicarios que ejecutan masacres y exterminio de líderes sociales en perfecta coordinación con el ejército, la policía y altos oficiales del Inpec. La Cordillera y Macaco están al servicio de políticos gavirista como JPGallo, elegido recientemente senador liberal con apoyo financiero de Diego Pereira, un poderoso mafioso de Pereira con abundantes conexiones financieras con la Cordillera.
La Cordillera esta igualmente vinculada con el senador liberal de Cesar Gaviria, Mario Castaño, de Manizales, organizador de grupos paramilitares en la Dorada y Pacora (Caldas) y cerebro de una cadena de desfalcos multimillonarios en distintos programas del gobierno de Ivan Duque que lo ha favorecido con centenares de contratos y cupos indicativos con los dineros de la paz.
Alias Toto, un gamonal en las sombras en Armenia y Roldanillo, dueño de la Alcaldía de la capital del Quindío, es otro socio prominente de estas bandas junto a su mujer, la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado, del riñón de German Vargas Lleras, con un proceso judicial en la Corte Suprema de justicia por robo de las regalías del Quindío, que esta trancado por el tráfico de influencias del Senador Varón Cotriño.
Los Flacos es la otra mortífera pandilla de sicarios que está detrás de Petro, con asiento en las ciudades de Cartago, Obando, Tuluá y Buga en el Norte del Valle. Su comandante es alias “Gafas”, José Ignacio Mira Sarmiento, un ex oficial del ejército, involucrado directamente en las más aterradoras masacres en el territorio urbanos de Cartago, quien coordina operaciones con Alex Serna (Alecito), narco de Obando, preso en la Picota de Bogota, quien ha sido alcalde de este municipio del Valle; con poderosos tentáculos en el comercio de la coca desde el Cañón de Garrapatas hacia los mercados internacionales. Walter Quintero Toro, alias Waltercito, es el encargado de los sicarios de esta red; es sobrino del poderoso narcotraficante Ramón Quintero (Alias RQ), de Buga, quien hace poco regreso silencioso desde una cárcel de los Estados Unidos donde se encontraba extraditado desde el 2010, para prestar sus servicios judiciales con testimonios fraudulentos al abogado Cadena quien asesora con torcidos jurídicos a Matarife y a Santiago Uribe, su hermano.
