Ya es un lugar común afirmar que en política las formas de comunicar importan, y con Petro, aquello de “cuidar las comunicaciones” se ha convertido en una recomendación harto indeseada en el alto gobierno. Así que cada tanto, ya sea por inercia retórica o por intensidad twittera, el presidente sale con alguna “perla” que no solo sonroja al extremo de la vergüenza a sus funcionarios menos fanáticos, sino que también pone a tambalear algunos de los cimientos de su propio gobierno.
Y así volvió a ocurrir el pasado 13 de diciembre, en la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa Castillo, cuando Petro afirmó como conclusión a un extenso diagnóstico: “No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc”. Una frase lapidaría que se extendió como pólvora en todos los medios; y claro está, aunque la frase solo es una pieza que se articula a un discurso más extenso, la conclusión fue lo que quedó en el aire, sembrando más incertidumbre con un compromiso clave en el mandato social del gobierno del “Cambio”.
Pero el presidente en ningún momento afirmó que no se cumplirá con el Acuerdo por desidia gubernamental, ya que, en honor a la verdad, a su gobierno solo le asiste la responsabilidad de haber erosionado la institucionalidad para la implementación creada por Santos y que a medias sobrevivió con Duque; no, el presidente -poco autocrítico en la forma como ha venido planteando el cumplimiento del Acuerdo-, más bien, considera que su incumplimiento es la responsabilidad de una acción coordinada entre factores reales de poder que no están dispuestos a entregar tierras, verdad o reparación.
Dejando de lado el énfasis que hicieron los medios en la conclusión sobre el diagnóstico, el discurso del presidente si nos debe llevar a reflexionar en torno a las responsabilidades históricas que le asisten a los diversos actores sociales, institucionales y políticos en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, esto, porque su implementación no solo involucra al Congreso, las Altas Cortes (teniendo la Corte Constitucional un papel trascendental) o el Gobierno Nacional, sino que también influyen actores investidos de opacidad y que en la práctica fungen como saboteadores.
Sí es responsabilidad del Gobierno propiciar un clima social e institucional favorable a la implementación, mucho más, cuando el plebiscito dejó lesionada la legitimidad del Acuerdo, y ciertamente, Petro ha buscado dar pasos en ese sentido, ya sea con un acuerdo de compra de tres millones de hectáreas de tierra fértil a Fedegan, ya sea que asuma su cumplimiento como un pilar constitutivo de la Paz Total, pero sí le ha faltado fungir como director de orquesta, posición que inicialmente le delegó a Danilo Rueda - un personaje bastante inaccesible-, y que ahora, con algo de expectativa, asume Otty Patiño.
Así que creo que el presidente no claudicó a la implementación del Acuerdo de Paz, a lo sumo, fue demasiado honesto con su responsabilidad histórica ante un mandato que se encontró en su camino hacia la Presidencia y que a la postre resultó clave para erigir su victoria, pero que, como resultado de ciertas contradicciones históricas, carga con un lastre de tensiones, algo en lo que Santos, en medio de su arrogancia, sí tiene gran responsabilidad histórica.
Aunque eso no libra a Petro del implícito desacierto de sus palabras, ya que, sí resulta muy chocante que un presidente que asumió con el mandato de cumplir con lo acordado afirme a viva voz que no se avanzará en su implementación.
Porque en política las formas de comunicar importan demasiado y el mensaje que con esa conclusión el presidente envía a los grupos que actualmente tienen pista en la Paz Total no resulta siendo el más alentador. Pero ese ya es tema para otra nota.
