Pese a que el 42 por ciento del electorado venezolano fue cooptado por la derecha en las pasadas elecciones, a Nicolás Maduro y su gobierno no les ha quedado ningún miedo de las elecciones, y quieren medirse de nuevo. En efecto, este 25 de agosto, la ciudadanía vuelve a las urnas, aunque esta vez a presentar proyectos de solución a los problemas colectivos más cercanos, como son los que se presentan en sus barridas.
Llama la atención que en el sonajero de las propuestas estén ocupando los primeros lugares la ampliación de la cobertura educativa, sobre todo la preescolar y la primaria, la extensión de los servicios de los centros comunales de salud a la atención de enfermedades que están más allá de las básicas y, en medio de estas que son generales, otras más particulares, como el mantenimiento de ascensores en muchas torres habitacionales construidas por el gobierno y la refacción de obras de infraestructura.
Pero por encima de los anteriores proyectos está la demanda de continuidad en los programas de producción de alimentos, que de tan definitiva utilidad han sido para sacar a la población del estado de hambruna a que fue sometido por unas oligarquías a las que no les importó someter al pueblo al desabastecimiento y altos precios de los artículos de primera necesidad, especialmente los que se llevan al plato.
Cómo contrasta esta actitud con la de aquella oposición -no toda- que, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia confirmó el triunfo de Nicolás Maduro, continúa supurando veneno bajo las naguas de Corina Machado o escondida como Edmundo González para no responder por los miembros de la fuerza pública y ciudadanos chavistas y neutrales que perdieron la vida a manos de los comanditos prepago que se levantaron en acciones terroristas para simular protestas populares. Estos mercenarios, financiados desde las trincheras de Leopoldo López, Juan Guaidó y la gusanera de Miami, causaron, además, la destrucción de varias estaciones de la Guardia Nacional, de centros de salud, de planteles educativos y realizaron múltiples saqueos, todo ello bajo la seducción de algunos dólares y pepas estupefacientes, como lo confesaron algunos mercenarios que hoy se encuentran detenidos y que son presentados por esa oposición como presos políticos.
Todo esto debiera llevar a Petro a asumir una actitud con arreglo a lo que dispone la Constitución Nacional, de cuya autoría a Petro le corresponde buena parte de la satisfacción que genera. Ordena nuestra Carta Magna que las relaciones exteriores de Colombia se regirán por el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países. Cualquier actuación en otro sentido riñe con este mandato soberano.
