Independientemente de cada caso en particular, lo sucedido en varios países con la firma Odebrecht es una prueba, por cierto de cáscara dura, que habrá de encarar la democracia en Hispanoamérica, porque su estructura viene derrumbándose desde que las prácticas corruptas subieron, sin barrotes de contención, hasta el vértice de la pirámide que representa un Estado que llamamos social de Derecho, tentando a sus jerarcas con una variedad ilimitada de pretextos en coyunturas propicias.
Con sobornos servidos en bandeja de lujo para presidentes, ministros, directores de agencias y gerentes de empresas oficiales, senadores, representantes y demás investidos por el voto o por decretos, no hay poder público que actúe respetando los mecanismos institucionales y liberándolos de lastres que deterioren su legitimidad. Sin legitimidad real (aunque la formal sea impecable), la democracia se pudre. Y la podredumbre, tarde o temprano, exige depuración, objetivo que está lejos de aparecer, por desgracia, en esta feria de coimas en moneda dura.
Fue lastimoso que los jueces de cada uno de nuestros países reaccionara después que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara la trama urdida por la firma brasileña para obtener los multimillonarios contratos que compró, en desarrollo de los cuales hubo un desfile de choros muy majos frente una piñata que no deparó exclusiones. Todo un modelo de inclusión… para deshonor de los demócratas perplejos con los latrocinios.
¿Qué Carta Política y qué leyes nos marcan el paso en las condiciones en que andamos desde México hasta Argentina?
Los pueblos rasos no lo ignoran. Esa ha sido una de las consecuencias de la ola privatizadora que apretó las yuntas dolosas entre el sector público y el privado. En cada venta a un operador particular que formalicen una Nación o sus autonomías, el ciudadano más desprevenido exclama: “Fulano (presidente, ministro, gerente, gobernador o alcalde) quedó hecho”. No hay mejor rueda de negocios que un gobierno venal. Y las excepciones son poquísimas.
Hoy día, todo es imprevisible. Los estruendos de corrupción deberían servir para estimular un giro encaminado a conjurar la crisis global de la moral pública. Pero ¿con quiénes? ¿Con las mismas clases políticas que la generaron? ¿Con las mismas malas mañas de financiación electoral? ¿Con candidatos presidenciales que vuelan a otros países en pos de dineros y enmascarados con el marketing político? ¿Con qué credibilidad popular se emprendería una cruzada que nos revigore la pulcritud y nos estremezca el pudor?
No será fácil, porque la corrupción, de tanto rodar, es ya un pedregal sin aristas y los partidos políticos –al menos en Colombia– son reductos de desconfianza que sucumbieron a los halagos y las ofertas que convirtieron en mercancía de trueque la lealtad de sus dirigentes.
Su dañado y punible ayuntamiento con el judío rico
que le prestó las cuentas bancarias, será la clave que conduzca
a demostrar la estafa que encarnó el indio que reemplazó al “Chino”
Con la empapelada de Alejandro Toledo, Perú repite la dosis con otro expresidente manchado de delito. La vergüenza de que le hubieran allanado la casa era para colgarse de una soga sin dejar carta en el nochero. Su dañado y punible ayuntamiento con Josef Maiman, el judío rico que le prestó las cuentas bancarias, será la clave que conduzca a demostrar la estafa histórica que encarnó el indio que reemplazó al “Chino”. La prensa también hizo su parte explicando, con pormenores al canto y muy bien analizados en sesudos editoriales, que no hay razón para compadecerlo.
El inca de larga estirpe (Toledo) y el vástago del recién venido (Fujimori) son, en nuestra vecindad, dos bribones de catálogo que defraudaron a un pueblo taciturno y sufrido, pero con jueces que reivindican, apresando a sus malos líderes, la limpieza de un destino. Aprendamos del Perú.
