El allanamiento de siete inmuebles, incluida la casa del cuestionado jefe del partido, Vladimir Cerrón, fue autorizado por el juez Carlos Sánchez por un pedido de la fiscalía. El juez a cargo de la investigación abrió una causa preliminar a Perú Libre por supuesto lavado de dinero, que incluye al controversial jefe de gabinete de Castillo, Guido Bellido.
El juez autorizó el "registro domiciliario, incautación de bienes [...], el quebrantamiento de cerraduras, de roperos, lockers, oficinas privadas [...], cajas fuerte y cajas de seguridad" de esas oficinas y casas, según un documento judicial.
El fiscal Richard Rojas dirigió los allanamientos en tres inmuebles de Lima y cuatro en la ciudad andina de Huancayo, donde reside Cerrón, quien fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión suspendida por corrupción mientras era gobernador de la región Junín. La sentencia le impidió ser candidato a vicepresidente de Castillo.
La investigación preliminar del fiscal está dirigida contra Bellido y Cerrón, así como contra el partido Perú Libre, en su condición de persona jurídica. "Los dirigentes de Perú Libre tienen que someterse a la justicia como los dirigentes de otros partidos. El hecho de tener responsabilidad en el gobierno no los exime de la investigación judicial", dijo a la AFP el analista político Hugo Otero.
Los allanamientos se prolongaron varias horas sin contratiempos, pero el partido oficialista expresó en un comunicado su "extrañeza" por la medida.
En el comunicado también se indica que están dispuestos a "colaborar" en las investigaciones del financiamiento de la campaña, pero rechazan "cualquier intento de amedrentamiento de las fuerzas del orden, Fiscalía y Poder Judicial, de pretender violar el debido proceso".
Perú libre fue fundado por Vladimir Cerrón en 2008 como un movimiento político con sede central en Huancayo. Cerrón se define como marxista-leninista. Saltó al primer plano en abril cuando Pedro Castillo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral al encabezar el escrutinio entre 18 candidatos a la presidencia.
Con el triunfo de Castillo, un maestro rural de Cajamarca, sobre la derechista Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio, Perú Libre se convirtió en el primer partido provinciano en alcanzar el poder en el país.
En abril había ganado la mayor bancada en el fragmentado Congreso peruano, 37 de un total de 130, lo que lo obliga a buscar alianzas.
Los allanamientos se hicieron el día en que Castillo cumplió un mes en el poder, periodo marcado por el asedio de la oposición y llamados de líderes de derecha radical para que sea destituido, y al día siguiente de que el Congreso le diera un voto de confianza al gabinete encabezado por Guido Bellido, que le permitió mantenerse en funciones.
La votación en el Congreso fue la primera prueba para el gobierno de Castillo, quien asumió el 28 de julio tras un quinquenio de choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras la incertidumbre levanta nubarrones sobre la economía peruana, que intenta dejar atrás los nocivos efectos de la pandemia.
Las acusaciones de corrupción y lavado de dinero rondan a los políticos peruanos desde hace cinco años, cuando estalló el escándalo de aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que salpicó a cuatro exmandatarios y a Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular niega los cargos, pero pasó 16 meses en prisión preventiva y debe ir pronto a juicio.
Medios limeños presentan a Cerrón como el poder detrás del trono en el nuevo gobierno y una encuesta mostró que el 48% de los peruanos piensa que él es quien manda en el país. Durante la campaña, Fujimori dirigió sus dardos contra Cerrón más que Castillo. En respuesta, este último aseguró que el jefe del partido no ocuparía cargos en su gobierno "ni siquiera de portero".
La enconada campaña del balotaje, la demora de seis semanas en proclamar al vencedor y los cuestionamientos a ministros elevaron la tensión en Perú, haciendo subir el dólar a niveles récord y caer la bolsa.
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