Salvo por algún ignorante disfrazado de progresista o por algún xenófobo disfrazado de indignado, para la mayoría es claro que la medida adoptada por el gobierno colombiano para otorgar un estatuto de protección temporal a los migrantes venezolanos es un paso importante en el cuidado de los derechos y la dignidad humana. Y, vale la pena insistir, puede ser una medida que traiga beneficios económicos directos para Colombia: vía mayor recaudo fiscal y mayor desarrollo económico, por ejemplo. Los migrantes venezolanos son, en promedio y en relación con la población colombiana, más jóvenes y con buena educación. En las condiciones actuales están trabajando mayoritariamente en la informalidad y, con este paso, se abren posibilidades para ir mejorando la inserción laboral en el mercado formal con los beneficios que eso implica, para el trabajador y para la sociedad en general. Está ampliamente documentado que un proceso migratorio bien manejado suele traer beneficios para la comunidad que lo recibe. Tomará tiempo que estos beneficios se vean, pero para transitar un camino largo hay que dar pasos, muchos pasos. Ahora bien, si el asunto de los derechos humanos y los posibles beneficios económicos para Colombia no parecen atractivos, ¿exactamente cuál es la alternativa? El flujo de migrantes no ha cesado ni va a cesar mientras Maduro sea el presidente de Venezuela. Entonces, inclusive en los términos más pragmáticos, es mejor una migración ordenada en donde el país entienda cuál es la población que recibe y pueda sancionar a quienes hagan trampa, a un desorden en el que pretendemos que tenemos algún control mientras todos sabemos que no hay tal. Especialmente durante una pandemia.
Por supuesto, comparto una preocupación que siempre está presente en la discusión sobre cualquier política pública colombiana: del dicho al hecho hay mucho trecho. En Colombia se producen papeles de políticas públicas, en general, bien escritos y bastante rigurosos, pero en muchas oportunidades se quedan a medio camino, a media implementación. La razón suele ser la que sabemos: la política. Entre lo que escriben las tecnocracias en los centros del poder y lo que se implemente en diversos lugares del país, están en el medio las instituciones políticas formales e informales, y el interés de éstas no suele ser el que está bien redactado por el tecnócrata de turno. En este caso la preocupación se amplifica porque no hay ninguna posibilidad de que Colombia pueda implementar el estatuto, y organizar la casa para que la migración termine beneficiando a los venezolanos y a los colombianos, sin apoyo internacional. Dany Bahar y Megan Dooley de Brookings Institution lo ponen en términos bien sencillos: la crisis de refugiados de Venezuela se ha convertido en la más grande y con menos fondos de la historia moderna. Aunque está por superar la crisis siria en número de personas, los fondos internacionales apenas llegan a un cuarto de lo que han recibido en esa crisis. Entonces, para matizar el párrafo inicial: si el paso que se dio no se complementa inmediatamente con un plan concreto para proteger la propuesta de la politiquería colombiana y la tacañería internacional nos habremos quedado en la misma situación actual, con una frustración añadida.
En medio de la discusión actual, no se ha estudiado la otra cara de la moneda de esta decisión colombiana: ¿cómo afecta la medida la situación en Venezuela? Esta semana, leyendo el trabajo de la profesora Emily Sellars, encontré algunas pistas interesantes sobre esta pregunta. Los fenómenos migratorios tienen un componente económico fundamental: según datos del Banco Mundial, alrededor del 3 % de la población mundial vive por fuera de su país de origen, y se envían en remesas más de 400.000 millones de dólares anualmente, que contribuyen más del 10 % del PIB en 25 países. La migración es tan relevante que algunos argumentan que es la política pública más importante a nivel mundial para mejorar las condiciones de vida. Por supuesto, la migración producto del colapso económico, social y político de una dictadura como la venezolana es un tipo de migración particular. Y, en ese sentido, acá va el primer efecto posible del estatuto temporal: al facilitarle el acceso a servicios básicos y mejorar las oportunidades laborales a los venezolanos en Colombia, vía los recursos que puedan enviar de vuelta a su país, estarían aportando a aliviar la crisis humanitaria. No sobra recordar que Venezuela es el país más pobre de América Latina y 96% de sus hogares son pobres.
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Al facilitarle el acceso a servicios básicos y mejorar las oportunidades laborales a los venezolanos, vía los recursos que puedan enviar de vuelta a su país, estarían aportando a aliviar la crisis humanitaria
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Hay otro componente en la discusión sobre la migración: la política. Aquí, observa Sellars, la migración suele verse como una “válvula de escape”: unos argumentan que esto es positivo porque reduce la inestabilidad, la inseguridad y la violencia en el país de origen mientras que otros argumentan que es negativo, porque cuando una parte de la población deja el país, se reduce la presión sobre los gobiernos para que hagan las reformas necesarias. En esta visión negativa, la premisa es que, en vez de presionar en casa para lograr cambios políticos, la partida en masa de ciudadanos deja espacio para que se perpetúen equilibrios políticos malos para las mayorías. Más recientemente, una línea de la ciencia política ha reunido los componentes políticos y económicos en una visión favorable para los países de origen: la migración produciría cambios políticos porque los migrantes se exponen a sociedades en dónde entienden el valor de la democracia y, al mismo tiempo, las remesas que envían liberan a quienes se quedan de las redes de clientelismo y corrupción que los oprimen.
El aporte de Sellars, con evidencia principal de México -y su inmensa migración de ida y vuelta a los Estados Unidos-, es interesante. Su teoría reconoce los efectos de los componentes económicos y políticos que acabo de resumir, pero anota un elemento clave: éstos están mediados por la posibilidad o no de seguir migrando. La sutileza es profunda. El cambio político está necesariamente mediado por algo muy difícil de lograr, la acción colectiva, y cuando la migración sigue siendo posible, ésta se hace aún más difícil. Por dos razones: primero, porque si yo sé que, si las cosas no mejoran, voy a poder migrar, reduzco mi interés en participar en procesos de cambio político, especialmente en regímenes autoritarios en dónde actos tan simples como criticar o protestar implican poner en riesgo la vida. Segundo, más interesante, aún si por alguna razón yo no puedo o no quiero migrar, el hecho de saber que mi vecino se puede ir en cualquier momento, reduce mi motivación para participar en el proceso político.
La conclusión de Sellars es, en sus propias palabras, que “todas las personas, independientemente de si pueden migrar o no, tienen menos probabilidades de movilizarse a medida que las opciones de salida se vuelven más rentables o más frecuentes, lo que socava la acción colectiva y hace menos probable la movilización exitosa.” Por supuesto, el aporte de Sellars es un modelo que tiene unas condiciones específicas de validez y no es, ni mucho menos, una sentencia definitiva. Me parece, sin embargo, que deja algo interesante para pensar: Venezuela ha “perdido” el 20 % de su población. No estoy seguro de que dimensionemos esto bien en Colombia: a grandes rasgos, es como si en unos años, acá se “vaciaran” Medellín y Bogotá. Con la medida adoptada por el gobierno colombiano, la opción de migrar se vuelve más rentable en los términos del modelo de Sellars. Es decir que, bajo esa visión, se va a volver aún más difícil la acción colectiva en Venezuela.
El año pasado escribí una columna sobre los posibles caminos que podrían llevar a la caída de Maduro. En el centro de todos esos caminos está la tensión entre los cambios conducidos por las élites nacionales e internacionales en negociaciones o en conflictos armados y la presión desde “abajo”, por las mayorías. Esta semana el gobierno colombiano tomó una medida que cambia el balance de esa tensión. Evaluar los posibles efectos, de un lado y del otro, será uno de los trabajos teóricos y prácticos más importantes de las próximas décadas tanto en Venezuela como en Colombia.
@afajardoa
