“El periodista, acreditando la verdad, construye todo a su paso”
A propósito de una de las celebraciones del día de los periodistas en Colombia (la tradicional, 9 de febrero, en conmemoración a la primera edición estable de un medio impreso en el país: el “Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá”, dirigido por el cubano Manuel Rodríguez Torices, 1791, en plena Colonia), queremos hacer unas reflexiones sobre revisiones teóricas, prácticas y legales del ejercicio de esta noble profesión (la más hermosa del mundo, según nuestro noble Gabo).
La otra fecha es el 4 de agosto (Ley 1016/2006), recordando 1794 cuando el prócer Antonio Nariño tradujo en su Bagatela los Derechos del Hombre, teniendo en cuenta los principios de libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, destacando en su artículo 11 que “la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre”.
La Ley vigente no acopia mucho de las reivindicaciones perdidas en el periodismo ni recoge adaptaciones propias de esta carrera profesional a que convida lo digital y la virtualidad, sino que muestra apenas meros propósitos declarativos y un reconocimiento profesional a la actividad de informar y opinar en medios masivos de comunicación.
Aunque lo cierto fue que no se logró más debido a la intervención soterrada de los conglomerados económicos, al mismo tiempo propietarios de medios nacionales y regionales, monopolio que acapara las grandes tortas publicitarias y que como aguja hipodérmica trastoca a la opinión pública con estrategias alienantes.
A ellos no les interesa la idoneidad profesional, son enemigos de la cláusula de conciencia y no les conviene la acreditación oficial.
Peor aún, en la dinámica neoliberal que impera en Colombia, la información como valor de uso común es convertida en valor de cambio y de ahí a mercancía que se manipula y se le añaden unos valores agregados fetichizados dignos de un mercado abierto cuyos ofertantes son las cadenas mediáticas, y los clientes son las agencias de publicidad, no ese consumidor inocente fidelizado que recibe la información maquillada para el bien de unos clanes minoritarios pero poderosos que deciden los comportamientos políticos y sociales de toda la nación.
Para la FLIP, los riesgos de manipulación y mordazas de la información en Colombia son de los más altos en el continente, especialmente los que se trafican por internet, y las violaciones a los derechos de información, la censura periodística, el acoso judicial, el hostigamiento, el robo o eliminación de material periodístico, los ciberataques, el trato inhumano o degradante y las amenazadas o atentados a periodistas, son hechos despreciables contra un periodismo que en principio universal debe construirse bajo criterios lógicos (confrontar información), éticos (respetuosos, tolerantes y asertivos) y estéticos (lenguaje agradable).
Se requiere, entonces, una reforma legal, ojalá estatutaria, que le dé herramientas al periodismo para proteger su ejercicio: mejorar el acceso a la fuente, reglamentar una colegiatura nacional de periodistas y comunicadores sociales, promover la idoneidad académicas de los profesionales de las comunicaciones, crear un fondo nacional de prestaciones sociales, democratizar la asignación de publicidad pública, fortalecer los medios independientes, comunitarios y participativos, incentivar la innovación y creatividad mediática, y, ante la crisis sociopolítica y de orden público que vive el país, declarar la actividad como profesión de alto riesgo, soportado en el artículo 73 de la Constitución Nacional:
“La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.
Tal vez, sobre una sola figura jurídica que legisle al respecto y de paso modifique el Decreto Ley 2090 del 2003: “periodismo, profesión de alto riesgo y otras consideraciones”, podría involucrase allí todos los aspectos reivindicativos del quehacer mediático indicados que paulatinamente se han venido perdiendo o que son necesarios reglar para el futuro.
