En un país polarizado como Colombia, en lo único en que los ciudadanos de todas las vertientes ideológicas y estratos sociales están de acuerdo es que la corrupción se enquistó en la sociedad, permeando todos los poderes y convirtiéndose en el peor de los males del país, arrastrando consigo también al periodismo hasta lograr distorsionar su rol en la sociedad.
El verdadero periodista debe informar con apego a principios rectores universales sin los cuales sus actuaciones no son más que un remedo del oficio, que busca fines personales, particulares y políticos, que nada tienen que ver con su papel de vigilante del poder, informando con veracidad sobre los hechos que se derivan del mismo.
De ahí que la primera obligación del periodista es con la verdad, y esta no es más que presentar los hechos con exactitud, verificando y contrastando fuentes e información para ser equilibrado, ya que cada historia tiene mínimo dos lados. La independencia no puede limitarse a no tener conexiones con el poder, pues algunos tienen lealtades con otros “poderes”, cuando la primera lealtad es con los ciudadanos.
Esta falta de rigor y profesionalismo de nuestro periodismo es una herencia de la Constitución del 1991, que aunque tuvo una motivación loable terminó abriéndole la puerta de la profesión a personajes de todos los pelambres, sin ninguna formación, ni ética, ni moral y menos profesional.
Y no me refiero aquí exclusivamente a formación académica en la materia, ya que se puede ser un buen comunicador habiéndose formado en otras profesiones. Ejemplos en Colombia hay suficientes, donde por muchos años los espacios fueron ocupados por verdaderos intelectuales, me refiero es la falta de valores fundamentales que sirvan para actuar de forma correcta.
Esa degradación es la que ha llevado a que con mayor frecuencia se encuentren titulares escandalosos sobre las actuaciones delictivas de los mismos periodistas, llevando a que desde otras esferas de la sociedad se tilde al gremio como un lumpen, donde pocos ejercen la profesión pero muchos la aprovechan.
Ya no se conforman con las migajas del poder, quieren acceder al mismo por cualquier fin, o servirse de él utilizando las mismas prácticas que deberían cuestionar; el CVY de los políticos, (cómo voy yo) que tanto cuestiona la sociedad se vuelve invisible a sus ojos, cuando los llevan a ellos en la coima, solo que cada vez exigen más.
Se rasgan las vestiduras porque un ‘Popeye’, antiguo jefe de sicarios de Pablo Escobar, dejó de empuñar las armas para empuñar un Lápiz y posa ahora como columnista y youtuber, ¿pero cuántos popeyes hay inmersos en los medios? Personajes cómplices, que otrora veían con buenos ojos las masacres, asesinatos, secuestros, extorsiones y demás crímenes en aras de todas las formas de lucha y hoy posan de pacifistas del micrófono.
No es raro pues que hayan cambiado de escenario pero no los métodos, recurren a la extorsión para obligar a pautar en sus espacios o medios; no buscan la eliminación física de su ‘oponente’ pero si su eliminación pública, disparando con saña mentiras y verdades amañadas, porque saben que al final algo queda.
“Su indignación moral es, en la mayoría de los casos, un dos por ciento de moral, un cuarenta y ocho por ciento, indignación, y un cincuenta por ciento, envidia”, como bien señalaba el cineasta italiano Vittorio de Sica.
Su estilo es el comentario, el chisme suelto y la grandilocuencia, desconociendo los límites entre los géneros periodísticos, saltando de la falaz noticia a la opinión, la propaganda y hasta la ficción, convencidos que sus públicos cautivos, en la mayoría de los casos patrocinadores de su misma altura intelectual, les dan la credibilidad del verdadero periodista.
Desprecian en público la ilegalidad, pero no tienen inconveniente en trabajar y ‘extorsionar’ desde espacios ilegales; exigen a todos los actores cumplir obligaciones legales pero obvian hacer las propias, escudados en la libertad de expresión, como si esta estuviera por encima de todo el ordenamiento jurídico, ético y moral.
Desde diferentes escenarios se está pidiendo desenmascarar y marginar del ejercicio público a magistrados, jueces, fiscales, funcionarios, políticos y demás actores corruptos, a través de reformas efectivas para dignificar y rescatar al país, tarea que de emprenderse, para que sea completa, debería incluir al llamado Cuarto Poder, tomado por algunos delincuentes de igual o mayor calado que los denunciados desde sus espacios.