Con motivo del plan de obras que presentó el alcalde de Pereira, Carlos Maya, para lo que resta de su gobierno, las críticas no se hicieron esperar. Críticas de toda índole y calibre, unas bien articuladas otras no tanto.
Sin embargo, las que más inquietud me causaron fueron las referentes a los mecanismos de financiación de este plan pues, nuevamente la administración municipal se abstiene de usar el mecanismo de la "valorización" para su financiación y lo celebro.
Pero para entender las críticas, debemos remitirnos al año 2015 en el cual durante la campaña a la alcaldía de Pereira, el entonces candidato Juan Pablo Gallo, prometió que reembolsaría el cobro por valorización que se había hecho, esto en virtud a que el dicho proyecto de valorización habría sido demandando y con éxito, por el entonces estudiante de derecho Daniel Silva; hoy diputado de la asamblea departamental.
En ese momento, ya siendo alcalde, Juan Pablo Gallo afirmó que la ciudad tenía capacidad de endeudamiento, estructura financiera y el rigor necesario para llevar a cabo el plan de obras proyectado y en efecto avanzó con ellas. Todo esto de la mano de su secretario de hacienda, el hoy alcalde de los pereiranos.
Lo anterior nos habla de coherencia política y de un estilo diferente para administrar lo público, nos muestra que las fuentes de financiación para la inversión pública, no siempre deben provenir de los mismos bolsillos, mucho menos en el contexto socioeconómico que estamos viviendo.
Por eso me gustaría que exploremos un poco al respecto de otras fuentes alternativas de financiamiento para la inversión pública municipal. Estas fuentes que a continuación describo provienen de una breve revisión de literatura sobre la materia.
La constituyente de 1991 trajo consigo una descentralización administrativa, que les asignó mayores cantidades de fondos y el control de los servicios básicos y de la financiación de la infraestructura local a los municipios.”
“Este proceso cambió significativamente la dinámica del gobierno y tuvo impacto sobre el funcionamiento del sistema urbano, pues la descentralización les otorgó mayor responsabilidad a los entes locales, lo que, a su vez, trajo consigo mayores necesidades de inversión.
(Financiando Ciudades, DNP 2010)
Según el DNP, las principales fuentes de ingresos de los municipios colombianos son las transferencias nacionales, en particular aquellas que provienen del sistema general de participaciones (SGP) y de los impuestos, lo que está bien para municipios pequeños con poco o nulo margen de maniobra, pero un municipio mediado o grande no debería ser tan cómodo.
Veamos entonces que otras herramientas se tienen a disposición en municipios del tamaño de Pereira y demos inicio por la más común y tal vez, la que tiene pensando a más de uno.
La valorización es un gravamen real que recae sobre la propiedad inmobiliaria. La base gravable de esta se encuentra relacionada con los costos totales o parciales de una obra pública, los cuales se han de distribuir en función del mayor valor de la propiedad tras el desarrollo urbanístico. (DNP 2010)
Seguimos con la transferencia de derechos de construcción y desarrollo (TDCD). Es una herramienta de planeación basada en el mercado, que se aplica para preservar espacios abiertos, agrícolas, edificios históricos o para incrementar la densidad de desarrollo en dichas áreas. Este instrumento ofrece dos grandes beneficios para los gobiernos locales: compensa a los propietarios de los terrenos por el valor perdido con base en los reglamentos de zonificación y usa el mercado para pagar por la preservación de los bienes públicos. (DNP 2010).
A continuación, los bonos de deuda pública. La deuda pública representa una obligación establecida por el gobierno con aquellos que compran los títulos gubernamentales. Este compromiso implica que el gobierno se compromete a regresar el préstamo, en un periodo determinado con los intereses devengados. La relación entre el gobierno y los tenedores de valores públicos, es de carácter intertemporal, ya que el gobierno se convierte en el nexo por medio del cual las generaciones futuras tendrán que liquidar la deuda a los prestamistas cuando los plazos se venzan. De allí la importancia de que los créditos que el gobierno adquiere de los particulares se conviertan en proyectos que promuevan el desarrollo socioeconómico. (Bonilla 2006)
También se tienen los bonos verdes. Estos operan de igual forma al sistema de bonos anteriormente descrito. Sin embargo, como su nombre lo advierte son un instrumento de apalancamiento donde los ingresos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parcialidad o en su totalidad, proyectos ecológicos elegibles nuevos y/o existentes (ICMA).
Muy similares están los bonos de carbono. Estos son un mecanismo internacional de descontaminación y reducción de las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global y efecto invernadero. Mediante este mecanismo, quien genera los bonos accede a nuevas fuentes de financiación para ejecutar acciones de conservación, fortalecimiento de los ecosistemas e infraestructura o proyectos verdes.
Algunos más sofisticados como la emisión de acciones preferentes; esta herramienta sería muy interesante para usar a través de empresas de servicios públicos. Se denominan acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto a las acciones que como su nombre lo indica, son aquellas mediante las cuales el socio no tiene derecho a voto, pero si a percibir un dividendo mínimo el cual debe estar establecido en el reglamento de suscripción y el cual se debe pagar de preferencia (primero que a cualquier otro) al socio que tiene acciones ordinarias.
Se puede contar también con la pignoración de acciones. Este mecanismo funciona como cualquier otro tipo de pignoración, con ello cuando se pide un crédito al banco o entidad financiera, se ofrece como garantía unas acciones. Mientras que la pignoración esté en marcha, se sigue siendo el titular de las acciones, y por tanto se siguen recibiendo los dividendos que generen y se podrá asistir a las juntas de accionistas.
Y la elegida por la administración municipal en esta oportunidad, la plusvalía. Es el derecho de las entidades públicas a participar de los beneficios, que generan las acciones urbanísticas. La tasa de la misma que se imputará, actualmente oscila en el cincuenta por ciento (50%) del mayor valor por metro cuadrado, este valor se realiza, o se recauda, al momento de la venta de la propiedad o cuando se solicita una licencia de urbanismo. Este mecanismo además de eficiente, garantiza una fuente de ingresos estable y de largo plazo.
Ahora bien. Deberán existir muchos más mecanismos, algunos más sofisticados que otros. Pero al final del día lo que podemos advertir es que, el mecanismo de la valorización no es ni debería ser la única vía, pues en la medida en que la urbanización avanza las ciudades enfrentan presiones adicionales, de modo que debemos encontrar nuevas y mejores fuentes de financiación para apoyar la expansión urbana, la reurbanización y los demás proyectos que requiere la ciudad, ya que todo el gasto y la inversión pública no puede ser solo en vías.
Finalmente, dejo sobre la mesa esta inquietud: ¿queremos seguir creciendo o creer que estamos creciendo? En la medida que volvamos más sofisticado nuestro modelo de financiación territorial, en esa medida creceremos.
Debemos hacer más grande la torta, no seguir partiendo la misma de hace 50 años.
