El Consejo de Estado de Colombia inalteró la decisión que tomaron tres árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá en la que definieron, entre otras cosas, que el Estado no asumirá las deudas de Odebrecht con los bancos que les prestaron dinero para el proyecto de la construcción de la Ruta del Sol 2.
Según información de El Espectador, el alto tribunal no modificó la decisión judicial que busca proteger los intereses de la Nación y que dejó a Odebrecht, CSS Constructores, del grupo Solarte, y Episol, de Corficolombiana, sin alternativas para pagarles a los bancos quienes financiaron el proyecto.
Con la ponencia de la magistrada María Adriana Marín, el alto tribunal estudió los más de siete recursos que presentaron, no solo de los socios del proyecto, sino también las entidades bancarias que terminaron afectadas. Es así como estas organizaciones le pidieron al Consejo de Estado anular la decisión, pues consideraron que se había tomado por fuera de lo legalmente permitido y que el tribunal se había pronunciado por temas que no eran del proceso.
Sin embargo, para los magistrados del Consejo de Estado, el laudo estuvo bien hecho y no hay nada qué cambiarle. Para el alto tribunal, la decisión que se conoció en agosto de 2019 es completamente legal y el Estado solo debe pagar $211.273 millones (el valor del 52 % de las obras que sí se entregaron y que el país debe reconocer), lo que quiere decir que es apenas el 5,52 % de los $3,8 billones que buscaban obtener los que pidieron tumbar el laudo de los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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De acuerdo con información de El Espectador, uno de los pilares del laudo que dejó íntegro el Consejo de Estado tiene que ver con un reproche que hicieron los árbitros del caso: pues los tres juristas insistieron que ni Odebrecht, ni sus socios, ni ningún otro actor del pleito judicial, le dio al tribunal un informe creíble de los estados financieros de sus cuentas que les permitiera determinar, con certeza, cuánto dinero del que llegó a su poder fue usado en pago de coimas (que los brasileños ya aceptaron haber pagado en Colombia para quedarse con el millonario contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2).
Así las cosas, según explicaron los árbitros, la concesionaria no logró probar que el dinero invertido por los bancos se utilizó para un bien público.
Según información de El Espectador, en la defensa Bancolombia tuvo a Daniel Posse; Davivienda, a Juan Carlos Esguerra; Itaú, a Eduardo Zuleta; Corficolombiana, a Andrés Flórez Villegas; la concesionaria, a Ángel Castañeda; Odebrecht, a Humberto Meza y Liliana Sarmiento; Episol, a Patricia Mier, y el Grupo Aval, a José Roberto Sáchica, quienes se enfrentaron a los árbitros Catalina Hoyos Jiménez, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Mauricio González, a la Cámara de Comercio de Bogotá y la Procuraduría.
Para el Consejo de Estado, esta disputa jurídica, no tiene otro camino que no anular la decisión arbitral. Aunque esta determinación es fundamental para el futuro del laudo, quienes han buscado tumbarlo todavía pueden presentar una tutela para que la Corte Constitucional revise el caso.
