Mucho daño ha hecho la idea de que cualquier contacto del gobierno Duque con las fuerzas políticas representadas en el Congreso implica un acto de corrupción. Ese prejuicio, que tiene sólidas bases y antecedentes, es la piedra en el zapato del actual gobierno que ha hecho de la lucha anticorrupción una de sus banderas y considera, no sin razones y con muchos riesgos, que mantener alejados a los políticos del gobierno central es un gran logro. Sin embargo, el asunto hay que plantearlo de modo diferente: la formación de una coalición de gobierno, necesaria porque el ejecutivo no tiene mayorías en el Congreso, debe tener como consecuencia la participación de las fuerzas que la conforman en la administración, y todas ellas deben comprometerse con una gestión transparente, abierta al escrutinio público y a los organismos de control.
Una cosa es la decisión de no condicionar apoyos políticos a la entrega de recursos públicos con frágiles controles, lo cual es una sana iniciativa en pro de la dignificación de la política, y otra muy distinta construir una coalición parlamentaria sin la participación en la administración de las fuerza políticas que la conforman, lo cual hace casi imposible la gobernabilidad. Participar es una cosa, “mermelada” otra. Juntar ambas cosas como si fueran una sola es mezclar peras con manzanas.
El manual más elemental de ciencia política enseña que no puede haber responsabilidad sin participación. Ni gobernabilidad tampoco. El experimento insólito del gobierno Duque de tratar de armar una coalición parlamentaria que no se refleja en la composición de su gabinete, tiene pocas posibilidades de éxito. Sus dificultades se medirán en el trámite de las normas con las que quiere llevar su plataforma de gobierno a la legislación. No les espera un camino fácil, con una agenda paralela presentada por Cambio Radical, con temas polémicos que generan enormes resistencias, como la reforma tributaria y la pensional, con ministros erráticos que parecen ir en contravía del pensamiento presidencial y no representan fuerzas políticas ni regionales; y con el hecho escueto de que la única participación política en la administración es la de su propio partido, y eso, porque éste tampoco está satisfecho con el reparto.
Ministros erráticos que parecen ir en contravía del pensamiento presidencial
y no representan fuerzas políticas ni regionales
El sofisma de que toda participación política en el gobierno es corrupta y el gobierno es impoluto, termina por ser un llamado al totalitarismo ejercido por los puros. Casos se han visto. La verdadera lucha anticorrupción es demostrar que los organismos de control tienen la capacidad de garantizar el correcto uso de los recursos públicos en el desarrollo de las políticas gubernamentales, cualquiera sea la filiación política de quien las ejecuta. Un observador atento diría que es en la manera como se eligen quienes manejan los organismos de control donde está la fuente principal de la corrupción puesto que esos altos funcionarios quedan a merced de quienes los eligieron, impedidos para afectar a quienes los representan en la administración.
La corrupción no se genera sólo en los organismos de representación, Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, como píamente lo diagnosticó la consulta anticorrupción, sino principalmente en la laxitud de los controles y por supuesto en la inoperancia de la justicia: la ocasión hace al ladrón. Limitar sus períodos y sus salarios, obligarlos a presentar su declaración de renta y a rendir cuentas, son medidas que no están directamente relacionadas con actos de corrupción de los funcionarios elegidos, como si lo están la cárcel para los corruptos e impedirles contratar con el Estado, sanciones que son siempre resultado de un trabajo eficiente de los organismos de control y de la administración de justicia.
La política es el arte de la simplificación exitosa. El término “mermelada” hizo carrera porque resumía la indignación ciudadana por la puesta del presupuesto nacional al servicio de intereses electorales. La solución gubernamental a esa vergüenza nacional, es que ni el presupuesto ni su ejecución a través de la administración pública, esté untada; y la forma de ejecutarla es que ningún funcionario tenga vínculos con la política que es la fuente de todo mal y peligro. Un divorcio que puede crear un problema mayor que el que se quiere solucionar: que sean unos funcionarios desconocedores de la realidad nacional quienes terminen administrando las políticas públicas. El éxito de la tecnocracia es que ha aprendido cómo funciona la política y le ha puesto barreras, pero ha convivido con ella. El éxito de un Presidente es tener a la mayoría del mundo político bajo control con precisas reglas de juego, pero contando con él. ¿Cómo gobernar con técnicos y sin políticos? Si esa fórmula existe sería el más importante descubrimiento de la ciencia política desde la Constitución de Filadelfia.
