Una maravillosa cosecha se avecina para esta temporada. Y no me refiero principalmente al pepino cohombro, la curuba San Bernardo o el plátano colicero, de tan buen precio en Corabastos por estos días.
Me refiero a la poco gratificante cosecha de leyes, reglamentos, manuales, guías, criterios y planes que se avecinan en materia de contratación pública.
Son dos las mercancías principales de esta producción: el reciente reglamento de contratación estatal, y la próxima ley de infraestructura, que está transitando muy tiesa y muy maja en el Congreso.
Hoy nos ocuparemos apenas del reciente reglamento, y dejamos lo de infraestructura para momento posterior:
Hace menos de quince días se conoció el nuevo decreto 1510 de 2013 que reglamenta la contratación pública. Se trata nada menos que de 163 nuevos y remozados artículos que vienen a reemplazar la cosecha de normas reglamentarias que nos regían desde hace una eternidad ¡¡¡hace… 14 meses!!!
En efecto, el decreto 734 del año pasado, que duró lo que dura un bizcocho en la puerta de una escuela, ofrecía el beneficio de recoger “en un solo cuerpo normativo las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales”. Pero no está en riesgo aquello de “un solo cuerpo normativo”, tranquilos, pues el nuevo fruto de nuestros agricultores legales (el tal 1510) también reconoce que “es conveniente mantener en un solo instrumento la reglamentación aplicable al sistema de compra y contratación pública”. Siquiera que eso quedó claro por que de lo contrario, hubiera sido una terrible confusión…
Una cosa sí preocupa: según se anuncia, Colombia Compra Eficiente (planta de cargos creada recientemente para tirar línea en contratación), está trabajando en un nuevo “proyecto de ley” que estaría listo para finales del año 2013, lo que equivale a decir que en el calendario agrojurídico nacional tendremos abastecimiento alto, otra vez, para Navidad: ¡No hay derecho! ¿Para qué entonces el nuevo decreto de hace dos semanas? ¿Alcanzará a producir algún efecto benéfico en el ensombrecido panorama de la contratación?
Pero ahí no paran las dudas: En el nuevo decreto, el gobierno deja a futuras vendimias la regulación de aspectos que debieron ser considerados de una vez: manuales para el uso de los acuerdos marco de precios, manuales y guías para la identificación y cobertura del riesgo, manuales y guías para determinar capacidad residual en contratos de obra pública, manuales y guías para la elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones, manuales y guías para el uso del clasificador de bienes y servicios, formatos para elaborar el plan anual de adquisiciones, pliegos de condiciones tipo para la contratación y “minutas tipo” de contratos.
Y si lo anterior no les parece agobiante a los lectores de Las 2 Orillas, les tengo esto: ¡Cada entidad estatal debe contar con un manual de contratación! ¿Para qué diablos sirven la ley y sus reglamentos si las entidades tienen que crear y cumplir, además de lo anterior, su propio manual?
Año tras año, década tras década, la justificación oficial de la cosecha normativa es la misma: interpretaciones estrechas que afectan la transparencia (decreto 222/83), interpretaciones amplias que benefician la trampa (ley 80/93), ausencia de transparencia y falta de probidad pública (decreto 2170/02), dispersión de normas que afecta la transparencia (decreto 734/12), realidad global y trato nacional para asegurar la transparencia (decreto 1510/13).
Y sin embargo, queridos lectores, la vida real de la contratación pública ha llegado a niveles de tal grado exasperantes, que hoy 30 de julio, según anuncia Caracol Radio, se realizará un plantón nacional bautizado como “firmatón por la dignidad de la ingeniería colombiana”, en el que se denunciará que “el 90% de los pliegos licitatorios están amañados”. ¡¡¡El 90%!!!
Es formación, y no básculas, lo que necesitan nuestros funcionarios públicos para una contratación transparente. No es atosigando con canastas de farragosos incisos que se va a solucionar el problema de la corrupción, ni engañándose con medidas normativas que disfrazan la realidad y aplazan el debate sobre la problemática. La “cirugía profunda” que reclamó la contralora Sandra Morelli recientemente no debería ser a las normas de contratación, sino a la educación en contratación. Es cierto que muchos personas educadas roban, pero está demostrado que a mayor educación cívica hay menos permisividad a prácticas corruptas y menor tendencia a violar la ley. No hay que ser “visionario” para considerar esa idea.
P. D. Sobre el tema del nuevo decreto, siéntanse libres de fijar su propio criterio; pero es en serio lo que decía al comienzo sobre la temporada en Corabastos. Datos de hoy: lechuga $727, mazorca $400, pepino cohombro $900, pepino común $1000, pimentón $2000, rábano rojo $3333, remolacha $600, repollo $400, tomate chonto $1500, decretos reglamentarios $…
