Dice el presidente Duque que a la fecha han sido reconectados gratuitamente al servicio de agua 200.00 hogares, donde viven más 800.000 de personas, cortado por falta de pago. O sea, que si no hubiera sido por el covid-19 seguirían sin agua pues no podían pagar el costo de la reconexión, ni el servicio. Es la más desoladora imagen de un país pobre; un dato más en el conjunto de ayudas que a través del Sisbén y de programas dirigidos a poblaciones vulnerables de jóvenes y ancianos, está llegando a cerca de 5,3 millones de personas, en una operación relámpago que ha funcionado con eficacia manejada por el Departamento Nacional de Prosperidad Social, pues se trata de una población identificable, a la cual se quiere ayudar en el aislamiento, pero que deja por fuera a quienes no están en ninguno de esos listados.
Así que lo que pone en evidencia la pandemia no son tanto las limitaciones de las camas de hospital y de cuidados intensivos que eventualmente se necesitarían, lo cual se trata de controlar con la cuarentena, sino la extensión de la pobreza de buena parte de la población, cuyo acceso a los servicios públicos, especialmente la seguridad social en salud, a pesar de su teórica cobertura universal, es de hecho muy limitada, llena de enormes déficits financieros (aún no subsanados por enredos administrativos), de trabas burocráticas, de costos impagables para ellos, de esperas sin fin, dilatadas ahora por las precauciones que se han tomado.
No es solo que haya un grupo enorme de personas, 27 % de la población en 2018, que se clasifica como pobre y que recibe ayudas estatales, sino que el grueso de la oferta laboral, cerca del 40 %, deriva sus ingresos de pequeñas y minúsculas actividades de prestación de servicios, suspendidas por la cuarentena, cuyo bienestar básico depende de su trabajo diario y de que haya gente en la calle.
¿Cómo llegar a todas esas personas con ayudas rápidas y en efectivo que complementen la moratoria del pago de servicios públicos y de créditos bancarios, mientras dura la cuarentena, que según se rumora puede extenderse o puede repetirse, cuya reglamentación y reparto está en manos de la burocracia oficial, sin que antes no haya una explosión social de descontento? ¿Cuál será el tiempo real estimado de convertir los discursos oficiales en realidad? ¿Cuánto se demorará en perderse los logros en disminución de la pobreza y fortalecimiento de la clase media en una economía clausurada? ¿Puede el asistencialismo reemplazar los ingresos laborales, por bajos que sean? ¿Es un cierre prolongado una opción realista?
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Cualquiera se pregunta después de tratar de ilustrarse si no habrá una manera de proteger a quienes el virus les puede hacer más daño, sin derrumbar la economía
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Como no se trata de poner en un lado de la balanza las vidas humanas y en el otro la economía, que es una manera absurda de simplificar el problema y de descalificar como inhumanos a quienes se preocupan por las consecuencias económicas del paro general, cualquiera se pregunta después de tratar de ilustrarse con los conceptos de epidemiólogos y salubristas, con gráficos y cifras, si no habrá una manera de proteger a los ciudadanos a quienes el virus les puede hacer más daño, sin derrumbar la economía, sin el enclaustramiento general en que estamos, sin contar como algunos países desarrollados que han hecho lo mismo, con altos niveles de vida, seguros de desempleo, identificación plena de la población y excelentes servicios de salud.
A pesar de la gravedad de la epidemia en algunas partes, el enclaustramiento general no es la norma. México, con un sector informal tan grande como Colombia, está ensayando un aislamiento progresivo con medidas para evitar concentraciones y recomendaciones de distanciamiento social, pero lo mismo están haciendo países ricos, pequeños como Suecia, Corea del Sur y Singapur, o muy poblados como el Reino Unido y Japón. No todos han obligado al encierro, aunque recomiendan quedarse en casa, y los países más grandes del continente americano, todos federales, Estados Unidos, Brasil y México, de distintas ideologías, con expertos asesores, buscan maneras alternativas que protejan al mismo tiempo a la gente y la economía, enfrentado de paso las autoridades federales con las estatales. Así que no hay una verdad científica revelada sobre cómo manejar la pandemia.
Es válida la pregunta de si el costo gigantesco de presumir que toda la población de un país está bajo una amenaza mortal, que no es el caso del covid-19, muy agresivo y contagioso, con una tasa de mortalidad ente el 3 % y el 5 % de los contagiados identificados (2 % en Colombia), podría ser mucho menor y más efectivo si se focaliza en la protección de las poblaciones de más alto riesgo, ancianos y enfermos con patologías específicas, aislamiento de los contagiados y prohibición de reuniones y concentraciones públicas. Para ello se requiere multiplicar las pruebas para llegar a todos los posibles contagiados aun asintomáticos y multiplicar la producción de ventiladores para respiración asistida, dos cosas que no se están haciendo en el grado necesario.
Pero, doctores tiene la Santa Madre Iglesia y hoy todos estamos confinados, al parecer sin una fecha segura de terminación. Quizás su ensañamiento en poblaciones envejecidas de países desarrollados, que controlan la información internacional, es lo que ha desatado este pánico universal. Al menos los ancianos vulnerables y los enfermos van a estar más protegidos. Pero quizás ello pueda conseguirse también con otros enfoques menos drásticos y ruinosos, que no fuercen a la gente a romper la cuarentena para sobrevivir, aunque el decreto expedido tiene más excepciones que la gramática francesa. O para rebelarse, si no se le satisfacen de inmediato y bien las expectativas creadas, o si el hambre acosa.
