Una proporción muy alta de los colombianos mayores adultos no recibe pensión y debe vivir en condiciones precarias por muchos años después de terminar su vida productiva. La cifra es creciente. Preocupan la grave perspectiva para millones de compatriotas y el gravamen inexorable para las finanzas públicas, pues el gobierno nacional no podrá dejar de suministrar lo necesario para atender una proporción de las necesidades básicas. Dilatar la acción, conducta de todos los gobiernos desde la Ley 100 de 1991, no es solución. La tarea no se limita a reformar las normas sobre pensiones: hacia adelante será preciso atender las necesidades de toda la población con el valor agregado que puede aportar una menor proporción de ella, porque tanto la fase preparatoria para el trabajo como la improductiva por vejez son cada día mayores. Es preciso aumentar la productividad, reducir la informalidad y ordenar la normatividad.
Hace medio siglo la expectativa de vida en Colombia era mucho menor que la actual: pocas personas lograban disfrutar de verdad la vida una vez terminada su fase productiva. Las empresas hacían la provisión para pago de pensión bajo la premisa de que la relación laboral era estable, pero en la práctica ni el trabajador ni su cónyuge tenían seguridad social efectiva, pese a que el Artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo establecía la pensión de jubilación a los 55 en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres. El país hizo tránsito rápido de sociedad agraria a urbana: la mayoría de la población era rural hasta finales de los cincuenta; una gran proporción era analfabeta; casi todos los trabajadores formales eran hombres. En los sesenta la tasa de natalidad era elevada, en tanto que la de mortalidad declinó como consecuencia de mayor cobertura y calidad de servicios sanitarios y médicos, y mejor educación. La población era joven, de manera que el número de personas que se sumaban a la fuerza de trabajo cada año era mayor que el número de las personas que se retiraban de la fuerza de trabajo.
La modernización del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales bajo Lleras Restrepo, a finales de los sesenta, fue una verdadera revolución en seguridad social. Sin embargo, el régimen de prima media que se estableció, con edad de jubilación a los 60 años para hombres y 55 para mujeres, con proporciones altas de los salarios si se tenía una vida laboral larga, y aportes importantes a cargo del Estado, era insostenible, a pesar de que nunca logró elevada cobertura hasta que el país vivió una nueva reformulación de la seguridad social a principios de los noventa, esta vez con base en los aportes individuales de cada trabajador y su empleador a fondos cuya administración es vigilada por la Superintendencia Financiera.
Las cifras son elocuentes: hoy solo 23 por ciento de los adultos mayores, o sea hombres mayores de 62 y mujeres mayores de 57 años, tiene pensión, y se estima que la proporción baje a 19 por ciento a mediados de este siglo. El asunto tiene visos de catástrofe. El alto gobierno lo ha abordado en sus pronunciamientos, pero no parece entender la urgencia de hacer cambios de fondo en lo relacionado con el régimen pensional y la informalidad laboral, hoy del orden de 48 por ciento. El régimen de prima media con solidaridad, con participación del Estado en su financiación, hoy a cargo de Colpensiones, tiene tintes de apuesta, dado que la pensión se fija con base en los ingresos reales de los últimos diez años de vinculación. Así, una persona cuya suerte laboral no haya sido la mejor en su fase final puede ver menguados sus ingresos en relación con aportes significativos durante el grueso de su vida productiva. Además no sería sostenible sin ajustes importantes según su Presidente, Mauricio Olivera.
La razón es clara: el régimen otorga, en promedio, más subsidios a los jubilados de altos ingresos que a los de salario mínimo. El impacto fiscal anual por cuenta del pasivo pensional es del orden de los $38 billones, cifra que incluye el costo de los regímenes especiales, costosos e ineficientes, para los maestros y las Fuerzas armadas, que suman aproximadamente dos tercios de la cifra. En contraste, los activos a cargo de los fondos privados suman hoy casi $200 billones y crecen de manera consistente. Se estima que los fondos provean los recursos para 60 por ciento de los más de tres millones de pensionados que tendrá el país en 2050. Afortunadamente, como sostuvo ante la prensa por los días del último Congreso de Asofondos, Miguel Largacha, Presidente de Porvenir, la administradora de fondos más grande, controlada por Grupo Aval, los traslados del régimen individual al de prima media se han reducido en forma drástica, para beneficio de ambos, trabajador y finanzas públicas.
Por supuesto, todos los colombianos congresistas, aviadores, maestros, policías y soldados, trabajadores independientes y asalariados, deberíamos tener el mismo régimen pensional.
No se entiende por qué mantener las diferencias, si somos iguales ante la ley. Además los recursos del Estado deberían centrarse en las personas más vulnerables; el aporte público para asegurar las pensiones debería centrarse en el pago por sus colaboradores. Es prioritario fijar reglas iguales para hombres y mujeres: la galante diferencia del Código Sustantivo del Trabajo no tiene sentido, pues la expectativa de vida de la mujer es mayor que la del hombre. Así como debería haber igual remuneración por tareas iguales, también debería haber la misma edad de jubilación para los dos géneros. Se debe subir la edad para todos, pero es riesgoso subirla demasiado, pues las personas a partir de su sexagésimo aniversario tienden a perder capacidad productiva, y pueden ser estorbo en la entidad con la cual tangan vínculo laboral. Una cifra prudente puede ser 65 años. Es importante promover la sujeción a las normas de los trabajadores independientes y la formalización del trabajo como regla de convivencia.
En contraste, es de limitada utilidad la modificación al régimen de inversiones tan cacareado por el Presidente Santos hace un par de meses: la mejor forma de subir los rendimientos es mediante el impulso sostenible al crecimiento económico, con bases sólidas en ciencia, tecnología, educación, salud, justicia y seguridad, infraestructura y demás servicios públicos. Allí está el meollo del asunto, pues se necesita una economía mucho más moderna para enfrentar la gran batalla de la productividad que nos espera por cuenta de los cambios demográficos y de la automatización. No enfrentar la tarea de financiar el futuro en un mundo cambiante puede ser fatal.
