Ha brillado su respaldo a los obispos del Chocó, junto a otras iglesias y organizaciones sociales, en su denuncia clara y contundente del abandono estatal y de la connivencia por acción u omisión del ejército con estructuras paramilitares, llámese ahora, disidencias o Clan del Golfo.
Esa denuncia vino luego de seis misiones de verificación, una al Occidente Antioqueño y cinco al Chocó con hallazgos que se presentaron en reunión con gobierno, Naciones Unidas, y luego en rueda de prensa en las instalaciones de la Conferencia Episcopal. Se habló de la presencia paramilitar, de las minas antipersonal, del conflicto armado, de los incumplimientos al acuerdo de paz, de los proyectos de exploración minera que fractura las comunidades, de la violencia urbana, entre otras.
Y quién dijo miedo. Los ataques del gobierno y del ejército no se hicieron esperar: tutela contra el obispo de Quibdó Mons Juan Carlos Barreto, carta de la Brigada IV y de la Brigada XV contra otras diócesis, iglesias y organizaciones que suscribieron el informe; palabras desteñidas del ministro de Defensa descalificándolas, y luego las palabras del ministro del Interior diciendo que era exagerado y faltaba a lo verdad lo que se había manifestado en el informe.
Y ahí la Conferencia Episcopal en cabeza de monseñor Luis José Rueda, su presidente actual, respaldando el informe, a sus obispos y con ellos a todas las organizaciones que los suscribieron. Vino una clara y contundente carta de respuesta a esas comunicaciones militares y la cancelación de una reunión con un funcionario gubernamental, por ausencia de condiciones ante la descalificación por parte del Ministro del Interior de la palabra de los obispos del Chocó que junto a las comunidades rarificaban las denuncias.
El último gesto público fue la visita a Quibdó, acompañando la velatón, que trascendió hasta Roma, con la publicación que hiciera la agencia de la Conferencia Episcopal Italiana Sir de la carta de respaldo de líderes y lideresas religiosas del mundo al pueblo y los obispos del Chocó, que fue firmada entre muchos otros por monseñor Bruno Duffé, exsecreario General del Dicasterio Vaticano de Desarrollo Humano Integral y por el presidente de el Sicsal Oscar Arnulfo Romero, el obispo mexicano Raúl Vera.
Las organizaciones del Pacífico y Valle y del Cauca también se movilizan y cuentan con el apoyo de la iglesia. Las organizaciones de Arauca están pidiendo también la presencia de los obispos de la Orinoquia en la misión de verificación que se adelantará en la zona entre 21 al 24 de marzo, que seguramente contará con su presencia, pues lo que se vive en el Chocó y el Occidente de Antioquia se vive también en el resto del país.
Pensábamos que no lo veríamos porque lo que sobresalía en el pasado era una iglesia silenciosa y cuando hablaba era respaldando a la institucionalidad militar y censurando a las organizaciones sociales que hacían las denuncias de las violaciones a sus derechos. Hoy el profetismo se está viendo, ese de monseñor Valencia Cano en Buenaventura, el de el monseñor Monzalbv, arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, el de religiosas y religiosos, laicas y laicos, que a pesar de su propia jerarquía, construían comunidades eclesiales de base, organizaciones de derechos humanos que acompañaron y siguen acompañando, también, en momentos muy difíciles de represión estatal y de conflicto armado.
Hoy se cuenta con la palabra de respaldo de el papa Francisco, quien en fidelidad al Evangelio, llama a los religiosos a dejar la “cara de estampita”, a salir de los edificios y volver a la calle, a comprometerse con la ecología integral, a desacomodarse, a correr riesgos, a encontrase con los movimientos populares, con las personas más empobrecidas, a criticar el modelo económico que produce los desastres que está produciendo a la vida humana y de toda la naturaleza, a vivir de manera sencilla.
Afortunadamente, lo estamos viendo, con toda la esperanza que eso aporta a los pueblos que sufren.
