El proyecto Ciudad CAN, propuesta ganadora para la Renovación Urbana del CAN del gobierno Santos, pretende reemplazar la actual zona pública del Centro Administrativo Nacional por un complejo de viviendas, oficinas y comercio, que se proyecta como el negocio inmobiliario más importante de Bogotá, con una inversión de más de $12,8 billones de pesos.
Para que Santos pueda llevar a cabo este proyecto, y le quite así más de 93 mil metros cuadrados a la universidad, requiere de la alcahuetería de la Administración Peñalosa. El Vicepresidente Vargas Lleras mencionó que “el Gobierno Nacional le propuso al Distrito un Plan Maestro” y para avanzar en el proyecto de Renovación se requiere una “Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial” .
Peñalosa ya le dio el guiño al Gobierno Santos, y en el Plan de Desarrollo radicado en el Concejo de Bogotá menciona que, de “los proyectos estratégicos asociados al sector Hábitat […] la administración distrital priorizó los siguientes proyectos: 1. Centro Administrativo Nacional”.
Además, el distrito requiere “la adquisición de terrenos para la expansión urbana, la identificación de terrenos subutilizados en la ciudad consolidada [para] la ejecución de proyectos de desarrollo urbano y la incorporación de nuevas áreas de renovación urbana”, para lo cual cuenta con mecanismos de expropiación enmarcados en el ordenamiento territorial como “los previstos en […] la ley de Infraestructura y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo”. Mencionar que el PND, en su artículo 275, le da facultades de expropiación a la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, empresa encargada del proyecto.
El alcalde comprende el negocio que representa el CAN para sus amigos y en el mismo documento especifica que “de acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación (SPD), cada peso que se invierta en planes parcial de Renovación Urbana, generaría $2,1 de valor agregado en el total de la producción. Los sectores más beneficiados serían: construcción, servicios inmobiliarios, y fabricación de sustancias y productos químicos.”
Por ello resultan vergonzosas las declaraciones del viceministro de vivienda en la subcomisión sobre el proyecto CAN en la Cámara de Representantes realizada el pasado 3 de mayo, donde expresó que la universidad debería someterse al interés general y ceder sus terrenos a la renovación. Descaro del Gobierno presentar el negocio inmobiliario de unos cuantos como el interés de la mayoría, por encima del derecho a la educación y la salud que representa la universidad y el Hospital Universitario Nacional.
Las cartas de Peñalosa y Vargas Lleras están jugadas a favor del negocio inmobiliario de grandes banqueros como Sarmiento Angulo. Por esto es deber de la comunidad académica de la universidad, y de la ciudadanía en su conjunto, oponerse al modelo de ciudad y país de Peñalosa y Santos donde priman los negocios de unos cuantos por encima de los derechos de todos.
* Columna retomada de la revista Ciudad Blanca
