Bogotá podría ser este año pionera en el uso de la figura de revocatoria del mandato ciudadano. Es un derecho consagrado en la Constitución Nacional -Artículo 103- que establece los mecanismos de participación ciudadana, y en la Ley 134 de 1994 que los reglamenta. Por medio de ella los ciudadanos pueden solicitar la terminación del periodo de gobierno del mandatario en ejercicio, cuando consideren insatisfacción general con su gestión o porque no haya cumplido con los compromisos adquiridos en su programa de gobierno.
Si bien ya se ha hecho uso de este mecanismo en diferentes oportunidades y en diferentes ciudades y municipios, hasta ahora no ha sido efectivo, bien porque no se cumple el umbral de participación requerido (número mínimo de personas que deben ir a las urnas) o bien porque no se cumple el umbral aprobatorio (número mínimo de votos afirmativos que se necesitan para que el mandatario sea revocado)[i].
Las razones para no alcanzar el umbral son de diferente naturaleza: la desinformación característica de la ciudadanía, la apatía hacia la participación, el peso que incluso en este tipo elecciones tienen prácticas como el clientelismo, el nepotismo, el amiguismo, etc. y siempre los intereses que en una u otra perspectiva están en juego cuando se trata de las administraciones locales.
De todas maneras, tal como están las cosas y en medio del escenario político que se viene con el inicio en firme de la campaña presidencial que, quiérase o no, se va a cruzar en cualquiera de los acontecimientos que durante este año y el próximo se van a manifestar, no es descartable –tampoco fácil- que Bogotá pudiera, al respecto, llegar a marcar un hito.
El alcalde Enrique Peñalosa terminó su primer año de gobierno con un índice de favorabilidad de sólo un 22 %, de acuerdo con la encuesta del programa Bogotá cómo vamos, algo que no deja de sorprender cuando, contrario al anterior gobernante, Gustavo Petro, tiene a su favor un Concejo distrital que le ha aprobado la casi totalidad de los proyectos (17 de 19), no ha tenido el bloqueo y la afrenta mediática de éste último y sus propuestas han contado con pleno respaldo del gobierno nacional y los sectores empresariales de la ciudad.
De manera que, con esos nada despreciables factores a su favor, es claro que la vara que está midiendo su gestión es pura y simplemente la de la percepción ciudadana, que no ha visto las realizaciones de la llamada capacidad gerencial con la que se ha vendido siempre su figura.
Frente a las principales demandas de la ciudad, la administración no despega y antes que gerencia y planificación eficiente lo que ha mostrado es una alta dosis de improvisación, falta de claridad y serios problemas de comunicación con los ciudadanos, incluidos factores que pusieron en entredicho su estatura ética, como es el de mentir y haberse mostrando ostentoso frente a títulos profesionales que en realidad no poseía. Esto último quiebra enormemente la figura de cualquier gobernante, pues si algo cuesta para asegurar condiciones de gobernabilidad es la confianza que se debe mantener con los ciudadanos, independiente de que, como en este caso, los títulos no se requirieran.
Lo cierto es que lo que realmente está en juego es una concepción de desarrollo y un modelo de ciudad que marcará el futuro de muchas generaciones, frente a los que el alcalde se ha mostrado demasiado arrogante y reacio al diálogo, negándose incluso a asistir a los debates de control a los que ha sido citado en el Congreso de la República.
Su visión no parece coincidir con la de la mayoría de los ciudadanos que ven con preocupación cómo toma distancia de problemáticas que el mundo entero llama a poner en sus agendas como el calentamiento global, la segregación o falta de inclusión de amplios sectores sociales, la solución estructural a los problemas de movilidad, la seguridad y el fortalecimiento de lo público, para tomar sólo algunas de ellas.
Por el contrario, sin haber renovado su discurso respecto de su anterior administración, el Alcalde fija su agenda en conceptos sesgados hacia la competitividad económica, el desarrollo empresarial, el desmedro de lo público y el liderazgo fundamental del sector privado, en contravía de una apuesta más acorde con un desarrollo humano y sostenible, orientado a la búsqueda del equilibrio ambiental, la participación ciudadana en la configuración de las políticas y los planes de desarrollo y la garantía de acceso a derechos individuales y colectivos para todos los ciudadanos.
En el tema ambiental, la urbanización de la reserva Thomas Van Der Hammen es lo que más ha estado en el centro de la controversia, máxime cuando se sabe que obedece también a compromisos adquiridos con quienes fueron los principales financiadores de su campaña, en este caso las empresas constructoras, que serían las más beneficiadas en caso de que finalmente lograra obtener las respectivas autorizaciones de construcción y no prosperen las demandas que por ese efecto tiene en su contra. Para Enrique Peñalosa, la tal reserva es un potrero.
Respecto de la movilidad, la ciudad no sólo no registra avances sino que tampoco está claro el panorama de lo que realmente va a hacer la actual administración. La congestión vehicular continúa y el malestar con el servicio de Transmilenio, que en materia de movilidad es lo que centra su atención, pesa todavía sobre una ciudadanía que sigue soportando demoras, incomodidades y robos, sin advertir cambios o esperar soluciones en el corto o siquiera mediano plazo.
A propósito, la del metro es una solución que el Alcalde ha asumido a regañadientes, más por la presión que porque sea un sistema que realmente le convenza o sea de su interés. La ciudadanía no ve con buenos ojos que los miles de millones de pesos que ya se habían invertido para los estudios del metro subterráneo se vayan a echar a la basura, pues sabe que el palo no está para cucharas como para que, golpeada con nuevos impuestos y cansada de tantos hechos de corrupción, se acepte que se dilapiden de esa manera los recursos. Tampoco la propuesta de un metro elevado satisface a quienes por experiencia y conocimiento saben que éste es un modelo antitécnico, además de antiestético y que resultaría a la larga más costoso que la versión subterránea.
Por demás, a propósito de improvisación, la propuesta que le fue aprobada en el Concejo sobre plan de vigencias futuras para garantizar los recursos que financiarían la primera línea del metro no cumplía al parecer con los requisitos formales ni tenía los estudios técnicos requeridos, razón por la que el Alcalde, algunos de sus funcionarios y concejales del Distrito han sido demandados por prevaricato. De acuerdo con lo que se ha conocido, la demanda tendría altas posibilidades de prosperar, lo que sería un duro revés para la administración.
En otro aspecto, antes que su fortalecimiento, el Alcalde prioriza una visión que desprecia y subordina el rol del Estado a la iniciativa privada, a quien ha vendido importantes activos como la ETB y el porcentaje de participación que tenía en la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, que son empresas rentables y estaban generando importantes dividendos para la ciudad.
En materia de derechos fundamentales ha sido fuertemente cuestionado el tratamiento del que han sido objeto distintos sectores sociales, entre ellos los vendedores ambulantes, que no ven una solución que no sea la de correrlos con la policía y quitarles sus pertenencias, cuando se sabe que el fenómeno del rebusque y la informalidad sintetiza una problemática heredada de la violencia rural y urbana, el desplazamiento, la pobreza y la imposibilidad de acceder formalmente a un empleo por parte de propios o foráneos que habitan en la ciudad. Al lado de ello, la ciudad ha retrocedido en materia de atención en salud, con un modelo que, de acuerdo con manifestaciones hechas por usuarios y trabajadores, por diferentes medios, ha desmejorado la capacidad operativa y logística de atención, contrario a lo que se había proyectado con el nuevo modelo de integración en redes.
En los temas de seguridad, aunque la Alcaldía se adjudica cifras positivas, la percepción para el ciudadano no es la mejor. Sobre el particular, lo más destacado durante este primer año ha sido la intervención en el Bronx, que si bien estuvo justificada por todo lo que allí ocurría, dejó ver también una nueva muestra de improvisación, cuando fue claro que no estaba previsto el plan a seguir con las personas que permanecían en el lugar y que, en su mayoría, hoy deambulan por distintas localidades generando mayor sensación de inseguridad en sus habitantes.
Son muchos más los temas en controversia que están sobre la mesa y que deberán ser al final los que determinen si se decide o no revocar el mandato del alcalde Enrique Peñalosa. Lo importante en todo caso es que, cualquiera sea la decisión que se tome frente a esta iniciativa, nos sirva para sentirnos parte de una sociedad más deliberante, políticamente más íntegra y más cualificada, y más pendiente de lo que hacen y no hacen sus gobernantes; en fin, que nos ayude a superar ese déficit que todavía nos impide decir que realmente somos parte de una ciudad y que en efecto somos ciudadanos.
[i] Para que la revocatoria sea válida, se requiere que en las elecciones participe al menos el 40 por ciento del total de votos válidos registrados el día que fue elegido el mandatario: 1´092.229 personas. Será revocado si de ese 40% la mitad más mas uno vota afirmativamente: 546.115 personas. Esto último, con base en la Ley 1757 de 2015.
