Como lo mencionó Enzo Traverso, en su libro Usos del passat, la historia y memoria nacen de una misma preocupación y comparten el mismo objeto: la elaboración del pasado. Y es que la construcción del pasado es de gran importancia en todas las sociedades, ya que estos constituyen el desarrollo de un país desde sus orígenes hasta el momento presente.
Teniendo en cuenta lo anterior, en países marcados por una historia de conflictos armados, violencia y violación a los derechos humanos surgieron los museos de la memoria para no permitir que estos hechos atroces quedaran en el olvido. Estos son espacios que buscan reconfigurar la historia de una sociedad, reparar a las víctimas y resignificar la violencia, como se encuentra contemplado en el artículo 11 templos que guardan la memoria de hechos atroces.
Ahora, en Colombia estamos en una fuerte coyuntura política en la cual el Estado tiene la potestad sobre los museos de memoria histórica. Un ejemplo claro fue la designación de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Pero, ¿cuál es el problema de esto?, ¿qué está en juego?, ¿por qué es tan importante históricamente esto? Para poder explicar estas preguntas está el trabajo de investigación Memoria histórica como relato emblemático de José Antequera, en donde menciona: “la demanda por la memoria histórica es hoy en Colombia una demanda donde resalta la puja desde las víctimas por romper la exclusión, motivadas por resistir al olvido desde iniciativas locales y regionales, las cuales tendrían no solo una demanda frente a la exclusión, sino también un vínculo entre las demandas de verdad, justicia y reparación con agendas de reforma social y política. Así mismo, actores diversos que también harían parte de los emprendedores por la memoria en Colombia, empujarían su reivindicación sobre la idea de que la demanda de memoria histórica es una demanda articulada con la exigencia de apertura de escenarios de paz, en la medida en que la visibilidad de los sufrimientos de la población contribuiría a argumentar la necesidad de salidas pacíficas al conflicto, desvelándose los costos de la política de guerra". Por lo anterior podemos decir que estos sitios son escenarios de grandes reformas sociales y políticas, razón por la que se vuelven un punto focal para los políticos.
Con eso en mente que organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Asociación de familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la organización de Madres de los Falsos Positivos (Mafapo), Marcha Patriótica, entre otras, retiren sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica debido a la falta de garantías reales para su salvaguarda y buen uso es un hecho completamente lamentable y sin precedentes, pero con una grave repercusión: las víctimas serán excluidas, no habrá verdad, ni justicia, ni reparación.
Sin embargo, eso no es todo: el presidente Duque, para completar el esquema de apoderarse de la memoria histórica del país, pidió la renuncia del director del Archivo General de la Nación, de la directora de la Biblioteca Nacional y del director del Museo Nacional. Se prenden las alarmas.
Mientras el presidente sigue con ayuda de los medios tratando de verse como un ser que busca la libertad en Venezuela, el uribismo está adueñándose de la memoria histórica del país a través de la negación del conflicto armado. Esto que acontece en Colombia es como si en Chile el director del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos fuera del pinochetismo o estuviera dirigido por los familiares de Augusto Pinochet, los cuales todavía aseveran que en Chile no hubo dictadura.
