¿Es el gobierno de Gustavo Petro una amenaza para la democracia? Todos los días alguien, ilustrado o ignorante, dice que si las reformas propuestas por el gobierno Petro no pasan en el Congreso se despertaría en el presidente la tentación totalitaria, que tiene varias alternativas tremendas: desconocer al Congreso, revocarlo, legislar por decreto, convocar una Constituyente, aferrarse al poder luego del fin de su mandato; en fin, algún recurso desesperado por saltarse la institucionalidad e imponer sus políticas.
Nada indica que ello pueda suceder. Por primera vez en muchos años el país está inmerso en la discusión de unas políticas que tocan la estructura misma del Estado y la vida cotidiana de los ciudadanos, sobre aspectos que estaban más que en mora de ser reformados: el sistema de salud, el laboral, el de pensiones, el político, el electoral, la seguridad y la paz interna, cuyo estado maltrecho no ha hecho sino debilitar la democracia. Esas discusiones que se han planteado desde los más diversos ángulos en la opinión pública y ahora pasan a ser discutidas por el Congreso, son precisamente la democracia en acción, respirando. Con todo y sus crisis, como la que acaba de pasar donde no quedó títere con cabeza.
Un gobierno de izquierda, con minorías parlamentarias propias, con un grupo de partidos que tienden hacia la centroizquierda que lo ven con simpatía, propone asuntos desde su óptica reformista que bien pueden ser calificados de riesgosos o extremos. Grave sería que el Congreso se inclinara reverente ante el poder ejecutivo y se convirtiera en un notario para legalizar sus iniciativas. Ha sucedido todo lo contrario, cada asunto ha sido severamente glosado y se ha ido ajustando a las realidades políticas. El presidente es el primer defensor de ese procedimiento. Y continuará siéndolo porque su único camino para obtener unas reformas sensatas es volver a armar la coalición de gobierno, que declaró muerta, aunque es sabido que en política las coaliciones tienen más vidas que un gato.
El punto central es que había conciencia en la difunta coalición de que esas reformas deben hacerse, de que hay que reconocer la insurgencia de un nuevo país que reclama sus derechos, pero que el debate parlamentario debe surtirse, y es en el Congreso donde está la decisión final. Lo cual sigue hoy más vigente que nunca. Lo que se ha visto es a las cabezas de los partidos que conformaban la coalición planteando los términos en los cuales las reformas pueden ser aceptadas, trazando sus límites, con seriedad, fundamento y disciplina partidista como lo manda la Ley de Bancadas. O sea, la democracia en acción, en una tarea que está devolviendo al Congreso buena parte del prestigio perdido. Y al presidente defendiéndose con los instrumentos institucionales a su disposición, que son las crisis de Gabinete.
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La mayoría de los partidos piensan que esas reformas deben hacerse, que les ha llegado su momento y que son inaplazables si se quiere construir una sociedad más equitativa
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No sobra decir que hay un sesgo estatista en las reformas, como corresponde a un gobierno que se dice de izquierda: el control estatal del sistema de salud, el manejo estatal del sistema pensional, el aumento de los derechos de los trabajadores formales, la suspensión de las exploraciones de petróleo. Pero el gobierno, con crisis o sin ella, sigue dependiendo del Congreso, para convertir sus programas en leyes. Es claro que el proyecto de la reforma a la salud no va a pasar como fue presentado, y la salida de controvertida Ministra de Salud lo confirma. La reforma pensional tiene la glosa de que como está va a acabar con el mercado de capitales en Colombia, pues es el ahorro pensional de los fondos privados el que financia los grandes proyectos de infraestructura. Y la laboral, encarece el mercado formal y vuelve más inflexible la contratación, en contravía de las tendencias universales del mercado de trabajo. Rezagos de una izquierda setentera.
Es la vieja ideología de la izquierda donde predomina la intervención estatal, cuando hoy lo que se impone universalmente es la colaboración entre el Estado y el sector privado. Muy en peligro estaría la democracia si esa fuera la agenda que se impusiera sin ningún cambio. La misión histórica del Congreso es poner todo ese conjunto de reformas más en el campo de la moderna socialdemocracia; más ahora cuando de nuevo se reparten las cartas sin una clara representación en el gabinete de las fuerzas políticas que van a votarlas.
El Gobierno tiene ya ganado un terreno valioso: la mayoría de los partidos piensan que esas reformas deben hacerse, que les ha llegado su momento y que son inaplazables si se quiere construir una sociedad más equitativa, necesidad sentida de la Nación, que llevó a Petro a la Presidencia. Solo que no así, sino como el Congreso, que es el representante del pueblo, diga. Así que todo lo que sucede en la política colombiana hoy en día, el tire y afloje entre los poderes ejecutivo y legislativo, la inevitable reconstrucción de sus relaciones, no pone en peligro la democracia si no que la salva.
