En casi 16 meses de gobierno, el presidente Castillo reconforma un quinto gabinete. Esta vez la responsabilidad de liderar el consejo de ministros recae en la abogada y miembro del oficialismo, Bettsy Chávez de 33 años. Sin embargo, su nombramiento vuelve a sacar a la luz una serie de cuestionamientos que pesan contra ella.
Actualmente afronta una investigación preliminar por parte de la fiscalía peruana por “presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado" por la supuesta contratación de allegados en cargos públicos.
En este nuevo gabinete figuran doce ministros ratificados en sus cargos, incluyendo carteras claves como César Landa en Relaciones Exteriores, Willy Huerta en Interior, Daniel Barragán en Defensa o Kurt Burneo en Economía.
La vicepresidenta Dina Boluarte, quien había sido ministra de Desarrollo Social desde el inicio del gobierno de Castillo, había anunciado más temprano que dejaría el despacho ministerial. "He tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial (...) no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica", dijo Boluarte en un mensaje en Twitter este viernes.
Voto de confianza
El nuevo gabinetedeberá acudir al Congreso en un plazo de 30 días para solicitar un voto de confianza y asumir formalmente el cargo.
La salida del antiguo jefe de gabinete, Aníbal Torres, ocurrió este jueves luego que el presidente del Congreso, José Williams, comunicara que "la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza" planteada por el renunciante primer ministro hace una semana.
Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero, había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre un referendo, que permitiera una consulta popular sin pasar por el filtro del propio Parlamento.
Por su parte, el Legislativo argumentó que Torres trataba "materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema", según la ley.
Castillo quiere promover un referéndum sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna (1993) que promueve el libre mercado y convirtió a Perú en una de las economías más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.
