“Existe un peligro de fuga concreto”, fueron las palabras que leyó el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que es una sala de la Corte Suprema de Justicia.

El togado consideró que es posible que el expresidente peruano Pedro Castillo huya del país si es liberado, y por eso ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra.  Por lo que estará en la cárcel hasta el 6 de junio de 2024. El principal argumento que expuso el juez para decir que Castillo sí se puede fugar es que el 7 de diciembre, el entonces presidente fue capturado cuando estaba intentado llegar a la Embajada de México para buscar asilo político. A esto, Checkley lo catalogó como una detención en “flagrancia delictiva”.

El juez tomó en cuenta las declaraciones que afirman que Castillo le ordenó a su conductor que lo llevara a la Embajada mexicana. Además, se apoyó en lo que han dicho públicamente tanto el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador; como su canciller, Marcelo Ebrard. En una de sus cotidianas audiencias matutinas, López Obrador dijo que Castillo “habló a la oficina (de Presidencia) para avisar que iba hacia la Embajada e iba a solicitar asilo”, por lo que el mandatario mexicano le ordenó a su canciller que le “abriera la puerta” a Castillo.

Además, el embajador mexicano en Lima visitó al izquierdista peruano en el centro de reclusión donde está desde el 7 de diciembre. Pablo Monroy fue hasta la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, como lo dijo el propio canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ante todas estas pruebas, el juez determinó que “el peligro de fuga (de Castillo) no se ha difuminado, sino que permanece latente en el tiempo”. Así, rechazó los argumentos de la defensa del expresidente, que negó que Castillo buscara asilo mexicano.

Los abogados del antiguo mandatario, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, no asistieron a la audiencia; como tampoco lo hizo el propio Castillo. Ellos afirman que hay irregularidades en todo el proceso y que este se trata realmente de una “vacancia ilegal y exprés”. Ante su ausencia, la Justicia designó a Italo Díaz como el defensor de oficio del expresidente.

La ausencia de los abogados se da a pesar de que fue por ellos que la audiencia se retrasó un día, ya que estaba inicialmente programada para el miércoles, 14 de diciembre. Era en esa fecha que se cumplían los siete días de prisión preventiva que ordenó la Justicia el 7 de diciembre, cuando capturaron a Castillo. Pero la postergaron por un día más luego de que los propios abogados del expresidente pidieran más tiempo para estudiar el caso.

Aun sin ellos presente, los argumentos de base que tuvo en cuenta el juez sí son los que dio la defensa original. Atencio y Noblecilla expresaron en su momento que no había riesgo de que Castillo se fugara porque tiene dos hijos menores de edad por los que debe responder, porque tiene una dirección de domicilio fija en Puña (de donde es oriundo) y porque tiene un trabajo como profesor en la misma localidad.

Pero el juez Checkley los desestimó uno a uno. Primero, dijo que el arraigo domiciliario no era fuerte porque Castillo ya había vivido en el palacio presidencial en Lima, por lo que su dirección original no era argumento suficiente. Frente a su trabajo como docente, dijo que había un “arraigo disminuido” porque ya no trabajaba como tal. Y el único que sí le aceptó fue el de los hijos.

Con este panorama, el magistrado de la Corte Suprema ordenó 18 meses de prisión preventiva en contra de Castillo. El defensor de oficio de Castillo afirmó que apelarán la decisión.

Todo esto no significa que haya sido declarado culpable de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública que le imputó la Fiscalía; sino que es una medida para asegurar que sí esté en medio del proceso judicial. Ahora, lo que sigue es la investigación para luego ir a juicio y que sea la Justicia la que determine si el expresidente debe pagar cárcel o no.

Si lo declaran culpable, podría pagar de cuatro a 10 años de prisión. A Castillo lo acusan de modificar de manera ilegítima el régimen constitucional o, en otras palabras, de asestar un autogolpe de Estado. Esto porque en su alocución del 7 de diciembre declaró un “gobierno de emergencia excepcional”, después de ordenar la disolución del Congreso y “reorganizar” el sistema de justicia. Sus palabras se parecieron mucho a las que usó Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, cuando anunció el Gobierno de Emergencia, disolvió el Congreso, ordenó “la organización del poder judicial” y dio así un golpe de Estado.

Corte Suprema no ordenó prisión preventiva para el exprimer ministro Aníbal Torres

El caso de Torres fue distinto al de Castillo. Aunque la Fiscalía también pedía 18 meses de prisión preventiva para el asesor de la Presidencia por presuntamente ayudarle a orquestar todo al exmandatario, el juez Checkley determinó que Aníbal Torres tendrá una “comparecencia con restricciones”.

Es decir, que el antiguo primer ministro no estará en la cárcel, pero a cambio tendrá restricciones de movimiento. Por ejemplo, su ubicación será constantemente monitoreada y no podrá salir de la provincia de Callao sin autorización de un juez. Además, le impuso una caución de 20.000 soles, que corresponden a casi 5.200 dólares. Checkley tomó la decisión argumentando que en el caso de Aníbal Torres tuvo en cuenta los problemas de salud que ha tenido el abogado y su edad (79 años).

Toque de queda en 15 provincias de Perú

Mientras el juez leía su sentencia, el Gobierno que ahora está encabezado por la antigua vicepresidenta Dina Boluarte decretó toque de queda en 15 provincias de Perú (lea aquí todas las zonas). La medida regirá durante cinco días y cambia de horario según el lugar. El que más horas dura es en las provincias de Virú, Andahuaylas y Chincheros, donde las personas no podrán salir a la calle desde las 18:00 hasta las 4:00 de la madrugada. La única excepción para salir es para comprar alimentos y quienes deban ejercer unas labores específicas, como prestar un servicio de salud.

El Gobierno defendió la medida diciendo que es por el conflicto que ha habido en el país desde la detención de Castillo. Y es que desde el 7 de diciembre, los seguidores del expresidente han protestado para respaldarlo. La Defensoría registró 53 movilizaciones este jueves en todo Perú. Las exigencias es que lo liberen, además piden elecciones anticipadas y una asamblea constituyente, como lo propuso en su momento Castillo.

En las manifestaciones ya han muerto al menos 13 personas. La cantidad de fallecidos subió este jueves, luego de que la Dirección Regional de Salud (Diresa) del departamento de Ayacucho afirmara que cuatro personas más perdieron la vida en una protesta en la que intentaron tomarse el aeropuerto de la ciudad homónima. La Defensoría respondió pidiéndole a las Fuerzas Armadas “el cese inmediato del uso de armas de fuego”.

Por su parte, el Congreso debatió hoy las opciones de adelantar las elecciones, que están originalmente pensadas para abril de 2026. Existen dos propuestas sobre la mesa: que los comicios sean en diciembre de 2023 o en abril de 2024.

Aunque la presidenta Boluarte respaldó públicamente la opción de hacer las elecciones en 2023, este jueves su ministro de Justicia José Tello la contradijo y defendió que debían ser en 2024 porque, de lo contrario, no tendrían tiempo suficiente de hacer reformas políticas. El Legislativo no ha llegado todavía a un consenso y aplazó el debate hasta el viernes a las 10:00 (hora local).

Así las cosas, Perú termina el día con su expresidente en la cárcel a la espera de un juicio, con un toque de queda nocturno en una parte del país y a la espera de saber cuándo vuelve a las urnas.

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