En el Tolima dos ejemplos claros con relación al título, el nuevo peaje que se quiere instalar en la vía Coello-Cocora (Cajamarca-Ibagué) y el otro ubicado en Armero (Cambao-Manizales). En ambos se mantienen protestas esporádicas y en pie de lucha a los residentes, especialmente los del cafetero municipio del Líbano. Sin embargo, estos son tan solo la punta de un nuevo inconformismo social creciente.
Los peajes en Colombia se están volviendo impagables y desde todo punto de vista es absurdo y contradictorio que el gobierno nacional promueva este año como el de la reactivación económica e impulso al turismo interno cuando no quita esa talanquera que impide y encarece llegar a los destinos promovidos a los ciudadanos que hacen nuevamente esfuerzos para viajar por negocios o placer por las carreteras del país.
Si existe una tarea impostergable para los congresistas colombianos —y sobre todo para los de esta tierrita— que es un beneficio real para el bolsillo del ciudadano, de los empresarios del transporte terrestre de pasajeros y carga, los servicios de mensajería y encomiendas y los viajeros particulares en general, es aprobar la ley que prohíba seguir ubicando peajes a menos de 100 kilómetros uno de otro, porque así no hay bolsillo que aguante ni economía que se reestablezca. El resto es pura paja. Puede que el gran negocio esté pensado y estructurado de tiempo atrás para tres o cuatro bancos y un puñado de grandes consorcios viales, pero es tiempo de cambiarlo, de abrir debates públicos y permanentes frente a que en beneficio de unos pocos no se puede seguir afectando a la mayoría.
Ejemplos por montón en este 2021. Lo que encontraron los viajeros en el peaje de La Pintada en Antioquia donde pasaron de pagar 20 mil pesos a 60.000 pesos los vehículos de tres y cuatro ejes; recordemos que en la vía al Llano también se pretendió aplicar un aumento en el valor del peaje de cerca del 8%, lo que llevó a protesta y mesas de diálogo, para llegar a un alza concertada de tan solo un 3 por ciento.
En el peaje la Lizama entre Barrancabermeja y Bucaramanga se dieron bloqueos y protestas también por las desmesuradas alzas. El problema es que la norma actual tomada en cobros como diferencial, es decir, se fijan según distancias, características de los carros y los costos de operar las mismas. Otra trampa es que no aplican el aumento de inflación si no excepciones de que los recursos invertidos deben recuperarse en peajes según la plata invertida por los socios lo más pronto posible, por eso el afán de cobrar y los aumentos asfixiantes.
Un punto negro adicional tiene que ver con que de allí se debe financiar construcción, operación y mantenimiento de vías, pero ya sabemos que muchas de ellas son objeto de maquillaje, remiendos, están inconclusas y se hacen por fases eternas, pero sí se cobra pleno el aumento en el peaje.
Se supone que solo los privados tienen la plata para salir del rezago vial y habilitar más vías de cuarta y quinta generación. 90 billones de pesos, calcula la ANI, se necesitan este año. Si es cierto que con carreteras modernas se reducen tiempos de desplazamiento y costos de combustible, también es cierto que son los usuarios de las vías los más perjudicados, porque los peajes se encarecen sin control alguno y bajo la potestad del concesionario. Y el daño final es también para el ciudadano de a pie, a quien se les trasladan los altos costos en que incurren empresas transportadoras en su operación. Hay un error en la política de concesión, en para quién fue pensada, que se diseñó como una tasa tributaria en la que se paga por uso. Además de que los aumentos de costos se pacten atados a la retribución rápida a los inversionistas por la infraestructura construida y operación.
Por eso ya algunas voces desde la ANI hablan de revisar esa fórmula y pensar en una fórmula más adecuada como kilometraje recorrido y estado de la vía para tener cobros más razonables. Es simple, que el costo del peaje corresponda a la infraestructura hecha, estado y servicios en la vía, que se puedan incluso controlar y supervisar de forma real los ingresos percibidos en los recaudos de los peajes. Además, no es un secreto que el país es el tercero entre las naciones con los peajes más caros. Por ello, la política sobre peajes requiere un vuelco inmediato.
Lo que sucede con las protestas en Cajamarca y Armero no se debe echar en saco roto y necesita el respaldo de todos, incluidos las voces del gobernador del Tolima, alcaldes, Asamblea, concejos, senadores y representantes de aquí, quienes han tratado de pasar de agache, obviar o hablar generalidades frente al inconformismo creciente con esos peajes que sin duda, de instalarse con la fórmula actual de cobro, serán como una “vacuna” general para los habitantes del Tolima y su capital, porque están ubicados casi en las narices de Ibagué; y no serán precisamente de las vacunas COVID-19 sobre las que ya se hacen en vivos, fueros y fiestas, pero que aún no han llegado al país, pero sí más del estilo de las que aplicaba la otrora guerrilla de las Farc cuando salía a pedir el “aporte voluntario” a viajeros constante y ocasionales, precisamente en lugares muy cerca a los dos sitios donde se ubicarán las casetas de los peajes pretendidos.
