La paz total se construye. Y solo es posible con la solución del conflicto socioeconómico-político nacional.
Es deshonesto, de parte de un gobierno, autoproclamado progresista tratar de hacer creer que, para construir paz total solo se requieren buenas intenciones, aprobación y promulgación de leyes, reglamentos, discursos y designación de comisiones y asesores.
La construcción de condiciones para disponer de paz general, demanda profundas reformas institucionales, económicas y sociales, difíciles de alcanzar, si no, hasta imposibles, debido al arraigo de la precaria y controvertida institucionalidad vigente y a que implica la erradicación de privilegios, políticos, y económico de las élites políticas y sociales y gremios económicos, que durante más de doscientos años, han explotado las riquezas y usufructuado el poder político, económico e institucional.
Hace dos años, al menos se pudo llegar a pensar, en la posibilidad de reformas del marco legal institucional, económicas y sociales, ante la evidencia del acceso legal al poder ejecutivo de la nación, de un colombiano con interpretación teórica positiva, de los derechos sociales, económicos, políticos y humanos, de las mayorías nacionales.
Pero solo era perspectiva. Todo estaba por hacer. El tiempo se ha encargado de demostrar las dificultades de lograr lo que, hasta hoy, sigue siendo un simple anhelo.
La extrema derecha y los gremios económicos, que desde siempre han usufructuado el poder económico y político, se oponen a toda reforma que les signifique pérdida de privilegios y poder. Y ahí esta la realidad. El torpedo para la construcción de la paz total. Los enemigos y detractores, del nuevo gobierno, como estamos comprobándolo, recurren a todas las formas de lucha, tanto en forma encubierta como directa y con el uso de recursos, en muchos casos, supuestamente legales, pero contrarios al desarrollo nacional equitativo. Las respuestas del gobierno actual, no son las necesarias.
Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico, han saboteado, desde siempre, la posibilidad de construir condiciones de paz, convivencia y equidad socioeconómica, con el propósito mezquino, ruin, de mantener el régimen de impunidad y el poder económico y político, a su servicio exclusivo.
El nuevo gobierno, de acuerdo con lo que se observa y se escucha, sobre la interpretación del conflicto socioeconómico-político e institucional colombiano y las incipientes acciones anunciadas para su solución, le falta pragmatismo y coherencia, respecto a la realidad.
Debe ser pragmático al analizar las causas y consecuencias del conflicto socioeconómico-político y en la estructuración de soluciones.
Los enemigos del desarrollo integral nacional y la construcción de equidad socioeconómica, disponen de recursos y medios poderosos y el pueblo raso, más del 80% de los electores, padecen de voluble memoria y voluntad incierta.
De otra parte, se puede probar, que las organizaciones alzadas en armas, de hoy, no son movimientos con objetivos socioeconómicos y políticos colectivos, como las surgidas a mediados del siglo pasado.
Las de hoy, están muy amalgamadas, con organizaciones criminales, especialmente del narcotráfico y buscan alcanzar poder y dominar regiones y vencer al estado, a base terrorismo, poder económico y militar e imponer la cultura mafiosa.
El gobierno, los órganos de poder institucionales, los empresarios sensatos, social y políticamente honestos y las mayorías de la sociedad, deben comprender y dimensionar la conveniencia de acelerar los procesos de reinserción socioeconómica de los colombianos y superar la inequidad socioeconómica y las desigualdades socioeconómicas, integralmente, única alternativa cierta para superar las causas del conflicto y construir equidad socioeconómica y justica social.
El gobierno del presidente Petro, debe dinamizar la economía con aplicación de conocimientos, ciencia y tecnología de punta y definir políticas y metas de sustitución de importaciones por producción nacional. No aparece en su plan de dinamización económica.
El jefe del ejecutivo y su equipo asesor inmediato, debe notificarse y tratar al máximo de entender las condiciones socioeconómicas dominantes en la nación.
La dinamización de la economía es única vía, para mejorar las condiciones socioeconómicas nacionales.
Es imperativo volver a producir esos mismos productos, que se producían, antes de la desafortunada e irresponsable Apertura Económica, intensificada en los años 90. Impuesta por el poder económico neoliberal y los secuaces gobernantes colombianos, anteriores al actual gobierno, ordenada a través del Consenso de Washington.
El gobierno debe entender que el desarrollo integral nacional, exige redefinir y reestructurar, la formación académica integral, en términos de calidad y pertinencia. Es factor angular.
Esto obliga reformas del marco legal que rige el sector académico-educativo nacional.
Eliminar del sector educativo nacional, el carácter y función de mercancía, que le impuso el capitalismo salvaje, y en consecuencia, ordenar lo que se requiera para mejorar la calidad y pertinencia de la formación intelectual de los colombianos.
Esto implica vigilar e intervenir las Instituciones Académicas públicas y privadas, en particular las Universidades de Garaje, hoy diseminadas por toda la geografía nacional. En este aspecto, el actual gobierno esta equivocado. La mediocridad crece y es imprescindible derrotarla, con conocimiento científico y tecnológico, pertinente y consonante con el desarrollo global.
Desafortunadamente, la reforma de la ley 30/92, anunciada por el gobierno actual, no es la que necesita Colombia. Más parece una reforma cosmética, para maquillar el pésimo sistema educativo nacional colombiano, vigente.
La solución de la inseguridad y la criminalidad, que ya alcanza niveles de desastre nacional, debe ser objeto de análisis crítico específico, por parte del gobierno. Es un imperativo, de la Paz TOTAL, eliminar las causas que la generaron y dinamizan.
Exige construir equidad socioeconómica y desarrollo integral nacional, para poder responder, con generación de empleo, racionalmente pagado y competitivo, con lo que se estimula el consumo, el empleo y la economía, en general.
Requiere redefinición del marco legal judicial, para poder responder racionalmente a la amenaza criminal, y la de cuello blanco, que ha penetrado todas las instancias del poder.
El desafío, de cambiar la inseguridad por seguridad general, es cósmico. Requiere de decisiones concretas, normas legales y procedimentales permanentes y eficaces.
Se requiere que haya quién las haga cumplir. Exige revocar privilegios rentísticos, politiqueros y el cáncer de la corrupción. Son meollo del problema y por eso no hay solución. Esta requiere voluntad política y ordenamiento legal acorde con la situación actual de la nación.
Se requiere que el régimen que gobierna, crea, actúe responsablemente.
Con la estructura de poder legal del régimen imperante, hasta el gobierno de Iván Duque, era imposible garantizar seguridad ciudadana y justicia social. Se tiene que derrotar la corrupción y la mediocridad burocrática. El gobierno actual, debe demostrar que sí se puede.
El pueblo raso, integrado por más del 80% de colombianos distantes del poder público debe recibir del actual gobierno información didáctica concreta y fácilmente entendible, sobre las causas y motivos que impiden la construcción de la anunciada PAZ TOTAL, y el elector honesto debe estar decidido a apoyar e impulsar todo lo que se refiera a lograr reformas socioeconómicas que garanticen mejorar integralmente las condiciones socioeconómicas e institucionales de la nación, para poder derrotar los enemigos del desarrollo nacional
