Gustavo Petro anunció una hora antes de finalizar el 2022 un cese bilateral del fuego y de hostilidades por seis meses (1 de enero a 30 de junio del 2023) entre las Fuerzas Armadas del Estado con varias organizaciones insurgentes revolucionarias y unos conglomerados criminales relacionados con el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción estatal con probados vínculos a sectores de las fuerzas armadas, la ultraderecha y la DEA.
Sin duda, se trata de una medida audaz y acertada dado el impacto que tendrá parar la ofensiva militar en la trágica situación humanitaria de las comunidades en los territorios golpeados por la violencia que se deriva de la confrontación y el choque militar, promovido y tolerado por núcleos armados del Estado que aún siguen en la línea contrainsurgente y anticomunista del uribismo, como es el caso de la Fudra Omega en el Meta, Guaviare y Caquetá; las fuerzas especiales Vulcano, Aquiles, Hércules, Quirón, Marte y Titan; y los batallones antinarcóticos de la Policía.
Por supuesto, la medida será un alivio frente al terror en que están inmersas comunidades como las del Guayabero (Meta), Yari (Caquetá), Tumaco (Pacífico), Chocó (Bajo Calima, Atrato y Medio Baudó), Arauca, Catatumbo, Sur de Bolívar, Cauca, Pacífico medio, Guaviare, Putumayo, Norte de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bajo Cauca Antioqueño. Todas ellas atrapadas en los esquemas militares impuestos por el gobierno del expresidente Iván Duque con la figura de las “Zonas Futuro”, que implicaron un ultraje permanente de los derechos humanos y un deterioro de las condiciones humanitarias de cientos de familias campesinas, afros e indígenas afectadas por el desplazamiento forzado.
Este cese bilateral al fuego y de hostilidades es un verdadero desafío a los esquemas convencionales conocidos en esta materia, que incluyen una inmediata concentración y desmovilización (con entrega de armas) de los grupos de la resistencia agraria, tal como ocurrió con las FARC de Timochenko y Catatumbo en el año del 2016 sin que se acordara una garantía para el cumplimiento de los acuerdos en cuestiones agrarias, políticas y de victimas (estas siguen pendientes de ejecutarse, no obstante la retórica y los anuncios de los funcionarios gubernamentales).
Así pues, el paso dado por el presidente Gustavo Petro es prueba de la solidez y coherencia de la paz total. De hecho, es una medida que obviamente genera confianza en las comunidades y dinamiza la nueva estrategia gubernamental para poner fin al conflicto social y armado en otros términos, distintos a los de la paz neoliberal del expresidente Juan Manuel Santos.
Para hacer efectiva esta determinación de paz se deberán expedir los decretos específicos a cada organización involucrada y por supuesto se deberán establecer los mecanismos de verificación pertinentes con la participación activa de las comunidades, organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y autoridades locales, las que deberán contar con las garantías efectivas para evitar la presión de los núcleos militares y paramilitares interesados en el sabotaje a la paz desde posiciones agazapadas y simuladas. El papel de la ONU, la Iglesia, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo es crucial para que no se manipulen los símbolos y la legalidad por parte de los militares, tal como ocurrió en la Operación Jaque y en otras maniobras realizadas durante la rendición de las FARC de Lozada y compañía.
Como con todas las decisiones y políticas del actual gobierno del Pacto Histórico, los sectores de la ultraderecha uribista rápidamente salieron a atacar y distorsionar este anuncio de paz para insinuar con toda la “mala leche” que este cese bilateral del fuego y las hostilidades sin concentración de los grupos guerrilleros es para favorecerlos. Omar Yepes, uno de los voceros mas connotados de la ultraderecha, ha cuestionado la medida porque supuestamente las estructuras ilegales las “aprovechen para ampliar el dominio territorial y consolidarse”.
Para el excandidato presidencial, Enrique Gómez, miembro de una de las familias históricas más violentas de Colombia, la tregua que anunció Petro es una estrategia para “amarrar las manos de nuestro Ejército”. Por supuesto, el ejército de estas castas que han secuestrado y manipulado los aparatos armados del Estado para favorecer los intereses de una oligarquía brutal y asesina. Aparatos armados que necesariamente deben ser objeto de revisión y reestructuración acordes con la paz total, pues de lo contrario seguirán siendo el foco de la conspiración y la desestabilización contra el actual gobierno.
Lo anterior se desprende de recientes entrevistas y afirmaciones de altos mandos que aún ven como ajena la voluntad del actual gobierno de terminar definitivamente con el conflicto social y armado con otro modelo de paz, comprometido con la soberanía, la justicia social y ambiental. Ver al respecto las obsoletas ideas (aunque edulcoradas) de los generales Ospina y Giraldo en el periódico El Tiempo: ‘No podemos desperdiciar tropas detrás de cultivos de coca’: jefe del Ejército y Así enfrentarán las FF.MM. a los grupos al margen de la ley en 2023.
Por lo visto, estos oficiales se mantienen en el “enfoque contrainsurgente y anticomunista” que ve a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a los movimientos populares y de izquierda como unos enemigos a los que se debe atacar para destruir. Mala cosa la de estos “gorilas santistas” que salieron sibilinamente a marcar distancia con el jefe de los Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Petro. Mi sugerencia es que estos mandos deberían dar un paso al costado para permitir que otros enfoques militares comprometidos con un nuevo país se consoliden en la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Policía para de esa manera prevenir cualquier ataque sorpresivos a los logros de la paz en esta nueva coyuntura histórica.
