Por razones de principios, rechacé el ataque terrorista de Hamás contra la población civil en Israel. En ese mismo trino –ahora X– rechacé el ataque del ejército israelí contra civiles en la Franja de Gaza. Y agregué que la ONU tenía que insistir en su posición de alcanzar la paz entre Palestina e Israel y hacer realidad la existencia de dos Estados, independientes y soberanos, en esa región.
En mensaje posterior rechacé que el Presidente Gustavo Petro no hubiera condenado el ataque de Hamás, por desconocer principios democráticos básicos y porque le hizo daño a Colombia. Pero coincido con Humberto de la Calle en que “tiene sustento” el llamado a la embajadora colombiana en Israel, dadas las flagrantes violaciones de ese país al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Entre los civiles muertos y heridos en Israel y Palestina, por razones obvias, son en especial repudiables los numerosos casos de mujeres y niños. De acuerdo con Unicef, agencia de las Naciones Unidas para la infancia, “Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños” porque las tropas israelíes han matado o herido en promedio 420 menores cada día, entre el total de 8.500 víctimas mortales que señala la BBC News Mundo. Y son numerosos los despojos de tierras y agresiones armadas israelíes en Cisjordania, territorio de Palestina ocupado por Israel.
En los conflictos armados debe respetarse un principio democrático irrenunciable: las fuerzas armadas de los Estados no pueden disparar contra los civiles y tienen además el deber de esforzarse al máximo para sus actos de guerra tampoco produzcan los llamados “daños colaterales”, es decir, muertos y heridos entre la población civil o destruirles sus viviendas, hospitales y demás servicios, como está ocurriendo en Gaza bajo el muy equivocado mando del presidente de Israel Benjamín Netanyahu.
Entre los avances democráticos de la humanidad para el tratamiento de los conflictos militares de los países están los acuerdos internacionales que rechazan los ataques de los Estados contra población civil, como los ocurridos en la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, actos que la humanidad tolera cada día menos.
Y ese avance civilizatorio incluye que los Estados no pueden violar sus propias leyes ni las normas internacionales, con el pretexto de que las violan organizaciones armadas que no son parte de ningún Estado. Porque los poderes estatales deben ser fuerzas de calidades superiores, que tienen la obligación de no romper la legalidad nacional e internacional.
Toda la razón le asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas al aprobar una resolución que pide el “cese de hostilidades” en Gaza, decisión tomada por la abrumadora mayoría de 120 países a favor, 14 en contra y 45 abstenciones.
Cuan notoria fue la soledad de Estados Unidos y de unos países europeos miembros de la OTAN que lo acompañaron en su voto en contra, a los que se supone les cabe una enorme responsabilidad en el mantenimiento de la paz mundial, paz amenazada por la violencia en el medio oriente y en Ucrania.
El inmenso clamor global a favor de la paz en Gaza –incluidos no pocos ciudadanos israelíes y miembros de la comunidad judía–, debe ser escuchado y resuelto con criterios democráticos ajustados al derecho internacional humanitario.
También le puede interesar: Desde la Embajada en Egipto, una exprimera dama lidera el apoyo humanitario de Colombia en Gaza
