Entiendo que para la definición en nuestro país de los proyectos de inversión financiados por el Sistema General de Regalías, existen unos órganos colegiados de administración y decisión, de los que hacen parte los niveles nacional, departamental y municipal. Se les denomina OCAD.
Ya que en el Acuerdo Final de Paz se previó que los proyectos de inversión para los municipios incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial o municipios PDET, se financiarían con recursos del Sistema General de Regalías, se creó un OCAD específico, denominado OCAD Paz.
Según las páginas oficiales de internet, este OCAD Paz está conformado por la Presidencia de la República o su Representante (en este caso el Alto Consejero para el Posconflicto), el Ministro de Hacienda y el Representante del Departamento Nacional de Planeación. Además de dos gobernadores y dos alcaldes.
También hay unos invitados permanentes, dos senadores de la República y dos miembros de la Cámara de Representantes. Su secretaría técnica está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se supone que tras cumplir todo el trámite administrativo ordenado por la ley para cada proyecto de inversión del SGR, este OCAD Paz se encarga de decir la última palabra. En el curso de dichos trámites administrativos interviene además la Contraloría General de la República.
Lo pactado en el Acuerdo Final de Paz fue que a un listado de municipios, los más pobres y abandonados del país, en los que además se padeció del conflicto armado con especial intensidad, el Estado colombiano les extendería por fin la mano, para que salieran de su situación, mediante la ejecución de múltiples obras de desarrollo económico y social. En La Habana, el Estado no quiso admitir más de 170 municipios en ese listado, cuando de hecho lo merecían muchos más.
Digamos que se trataba de municipios priorizados en la inversión estatal. Aunque los mecanismos existentes para esa inversión no distinguían realmente entre ellos y el resto de municipios del país. Lo cual equivale a decir que en materia de aprobación de proyectos de inversión, esos municipios PDET deberían entrar a competir con los demás municipios, teniendo menos capacidades para hacerlo.
Se trata de los municipios más pobres y atrasados de Colombia, lo cual significa que sus alcaldes, sus concejales y demás funcionarios no conocen del tejemaneje legal, administrativo y práctico que se requiere para conseguir la aprobación de un proyecto. Es más, ni siquiera saben elaborar y presentar un proyecto.
Así que quedaron servidos en bandeja para las mafias políticas, que observando el panorama exclamaron: aquí hay un billete grande. Se trataba de hablar con los alcaldes, proponerles la elaboración de proyectos de inversión y comprometerse a hacerles todo el trámite hasta conseguir su aprobación por el OCAD Paz. Desde luego, a cambio de una suma de dinero, el cómo voy yo.
Muchos de esos proyectos ni siquiera beneficiaban a la comunidad, solo justificaban el robo.
Lo denunciado en los medios deja en evidencia que ese entramado fue un auténtico concierto para delinquir, en el que tomaron parte un grupo de funcionarios públicos por cuyas manos tenían que pasar los proyectos en el camino hacia el OCAD Paz.
_______________________________________________________________________________
Los avivatos le robaron al Estado colombiano y a los municipios más pobres de Colombia medio billón de pesos, siete veces lo que se apropiaron los involucrados en el escándalo del MinTIC
_______________________________________________________________________________
El consejero Emilio Archila, representante del presidente Iván Duque en OCAD Paz y vocero oficial de la política de Paz con Legalidad, lo definió acertadamente como una sucesión de peajes. Sumas que necesariamente salían de la inversión final y que al final se calcularon en quinientos mil millones de pesos. Los avivatos le robaron al Estado colombiano y a los municipios más pobres de Colombia medio billón de pesos, siete veces lo que se apropiaron los involucrados en el escándalo del MinTIC, de conexidad para las escuelas.
Con el nuevo escándalo de corrupción se descubre a su vez que ya había denuncias al respecto, desde el año 2019, sin que nadie hubiera movido un dedo para intervenir o investigar. El propio Emilio Archila aseguró que él había presentado una denuncia, basado en informaciones de sus subalternos. Solamente ahora el acucioso fiscal Barbosa decidió que llamen a Archila a un despacho del ente acusador para preguntarle qué sabe del tema.
Algunos nombres de los implicados han salido a flote, todos orgullosos miembros del Partido Conservador y funcionarios de confianza del actual gobierno. Hasta de la Contraloría General de la República. En buena hora todos esos bandidos perdieron las elecciones el 19 de junio pasado. Una pequeña compensación moral para los colombianos, porque la correspondiente sanción legal está en manos del control interno de las entidades, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
Todas al servicio del actual gobierno, lo que hace pensar que no sucederá nada. Una verdadera banda criminal que saboteó cuanto pudo la implementación del Acuerdo Final de Paz, mientras se ufanaba de su paz con legalidad, el saqueo de recursos públicos en completa impunidad.
