La intervención de Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 11 de julio despertó fuertes críticas de los opositores de oficio y de algunos sectores. Fue cuestionada también por los artífices del proceso de paz con las antiguas Farc.
Sin embargo, poco se habló del contenido y alcance de su discurso. El presidente logró articular muy bien la prioridad de la paz, la de Santos y la suya, con el desarrollo territorial, la participación de las regiones y la necesaria inversión pública. Un punto en el que insistió también durante la instalación del Congreso el 20 de julio.
El compromiso con el Acuerdo es una declaración unilateral del Estado colombiano ante el mundo, recordó en la ONU. Aunque es responsabilidad de los últimos tres gobiernos, ocho años después de su firma, los avances han sido reducidos.
Santos lo firmó, pero quedó corto en su ejecución. Duque intentó volverlo trizas. Y hoy él mismo viene enfrentando múltiples obstáculos.
Su exposición ante el Consejo de Seguridad parte de un breve recuento histórico del conflicto armado. Lejos de ser una nación homogénea, Colombia está conformada por poblaciones, regiones y territorios profundamente diversos, que reflejan grandes diferencias económicas, políticas y culturales.
En un país donde no existió una revolución democrática, subsisten tremendas desigualdades. Colombia es uno de los más desiguales del mundo.
Por ello, señaló,es urgente llevar la inversión social a esos territorios olvidados, que con los años se convirtieron en “santuario” de los grupos armados. Allí “crecieron los cultivos ilícitos que hoy les sirve de combustible”.
El prolongado conflicto colombiano desembocó en el narcotráfico, que lo impactó a fondo. Se expresó ante todo en las regiones de mayor abandono histórico por parte del Estado. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, en Colombia fueron asesinadas 700.000 personas entre 1948 y 2018.
La guerra contra las drogas puso también una cuota enorme. En Latinoamérica ha dejado un millón de víctimas, la mayoría en Colombia.
La paz debe ser un proceso de inclusión y desarrollo territorial. Pero esto no lo entendieron los mandatarios anteriores, aferrados al dogma y la tecnocracia del libre mercado
Por ello, la paz debe ser un proceso de inclusión y desarrollo territorial. Pero esto no lo entendieron los mandatarios anteriores, aferrados al dogma y la tecnocracia del libre mercado.
El gran reto de la paz, tanto en el acuerdo del 2016 como en la “paz total”, es incluir el territorio en un proyecto nacional de transformación social. Deben atenderse dos problemas ineludibles, inseparables de los compromisos adquiridos: las drogas y la crisis climática.
La agudización de la violencia es consecuencia de los negocios de la cocaína y del oro ilegal, en manos de multinacionales globales. Explica la actual guerra, localizada en territorios específicos, en especial en el Pacífico y las regiones selváticas.
Por ello, el problema de las economías ilícitas no puede resolverse con propuestas neoliberales o proyectos individuales. De ahí el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, PNIS, impulsado por Santos.
El Acuerdo requiere una inversión pública de magnitud, cerca de 200 billones de dólares, recursos con los que no se cuenta. Una tarea imposible bajo el esquema impuesto por el capital financiero al país.
La concentración de la propiedad rural en Colombia sigue siendo elevadísima. Pero el resultado de la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo, está muy lejos de lo estipulado. No es principalmente un problema de baja ejecución presupuestal, como se insiste. El problema es más de fondo.
Las normas y leyes, los trámites burocráticos y administrativos son dispendiosos y lentos. Las instituciones mismas entraban los procesos. Hace unos días la Corte Constitucional, aduciendo vicios de forma del Congreso, declaró inexequible el artículo 61 del Plan de Desarrollo que buscaba agilizar la compra de tierras.
Este punto se basaba en la Constitución que en su artículo 58 permite la expropiación administrativa por motivos de utilidad pública e interés social, un asunto que escandaliza por igual a la derecha y al centro.
Pero el cumplimiento del Acuerdo tiene otro obstáculo gravísimo: el ahorcamiento financiero del país por cuenta de los organismos internacionales.
Colombia está sobreendeudado, por obligaciones contraídas en el gobierno anterior. Al perder el grado de inversión, se afectó el llamado riesgo país y los intereses son más onerosos. En este punto, Petro insistió en su propuesta de cambio de deuda por acción climática que contribuya a proteger la selva amazónica, reduciendo así el riesgo para la humanidad. Y ese sí es un verdadero riesgo.
En virtud de las llamadas vigencias futuras, el presupuesto nacional está comprometido por los próximos 30 años, con margen mínimo de maniobra. Se asignó fundamentalmente a autopistas cercanas a las grandes ciudades, las llamadas 4G. Pero se abandonó el resto del país.
Adicionalmente, están las restricciones impuestas por la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que el gobierno debe cumplir.
Como si ello fuera poco, la Corte Constitucional hundió puntos importantes de la reforma tributaria que proveían recursos adicionales.
Ante tan grave situación, Petro propone a los banqueros rebajar el elevado interés de la deuda. A las autoridades financieras les pide modificar las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, para priorizar la inversión territorial.
Igualmente, plantea el cambio en el Sistema General de Participaciones (SGP), para redistribuir los recursos e invertir principalmente en los 170 municipios PDET, los más golpeados por el conflicto armado y el abandono estatal. En realidad, se trata de restituirles a todos los municipios cerca de $572 billones de pesos, correspondientes a las transferencias que les quitaron los gobiernos neoliberales en sucesivas reformas.
Su propuesta defiende también las inversiones forzosas hacia la sustitución productiva de economías ilícitas y el camino hacia la agroindustria.
Para sentar las bases de tan ambicioso y necesario proyecto, planteó la posibilidad de recurrir al fast-track, un mecanismo de emergencia que permite reducir a la mitad los trámites para las reformas legales y hacer más expedita la compra y distribución de tierras y la modificación de algunas normas fundamentales.
Tal es la base del Acuerdo Nacional con dos objetivos centrales: paz y el desarrollo territorial, con todas las reformas requeridas.
