La revelación de los primeros resultados de las pruebas del ICFES que los habilitaba para ir a curso de ascenso a subintendentes fue ocasión de felicidad y regocijo para 10.000 patrulleros, hombres y mujeres de la Policía Nacional, que a diario enfrentan con valor la misión de preservar la seguridad ciudadana en un país conflictivo.
Ese sábado 19 de noviembre la mayoría de ellos, especialmente los que ocuparon los primeros puestos, tenían razones para celebrar en familia: después de 15 y más años de servicio veían coronada su meta de convertirse en suboficiales.
Un comunicado oficial que circuló a través de las redes de la institución celebró en logro. “Avanzamos en la profesionalización y bienestar del policía y sus familias. Felicitaciones por este importante logro profesional y familiar”, rezaba el pronunciamiento.
Comunicado interno de la policía con el que informa lo ocurrido con el proceso ante el Icfes.
En representación del cuerpo de oficiales de la fuerza armada el coronel Jimmy Bedoya destacó la importancia del llamamiento a curso de ascenso a los policías rasos. “En cabeza de nuestro presidente de la República, los ministros de Hacienda y Defensa establecieron para el año 2023 el ingreso de 10.000 patrulleros al escalafón de subintendentes”, dijo el oficial en el video que hacía parte de la comunicación oficial, al tiempo que felicitaba a los seleccionados.
El coronel Jimmy Bedoya fue el oficial que hizo el anuncio del ascenso a los 10 mil policías.
La fiesta de celebración duraría muy poco. El viernes 16 de diciembre, un sorpresivo comunicado de la Dirección de la Policía cayó como un baldado de agua fría en las filas de los patrulleros. Según el documento, los resultados de los exámenes del ICFES debían ser “actualizados” como consecuencia de una falla técnica en la ordenación de datos.
El comunicado anunciaba que los resultados ajustados serían publicados ese mismo día. Cuando los interesados lo consultaron masivamente se encontraron con un panorama totalmente distinto. Más de 3.000 policías que habían aprobado inicialmente aparecían ahora descalificados y no pocos de los que ocuparon los primeros puestos fueron relegados a posiciones en la zaga de la lista.
“Cundió la desmoralización entre nosotros. Me tocó presenciar escenas de compañeros desgarrados por el dolor y la decepción y ver cómo una joven patrullera en estado de embarazo entró en shock, tuvo que ser hospitalizada de urgencia y estuvo a punto de perder su bebé”, le contó a Las2Orillas uno de los afectados con el “reajuste de los resultados”.
Audios de personas afectadas con la decisión del Icfes que afectó a cientos de patrulleros de la policía.
La situación se tornó particularmente tensa cuando policiales comenzaron a encontrar que, más allá de una falla técnica, que podría ser aceptada cono normal, había huellas de trampa. “Huellas de conejo”, lo resumió coloquialmente uno de los entrevistados que pidió expresamente permanecer en el anonimato.
Según los denunciantes, compañeros suyos que simplemente no habían presentado el examen aparecían como seleccionados para el llamamiento a curso. “Un compañero que no se presentó aparecía como si hubiera rendido su prueba en la misma aula del colegio donde la presenté yo; jamás lo vi por allí”, aseguró una joven patrullera.
Otro fue más lejos y aseguró que cuando tuviera las garantías necesarias de seguridad le entregaría a la Procuraduría -donde ya fueron radicadas las primeras quejas- pruebas de que al menos un suboficial y uno de los funcionarios que trabajó en la convocatoria de las pruebas estaban exigiendo $5 millones para conseguir cupo entre los seleccionados.
El general Henry Armando Sanabria Cely, director general de la Policía Nacional, no ha permanecido indiferente ante la situación y ha ordenado ofrecer respuestas claras y documentadas a los reclamantes. Por orden suya, el teniente coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, jefe del Área de Desarrollo Humano, ha triplicado esfuerzos para responder más de 2.000 derechos de petición y quejas.
Lo inquietante es que sus respuestas no parecen ser satisfactorias porque ha insistido en que la falla técnica es atribuible al ICFES y en que, una vez publicados los listados oficiales, los llamamientos a curso serán un hecho definitivo.
Otras voces en la línea de mando insisten en que es preciso disponer una auditoría técnica e independiente capaz de verificar si los resultados modificados corresponden a la realidad de las pruebas o si pudo haber existido algún tipo de manipulación.
En una coyuntura como la actual, donde el gobierno ventila alternativas para el rescate de la convivencia, lo peor que podría pasar es que hubiera desmoralización en las líneas de base de una institución que, como la Policía, ha pagado una de las más altas cuotas de sacrificio durante el conflicto.
La posición del ICFES quedó plasmada en este comunicado. En el, la entidad insiste en que se trató de un error tecnológico:
