Aunque limitado a un pequeño y especializado grupo de participantes, un intenso y llamativo debate tiene lugar por estos días en Colombia: el del rescate o salvamento del patrimonio sumergido en aguas nacionales.
Los mares del Caribe, los nuestros muy especialmente, fueron el teatro de una emocionante historia de galeones cargados de plata y oro, cofres llenos de doblones y lingotes, y barcos repletos con todo tipo de tesoros únicos, que se hundieron por efecto de batallas navales, actos de piratería mal ejecutados o, sencillamente, por efecto de huracanes y tormentas que han azotado el Atlántico durante siglos.
El Galeón San José (cuyo tesoro lo constituyen 11 millones de monedas de oro avaluadas en hasta 5.000 millones de dólares según BBC-Mundo) es tal vez el más legendario de todos los tesoros hundidos que quedan por rescatar, y nos sirve para transmitir rápidamente la idea de lo que estamos hablando.
Pues bien. Luego de décadas de abandono estatal, recientemente se sancionó la ley 1675/13 que regula la recuperación del “patrimonio cultural sumergido”, y que tiene el objetivo de proteger y asegurar esa riqueza, que es propiedad de la Nación.
Los saqueadores de tesoros (capitalistas que cuentan con tecnología y cuya nómina incluye a los más avezados historiadores) están felices por dos cosas: la primera, que esta ley haya salido tan tarde, por cuanto muchos de los tesoros que supuestamente vamos a recuperar, hace rato circulan en el mercado negro: “¿A cuento de qué —se preguntarán los saqueadores— nos vamos a poner en trámites de décadas (como en el caso del San José), pudiendo aprovechar la ingenuidad de estos colombianos?”.
Dicho en otras palabras, los ladrones del mar han tenido todo el tiempo del mundo para desvalijar los tesoros, mientras en Bogotá llevamos años cogiendo pispirispis, inyectándonos la aliviadora idea de que somos enormes en tesoros sumergidos, mientras pululan en el Caribe, muertos de la risa, todos lo Francis Drake, Morgan y Barbanegras de la actualidad, haciendo de las suyas.
Resulta aterrador para el futuro de nuestro patrimonio arqueológico que algunos se opongan tan cándida y agresivamente a su rescate, cuando, además, el nuevo marco legal creado para el efecto tiene todas las características de un estatuto proteccionista.
Hay que “emprender acciones en el terreno jurídico y científico que puedan hacer viable el anhelo histórico de recuperar y poner este patrimonio al acceso de la humanidad”, dijo recientemente el Gobierno, a lo que añadió que al no existir una normatividad completa y clara, se abre la puerta a que estos temas se definan en cortes internacionales: ¡Y de esas sí que sabemos por estos días!
Los detractores de la Ley parecen hacerle el juego a los saqueadores: Imagínense que a la fecha se han radicado tres demandas ante la Corte Constitucional contra la reciente ley 1675, una de las cuales pasará a la historia entre las más veloces: fue presentada al día siguiente de su sanción presidencial (30 de julio), es decir, ¡el 31 de julio…!
Vale la pena que nos preguntemos quienes son esos demandantes y opositores: ¿Serán aquellos de siempre, aquellos que ven en el empresario (peor si es extranjero) un enemigo público? ¿Serán aquellos que creen que el Estado tiene que hacerlo todo y, como no tiene con qué, prefieren que no se haga nada? O ¿Serán aquellos que alcahuetean a los actuales saqueadores para sacar tesoros antes de que el Estado tome control de la situación?
¿Por qué oponerse a que el Estado contrate a compañías expertas en exploración submarina para que busquen y rescaten aquello que de otra manera se esta pudriendo, o está siendo sustraído? Naturalmente, es un servicio por el que hay que pagar, eso no es ayuda humanitaria para el desarrollo, como quisiéramos imaginarnos en nuestra mentalidad de pobres.
Colombia no tiene experiencia en este tipo de rescates, ni decisión de adquirirla; no tiene los recursos ni la tecnología para dedicarse a la búsqueda y salvamento de especies sumergidas. Y digamos algo más: ¡Si no tenemos control sobre los límites del país, mucho menos vamos a custodiar naufragios conocidos o desconocidos en nuestros mares!
El Gobierno debería tener el carácter de iniciar con prontitud las licitaciones que sean del caso, para que sepamos cuanto antes, cuáles son los tesoros que tenemos, y cuándo se va a poner ese patrimonio a nuestra disposición y el de la humanidad entera.
Esa tarea debe hacerse acompañando a los contratistas respectivos (la Armada por supuesto), y asegurando que: (i) se garantice la reconstrucción de la historia, (ii) se implementen medidas de protección sobre los bienes patrimoniales sumergidos, (iii) se entregue lo recuperado al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC). Y, naturalmente, se le pague al que sabe, ¡que aporta la tecnología y los recursos!
Señores, no nos llamemos a engaño: Con el patrimonio sumergido no ocurre nada distinto a lo que ocurre ahora mismo, en las narices de todos nosotros, con los tesoros arqueológicos de San Agustín, Tierradentro, Alto de los Ídolos, Ciudad Perdida y demás. Existe la sospecha generalizada de que muchas de las embarcaciones hundidas en nuestros mares han sido o están siendo saqueadas hace largo tiempo, y que tales tesoros forman parte ya de colecciones privadas. Ese rumor, por supuesto, incluye al San José. Y nosotros persiguiendo pispirispis…
