El profesor Manuel Elkin Patarroyo explica, con precisión y rapidez, cómo se fabrican las vacunas sintéticas, paso a paso. Describe con exactitud el número y la localización de cada átomo, de cada proteína, que se cuentan por miles, en el genoma del parásito de la malaria, del virus causante de la hepatitis C, del virus del papiloma humano. Sabe que contiene cada uno del cúmulo de artículos y revistas científicas que tiene sobre su mesa de trabajo. Conoce al dedillo la composición de cada uno de los más de 39 mil péptidos que ha sintetizado a lo largo de su carrera como investigador. Habla con propiedad de economía, de política, de petróleo, de arte, de cualquier tema, pero frena en seco cuando trata de explicar cómo funcionan las autoridades ambientales en Colombia. No entiendo nada, confiesa. No sé si sea torpeza, ignorancia o la salida del closet de algunos enemigos gratuitos y agazapados que tengo, pero nos hacen un daño brutal. Es más sencillo formular las reglas para producir vacunas que entender el modus operandi de Corpoamazonia y el Sinchi. Llevamos tres años de parálisis y no vemos soluciones reales en el corto plazo aunque haya órdenes precisas al respecto, dice.
Un buen ejemplo del mal funcionamiento de la burocracia oficial lo dan las autoridades ambientales del Amazonas. A finales del año 2014 el Consejo de Estado le ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, fijar las condiciones para que Patarroyo pudiera utilizar nuevamente micos para la realización de pruebas biomédicas. Corpoamazonia solicitó el concepto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, que convocó un “Comité de especies Amenazadas”, subordinado al “Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien le transladan la responsabilidad por su conformación.
El resultado de las convocatorias de los comités fue un documento de 12 páginas llamado “Propuesta técnica de la cuota de aprovechamiento de Aotus vociferans”, en el que se mezclan requerimientos válidos, lógicos y necesarios con otros francamente exóticos, que son en realidad una negativa disfrazada para impedir el uso de los animales. Sí, pero no.
Los parámetros poblacionales, reproductivos y de mortalidad para las simulaciones se establecieron a partir de la información disponible en la literatura científica, con datos de colonias en cautiverio, –cuya situación de confinamiento altera su sistema inmune, reduce sus tasas de reproducción, favorece la endogamia y distorsiona los resultados– y algunos de poblaciones silvestres, especialmente de Aotus vociferans pero incluyendo otras especies del género, dice el documento.
Ni Corpoamazonia ni el Sinchi han desarrollado estudios propios y confiables que les permitan tomar decisiones ajustadas a la realidad. Todo se basa en simulaciones, hipótesis, probabilidades, presunciones y consulta de la poca información disponible. “Se asumió que la capacidad de carga para la especie en la zona del Trapecio Amazónico corresponde a las densidades poblacionales estimadas en áreas sin aprovechamiento, las cuales equivalen a 29.5 individuos por kilómetro cuadrado”. Con base en tal estimación se modificaron las áreas de colecta, con lo cual se triplicaron las distancias, el tiempo y la dificultad que los colectores deben afrontar para completar el número de micos autorizado.
El Profesor Sergio Castro es biólogo, docente y conocedor a fondo de estos asuntos; él decidió presentar un derecho de petición al Director General de Corpoamazonia, William Mauricio Rengifo Velasco, solicitando la revisión de dos de los requisitos o recomendaciones que consideró irrealizables: la práctica de pruebas de ADN in situ y la condena tácita a los animales empleados para las pruebas, sometidos a cautiverio de por vida o a ser sacrificados, y la publicación de las hojas de vida de los expertos contratados, con el fin de verificar sus competencias como primatólogos.
La respuesta de Corpoamazonia, firmada por Mauricio Valencia Sepúlveda, subdirector de Administración Ambiental, asombra por su irresponsabilidad, considerando que este organismo es la máxima autoridad ambiental en su jurisdicción: “la solicitud de modificación debe hacerse ante el Sinchi, instituto encargado de la emisión de la propuesta técnica, más no ante Corpoamazonia, aclarando que el documento de propuesta no es de carácter vinculante, por ello está supeditado hacer (sic) (¿no revisan sus escritos?) acogido o no por quien lo solicite”, es decir, Corpoamazonia. En su favor puede decirse que la sugerencia del Sinchi referente a la prohibición de liberar los especímenes sometidos a experimentación biomédica de nuevo al medio silvestre no fue acogida, ya que, como lo reconocen ellos mismos, “se tienen aproximaciones del éxito de re-incorporación (sic) a la población de los individuos que sobreviven tras la liberación”. (Sinchi, 2012). “Se asumió una población cerrada, (sin inmigración ni emigración), aun cuando es muy poco probable que la población se comporte así. Sin embargo esta aproximación genera resultados más conservadores”. Si es “poco probable” que la población se comporte así, ¿cómo pueden imponer –o sugerir– requisitos cuyos buenos resultados también podrían ser “poco probables”? ¿Se trata de experimentar, a ver si resulta? y si no resulta, ¿quién responde?
Por su parte el Sinchi, a través de su Directora, Luz Marina Mantilla Cárdenas, respondió las peticiones del biólogo, Profesor Sergio Castro, diciendo que la propuesta técnica no contiene requisitos de obligatorio cumplimiento, que ellos se limitan a enviar sugerencias. “Corpoamazonia es la máxima autoridad ambiental y es a ellos a quienes corresponde decidir si acogen o no sus recomendaciones”, dice. Es lo que coloquialmente se llama “peloteo”, una estrategia eficiente para enredar y demorar las soluciones que se requieren. ¿Cómo puede conocer Patarroyo con certeza las condiciones que debe cumplir? ¿Qué pasaría si incumplo alguna regla no suficientemente clara?, pregunta.
El Sinchi insiste en la inconveniencia de liberar los animales nuevamente en su hábitat natural: “no contemplar la liberación de individuos sometidos a experimentación biomédica de nuevo al medio silvestre”. Según se informó a Corpoamazonia, dice su directora, este requisito debe entenderse así: “Es necesario contemplar que los individuos que han sido sometidos a experimentación biomédica no retornen al medio silvestre. Por protocolos sanitarios no es recomendable devolverlos al medio”. ¿Cuáles protocolos? ¿Quién los estableció? ¿Con que criterios? “Es pertinente iniciar una investigación para desarrollar colonias que en un futuro cercano aporten primates para diversas investigaciones”. Aquí pierden los animales, los recursos que dicen proteger y los investigadores, sometidos a los dictados de unos organismos que dan órdenes confusas que ni ellos mismos saben bien como cumplir. Corpoamazonia “en cada lugar de cosecha, previo a la extracción, y de manera simultánea con la estimación de densidad, debe obtener muestras de tejido de algunos individuos para identificación molecular, (determinación del taxón a través de un análisis de ADN para corroborar la presencia de la especie permitida en el permiso”. ¿Llevarán secuenciador y equipo de PCR a la selva? ¿Podrán hacer en minutos, debajo de un árbol, lo que un laboratorio especializado, con dedicación exclusiva tardaría 10 o 12 horas en realizar? ¿Dónde piensan conectar los equipos?
Tanto el Sinchi como Corpoamazonia se negaron a publicar las hojas de vida de los expertos en primates y manejo de fauna silvestre que apoyaron el estudio porque ellos no han consentido en la revelación de sus datos personales, “por lo cual la entrega de dicha información violaría su derecho a la intimidad”. Lo que se solicitó en los derechos de petición elevados ante estos organismos no fueron sus datos personales sino la demostración de su experticia en primatología. Algunos miembros de estos comités son académicos conocidos y respetados en su ámbito, pero no son primatólogos; la precisión es importante porque son personas con el poder de definir, con base en su criterio y conocimientos, la viabilidad o parálisis de investigaciones importantes no solo para el país sino para la humanidad. Aunque son parte de la fauna silvestre, hay una distancia biológica enorme entre las mariposas, los murciélagos, los mosquitos, otros mamíferos pequeños y las ranas, por ejemplo.
Hay más que intereses ambientales en todo esto. Solamente el Sinchi obtuvo para la vigencia de 2015 $47200 millones de pesos mientras los 8280 grupos más de investigación que hay registrados ante Colciencias tuvieron que disputarse a codazos exiguos 28 mil millones de pesos, lo cual da una idea precisa de las inequidades y favoritismos con que se maneja la investigación en Colombia. Para comprobarlo basta con comparar la producción científica y el impacto de las publicaciones de cada uno de estos grupos. Algo va del estudio de las propiedades y delicias del ají amazónico a la formulación de las reglas para la producción de vacunas químicamente hechas.
Lo que sigue para Patarroyo es un pantano de idas y venidas en busca de unas reglas de juego claras y acordes con la realidad de la investigación científica en el país, por las que ninguno responde. Mientras aparecen, es oportuno recordar que cada minuto muere una persona por malaria en el mundo y 17 millones cada año por enfermedades que podrían prevenirse si tuviéramos las vacunas necesarias.
