Una de las cosas más terribles y erradas que pude haber hecho como persona en discapacidad es haber querido ser funcionario público. El pasado 7 de junio de 2016 se declaró mi incapacidad del 87.3%, o sea simple invalidez, por cáncer y deterioro físico evidente.
Claro había sido víctima de desplazamiento forzado de la zona occidente de Boyacá, donde la ley no existe. Alguna vez vi al matón más famoso dar su vacuna a las autoridades para seguir en su libertad. Me quitaron todas mis pertenencias, ropa, libros, documentos, un libro de poemas inéditos y por más requerimientos en Defensoría y en Personería se han hecho los pendejos.
Bueno, lo único que quedaba era la pensión y a pesar de haber terminado todas las diligencias —extrañamente alargadas, tengo pruebas de lentitud voluntaria— quedaba esperar al mes de junio, cuando no salí en listas de Fiduprevisora, pues corrieron a hacer una resolución aclaratoria por la tarde y justificar la mala fe de la Gobernación de Boyacá.
Sr. Presidente, Juan Manuel Santos y sra. Ministra, mantendré huelga de hambre, aunque esto traiga consecuencias terribles sobre mi mínima salud y los hago responsables. Me arrepiento de haber sido docente oficial en situación de discapacidad.
