Recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió una decisión sin antecedentes y amparando los derechos fundamentales de una familia colombiana. Sí, la familia de un miembro de la Policía Nacional de Colombia, el patrullero Fabio José Tapia Correa. Él ha sido uno de los policías que por cuenta del señor general Jorge Hernando Nieto Rojas fue retirado del servicio activo por la pérdida de cincuenta y un armas de fuego en la Escuela de Policía Antonio Nariño de la ciudad de Barranquilla.
Ha sido el abogado constitucionalista y administrativista, Daniel Santos Carrillo,el forjador con unos válidos argumentos de la decisión que han proferido los magistrados del aludido Tribunal Contencioso y en la que medios ya han dado cuenta de inocencia del policial.
La historia de estos hechos tiene dos extremos, en ambos se denota la ligereza y la pobre técnica en el campo de la investigación en estos hechos puntuales por cuenta de la Dirección General. El primer extremo, se remite a la novedad presentada el día 02/12/2016 con un armamento asignado a la Escuela de Policía Antonio Nariño, donde siendo aproximadamente las 06:40 horas, el teniente Diego Alejandro Alonso Triana, oficial de servicio en turno y jefe administrativo de la escuela informa que faltan 38 revólveres y manifiesta que dicha información fue informada por parte del Señor Intendente Jefe Domingo Alba San Juan, coordinador de armamento de la Escuela.
Este último fue quien tuvo una conversación con el señor Intendente Jefe Roger Barros Bolívar (almacenista de armamento de la MEBAR) sobre una posible pérdida de una pistola SIG SAUER de serial SPO219225 que se encontraba dentro de los inventarios de la Escuela. Además, fue quien señaló que el Alonso Triana procedió a revisar los inventarios de la Escuela en compañía del Intendente Jefe San Juan, el Agente Robinson Arzuza Avila (Control Armerillo en turno) y el patrullero Fabio Tapia Correa (control Armerillo).Todo eso, el día 30 de noviembre de 2016, donde encontraron como novedad el faltante de 38 revólveres y 13 pistolas SIG SAUER SP 2022. Por tanto, un informe de policía se hace contentivo de dicha información.
El segundo extremo, tiene como referente el núcleo familiar (esposa e hijos, entre ellos un pequeño recién nacido) del patrullero Fabio José Tapia Correa,el cual al mejor estilo de la película “Daño Colateral” termina siendo víctima debido a que la Dirección General retira fulminantemente al servidor público. Lo condenan por unos hechos que apenas se investigan y en los que aún no han vinculado a presuntos responsables. De hecho, olvidaron examinar la línea jerárquica y administrativa ligada al armamento en custodia, parecieron dejar de lado que hay un Ordenador del gasto y un Presidente de la Comisión de Armamento, también un Almacenista.
La Policía Nacional en titularidad de su Inspector General Mayor General Carlos Ramiro Mena Bravo no se detuvo en abrir una investigación disciplinaria, la cual era una obligación. ¿Hasta dónde realmente se autolimitó para presumir responsabilidades y no involucrar a toda la cadena de presuntos responsables?
Así pues, los vinculados disciplinariamente fueron: Teniente Coronel Efrain Eduardo Sánchez Ayala, Director Escuela De Policía; Mayor Oscar Mauricio Osorio Molina, Subdirector Escuela De Policía; Teniente Diego Alejandro Alonso Triana, Jefe Administrativo Escuela; Intendente Jefe Domingo Alba San Juan, Coordinador De Armamento Escuela; Subintendente Harol Miguel Viloria Palomino, Jefe De Armerillo Escuela; Patrullero Fabio José Tapia Correa, Armero Escuela De Policía; y el Dragoneante Robinson Arzuza Avila, Control Armerillo De Escuela.
Se les violaron los derechos fundamentales al Patrullero Tapia, al Teniente Alonso Triana, al Intendente Jefe San Juan, al Subintendente Viloria Palomino y al Dragoneante Arzuza Avila retirándoles discrecionalmente, al retirarlos de ese modo. De paso, atentaron contra su buen nombre y honra.
¿Pero de las armas qué?, ¿ya aparecieron? Podemos decir que la Dirección de Investigación Criminal no ha podido lograr la recuperación completa de las mismas, mucho menos la Dirección de Inteligencia Policial. Se han encontrado menos de diez armas y esto ha sido por cuenta de las patrullas del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
La ciudadanía peligra en su vida y bienes por las armas que dota el estado colombiano a sus policías. Es una equivocación garrafal el retiro de estos servidores públicos de manera ligera para poder cerrar el caso. Solo la capturas de los autores intelectuales y materiales, con la recuperación de las armas, podrían hacerlo.
Ahora bien, sumado a ese desacierto (los retiros), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha evidenciado la violación de derechos fundamentales en que incurrió la Dirección General de la Policía Nacional y en que se hicieron víctimas, la familia de Tapia Correa.
Ya le corresponderá al Patrullero Tapia Correa sortear cualquier posición que constituya conductas de acoso laboral por sus superiores, ya que los reintegros no son vistos con buenos ojos en la institución policial como lo ha dado a conocer el Coronel Pedro María Leín Valenzuela, también reintegrado en otro caso de relevancia nacional. Le corresponderá a la Dirección General encaminar esfuerzos para la recuperación de dicho armamento y no encaminarlos para que el amparo brindado por el alto Tribunal sea declinado en el Consejo de Estado, ya que una familia ha sido protegida.
La decisión puede ser consultada bajo la referencia: 25000-23-36-000-2017-00496, Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, del seis (6) de abril 2017 – Magistrado José Elver Muñoz Barrera
