Pareciese que después de más de sesenta años de conflicto armado y de estar impregnados de la violencia, firmar un acuerdo para terminar el conflicto y alcanzar la paz definitiva, cesando así toda forma de acciones violentas contra la población civil y la infraestructura económica estatal, no ha sido suficiente razón para abandonar esa cultura del odio, exclusión y hacer tránsito hacia la reconciliación y la convivencia pacífica, articulada a elementos tan importantes como el perdón y el reconocimiento de derechos como la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición del conflicto.
En una cultura donde se promueve la violencia y la exclusión como parte de la cotidianidad, las siguientes son muestras del alto grado de intolerancia ciudadana existente: el asesinato de hinchas de fútbol por el solo hecho de portar símbolos de su equipo favorito; los altos índices de feminicidios (en lo que va corrido del año 2017 sobrepasan la cifra de 215 mujeres); así como los casos de violencia sexual en contra de menores de edad (según Medicina Legal en este año han atendido más de 4.300 casos en todo el país); la discriminación y violencia por razones de orientación sexual de la comunidad LGTBI; acciones violatorias a los derechos humanos; las permanentes denuncias en contra de individuos que maltratan animales.
A estos comportamientos debemos agregar la actitud de representantes de la institucionalidad política de nuestro país y de algunos ciudadanos, rechazando o descalificando la presencia de voceros de las Farc en recintos públicos, ejerciendo su labor pedagógica de explicar los alcances en la implementación de los acuerdos y su reinserción a la vida civil, en una clara actitud discriminatoria y revanchista contra quienes le apuestan a la paz y al ejercicio de la política sin armas.
¿Por qué insistir en el flagelo de la guerra que ha provocado graves consecuencias en el desarrollo social y cultura de la población, argumentando una falsa debilidad, impunidad y entrega política del gobierno a las Farc, en un momento en el que podemos avanzar por el camino de la reconciliación? Lo anterior, implementando cambios profundos que fortalezcan la democracia participativa y le den atención a las demandas de la población que reclama mayor inversión del estado para solucionar las profundas desigualdades sociales y superar los índices de pobreza, avanzando hacia la construcción de un país más justo, con mejor calidad de vida.
Estas actitudes discriminatorias que atentan contra la dignidad de las personas destruyen los fundamentos de una sociedad basada en el respeto y la tolerancia, que permita la inclusión política, para que en ese escenario, los voceros de las Farc expongan sus tesis y propuestas políticas y que sean los ciudadanos, en un proceso de tolerancia y de respeto por las opiniones expresadas, quienes tomen la decisión en un proceso democrático de acompañarlos o no en su proyecto político.
Es necesario que pasemos esta trágica pagina de la historia violenta de nuestro país, promoviendo iniciativas para sensibilizar, construir actitudes y relaciones de respeto hacia quienes piensan distinto. Siempre, creando un clima de tolerancia en la diversidad y el pluralismo político como un compromiso de quienes consideramos que la vía del diálogo y la reconciliación es la mejor opción para hacer de la convivencia y la tolerancia las bases de una nueva cultura ciudadana. La inclusión nos acerca a una mayor convivencia pacífica y de respeto por los derechos humanos y a la construcción, en la diferencia, de un país comprometido con la dignidad humana, como salida a nuestra terrible enfermedad bélica que hoy nos domina.
