La próxima semana se define el futuro de un proyecto de ley que lleva varios años dando vueltas en el Congreso. Parece una “papa caliente” y todo parece indicar que ahora le corresponderá al gobierno asumir un altísimo costo político frente a uno de los temas que más sensibilidad levanta entre los colombianos: pensiones. El próximo martes una Comisión de conciliación integrada por representantes y senadores acordará el texto definitivo del proyecto de ley que busca reducir del 12% al 4% el aporte a salud de los pensionados. Sobre la mesa están todos los elementos para politizar esa discusión: un año preelectoral, varios proyectos sobre la misma materia hundidos, promesa reeleccionista en 2014, un millón de pensionados a la espera de una última decisión y una objeción por inconveniencia e inconstitucionalidad ya cantada por el gobierno. Algo de película en nuestra realidad política.
La Cámara y el Senado no coincidieron en los pensionados que se podrían ver favorecidos. La Cámara se fue por todos mientras que el Senado lo limitó a aquellos cuya mesada no fuera superior a cuatro salarios mínimos, es decir, casi el 90% de los pensionados del país. Un millón de colombianos que podrían ver un incremento notable en su mesada. Los conciliadores deberán acordar un único texto que será votado posteriormente en plenaria de Cámara y Senado. Por cuestiones de táctica política y constitucional lo más adecuado es adoptar el texto que fue aprobado en Cámara; el de Senado podría estar viciado por vulnerar el principio de igualdad al excluir a un porcentaje de pensionados sin razón aparente y ante la objeción anunciada lo mejor es acordar el texto más favorable para todos los colombianos. Luego de ser aprobado en plenarias el proyecto pasará a confirmar la anunciada “objeción” presidencial.
Con seguridad las objeciones van a apelar al impacto fiscal. El Ministerio de Hacienda alega un costo superior a los 2,4 billones de pesos. Mucho para un gobierno que en reiteradas ocasiones ha alegado no tener plata. El proyecto también podría se objetado por inconstitucionalidad argumentando un supuesto carácter regresivo al no tener presente la sostenibilidad fiscal que desde 2005 se convirtió en un criterio constitucional para la expedición de leyes en materia pensional. Luego de ser objetado el articulado volvería al Congreso para que resuelva la inconveniencia y eventualmente sería enviado a la Corte Constitucional para que resuelva la inconstitucionalidad. De ser declarada ajustada a la Constitución Santos no tendrá más opción que firmar y la Ley entraría en vigencia. En este caso, ¿e habrá cumplido a los pensionados?
